Así justificó el Gobierno el rescate de la aerolínea Plus Ultra

El rescate de Plus Ultra, aprobado en 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, regresa a la primera línea política. Lo hace en un contexto en el que declaraciones pasadas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de la entonces ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, se reinterpretan a la luz de nuevas informaciones y de las dudas planteadas por los tribunales.

En su momento, Sánchez defendió que el Ejecutivo actuó siempre bajo criterios técnicos, sanitarios y legales, en plena crisis derivada del COVID-19. En uno de sus discursos, aseguró: «Somos un Gobierno que cumple con la ley, que es transparente y que es escrupuloso en todo lo que tiene que ver con la acción y el desembolso de recursos públicos». Según su argumento, todas las decisiones adoptadas —incluido el rescate a la aerolínea— se apoyaban en informes y herramientas jurídicas suficientes para garantizar su legalidad.

El presidente insistió además en que el Gobierno actuó en un marco excepcional, marcado por la presión hospitalaria, la vacunación y las restricciones de derechos fundamentales durante la pandemia. Para justificar decisiones controvertidas, como el rescate, Sánchez recordó que «las comunidades autónomas tienen suficientes instrumentos jurídicos» y que el Ejecutivo buscaba estabilidad y continuidad en un momento crítico para sectores estratégicos.

Por su parte, María Jesús Montero reforzó esa línea argumental, negando cualquier opacidad en el proceso. En sede parlamentaria afirmó que los expedientes vinculados a Plus Ultra «fueron remitidos al juzgado cuando fueron requeridos» y auditados por organismos como la Intervención General y el Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la oposición y diversos actores jurídicos han puesto en duda no solo el carácter estratégico de la aerolínea, sino también la proporcionalidad del rescate y la documentación presentada para justificarlo.