Junts obliga al Gobierno a aplazar un año la entrada en vigor de Verifactu

El Gobierno ha dado marcha atrás y retrasará un año la entrada en vigor de Verifactu –el nuevo sistema de verificación de facturas de Hacienda– tras las críticas de empresas y autónomos, que alertaban de que el tejido productivo no estaba preparado para asumir el cambio. La obligación no será efectiva hasta el 1 de enero de 2027 para las compañías que tributan en el Impuesto sobre Sociedades y hasta el 1 de julio de ese año para autónomos y el resto de negocios.

Creado para reforzar la trazabilidad de las operaciones y evitar manipulaciones en los registros de facturación, el reglamento obliga a empresas y autónomos a que sus programas informáticos generen un registro inalterable de cada factura, con un código identificador único y un código QR, que debe mantenerse accesible para la Agencia Tributaria. Esa información podrá remitirse directamente a la AEAT o conservarse en condiciones de seguridad, sin posibilidad de modificación o borrado.

La obligación afecta a todos los profesionales y empresas que utilicen software de facturación integrado, es decir, programas que no solo emiten facturas, sino que también generan libros de IVA, IRPF o contabilidad a partir de esos datos. Quedan excluidos quienes facturan mediante sistemas simples –papel, talonarios, procesadores de texto u hojas de cálculo sin automatización– así como los contribuyentes adscritos al Suministro Inmediato de Información (SII) y los residentes en País Vasco y Navarra, que aplican sus propias normativas forales.

El sistema había generado una gran incertidumbre entre empresas, asesorías y autónomos. Según un estudio elaborado por la firma de software AIG, dos de cada tres pymes y trabajadores por cuenta propia (69,2 %) desconocen en qué consiste Verifactu, y ocho de cada diez no saben diferenciarlo de la futura factura electrónica. Solo un 7,8 % ha realizado pruebas de adaptación, un nivel de preparación muy bajo para un cambio que afecta de lleno al 99,8 % del tejido empresarial, compuesto mayoritariamente por compañías sin asalariados.

A ello se suma el gasto añadido. Fuentes del sector apuntan a que las soluciones disponibles en el mercado tienen un coste de entre 500 y 600 euros anuales, con casos que superan los 2.000 en función del número de empleados y licencias. En sectores especialmente sensibles, como la hostelería y el comercio minorista, el impacto económico podía superar los 750 millones de euros, según cálculos basados en el informe UVE Data Market Horeca 2024.

Asesorías fiscales y colegios profesionales también habían alertado de que la implantación acelerada podía generar un «cuello de botella» debido tanto a la falta de información como a la capacidad limitada de muchas empresas para migrar a tiempo a un software certificado. Las organizaciones coincidían en que la obligación llegaba demasiado rápido para un tejido productivo donde, en muchos casos, aún se continúa gestionando la facturación con hojas de cálculo o incluso en papel.

Presión de Junts

La decisión del Gobierno ha sido recibida con alivio por parte del tejido empresarial. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha celebrado la rectificación sobre un asunto para el que venían reclamando una moratoria desde finales de octubre. «La prórroga de la entrada en vigor de Verifactu es un alivio para los autónomos en un momento donde cada día tenemos más trabas», ha señalado.

Según el presidente de la patronal de autónomos, la próxima implantación del sistema «estaba generando mucha incertidumbre y malestar entre los autónomos». Amor también ha revelado que «la presión ejercida» por Junts ha sido clave para que el Gobierno tomara la decisión de aplazar la entrada en vigor de Verifactu.