La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa
Tribunales
La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de la 'fontanera' del PSOE, el socio de Cerdán y el expresidente de la SEPI
Los tres imputados están siendo investigados por, presuntamente, formar parte de una trama que cobró 'mordidas' de 700.000 euros en comisiones a cambio de contratos públicos
El magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha ratificado la decisión tomada estando de guardia por su compañero de planta, el juez instructor del número 6 Antonio Piña, para bloquear cuentas bancarias de la denominada 'fontanera' del PSOE Leire Díez, del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso, al que se considera socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, en el marco de la investigación sobre la presunta trama de la que formaron parte para el cobro de 'mordidas' a cambio de ayudas y contratos públicos, adjudicados de manera fraudulenta.
Cabe recordar que los tres afectados por el embargo provisional –Díez, Fernández y Alonso– fueron detenidos hace unas semanas, en el marco de una serie de registros policiales realizados por su presunta participación en una trama que habría cobrado 700.000 euros en comisiones irregulares «implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI», hasta en cinco operaciones distintas.
En la causa, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, de la que es titular Alejandro Luzón, se investigan varios delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
No en vano, según las indagaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, yodos ellos habrían actuado de forma coordinada, dentro de un grupo autodenominado «Hirurok», con el objetivo «de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones» a través de «contratación y facturación mendaz», canalizando los fondos principalmente mediante la mercantil Mediaciones Martínez, según el auto dictado por el magistrado Piña, al inicio de la investigación.
De manera preliminar, los investigadores sospechan que la metodología se orientó a alterar «diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública». Una actividad que habrían mantenido activa, «al menos entre 2021 y 2023» y que se habría extendido por «distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias administraciones públicas».
Para lograr el buen fin de sus prácticas habrían adoptado, además, medidas de seguridad para garantizar «la más discreción y confidencialidad de sus actuaciones» en las que pudieron verse implicados «diferentes cargos públicos» y empresas participadas o, de algún modo, dependientes de la SEPI, de la que Fernández fue presidente entre junio de 2018 y octubre de 2019.
El juez Piña dejó en libertad a los tres detenidos, tras tomarles declaración, pero les impuso como restricciones cautelares la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial. Una serie de garantías provisionales a las que ahora se añade la intervención de los fondos de que disponen en diferentes cuentas bancarias mientras están siendo analizadas.
