El primer reto para la Justicia en el Año Nuevo: salvar el colapso de los tribunales de instancia impuestos por Bolaños

Una vez más, una decisión política, traducida en ley, sin contar con el respaldo de los profesionales de la Justicia, tendrá consecuencias nefastas para los ciudadanos en los próximos meses. La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia, la reforma impulsada por el Gobierno, a finales del pasado año, vetada por el Partido Popular en el Senado, por la que se reconformó el sistema de tribunales de instancia y se impuso como prioritario y adecuado el nuevo método de solución de controversias (MASC) ha llevado a los jueces y magistrados españoles a denunciar en numerosas ocasiones el «colapso» al que podrían enfrentarse en 2026 si no se aplican correcciones importantes y no se dota a la Administración de los recursos humanos y económicos necesarios, misión imposible sin Presupuestos presentados en un nuevo incumplimiento del mandato constitucional que obliga al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así las cosas, lejos del «triunfalismo» y de las «mentiras» del ministro del ramo, Félix Bolaños, sobre la implantación del nuevo modelo judicial de acuerdo a un calendario de despliegue inamovible pese a los problemas que se arrastran desde las dos fases anteriores, «desoyendo» a la Magistratura, ha llevado a las asociaciones judiciales a criticar con dureza el relato oficial.

Ni rastro de las mejoras objetivas prometidas por Justicia sobre el refuerzo real del personal disponible, sin protocolos claros y sin coordinación eficaz entre las diferentes unidades y, muy al contrario, más carga de trabajo para un sistema que, por sí mismo, ya no contaba con los elementos necesarios para garantizar un derecho fundamental reconocido a todos los ciudadanos que están viendo cómo en no pocos casos, las vistas se están señalando para 2029.,

La Ley cambia el nombre de las cosas, aumenta la carga de trabajo sin dotación presupuestaria y sin medios materiales y personales

Bolaños defiende que desde la puesta en marcha de los MASC se ha experimentado una reducción de las demandas y los pleitos civiles, pero lo cierto es que los expertos consideran que en realidad se trata de un espejismo: no sólo retrasa la entrada de los asuntos a los juzgados, sin resolverlos, sino que, además, implica la introducción de un «trámite previo» a la litigiosidad que dilata «todavía más en el tiempo» la solución de los procedimientos.

«Era evidente que el caos producido por la combinación de los nefastos MASC y los Tribunales de Instancia, iba a producir una paralización de la entrada de asuntos y de la tramitación de los mismos (...) Es como si se incendia el edificio en que se asientan unos juzgados y se dice que es un éxito la bajada de la pendencia de los procesos... destruidos bajo el fuego», lamenta el magistrado Luis Sanz.

En la misma línea, se ha mostrado extremadamente dura la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) que ha calificado de «improvisación» la puesta en marcha del nuevo modelo, pese a las peticiones de retrasarlo que han formulado tanto audiencias provinciales de toda España, como la propia Audiencia Nacional que asumirá, desde este mismo viernes, las competencias del recién creado Tribunal Central de Instancia. Una «moratoria» que, sin embargo, ha caído en saco roto en la cartera de Justicia que sigue adelante con el plan previsto sin intención de «rectificar», pese a los esfuerzos del sector, como ha puesto en evidencia la magistrada y portavoz de la entidad profesional, Marien Ortega.

Lo único cierto hasta la fecha es que los juzgados se han visto saturados por la llegada de los expedientes que se hacinan en los pasillos en cajas, completamente desorganizadas y bajo el riesgo permanente de perderse o dañarse. Un error cuyas consecuencias «pagaremos todos los ciudadanos», fruto de una Ley «hecha por quienes no han pisado un juzgado en su vida», alerta el juez @iuristoteles en su perfil de la red social X. Una advertencia que lleva meses poniendo en valor con diferentes análisis, hilos y explicaciones gráficas de los errores más graves de la modificación normativa.

Hasta tal punto, que son muchos los antes de la implantación de la Fase III del modelo exigen la derogación de una ley «improvisada», a costa de la «tutela judicial efectiva». «La peor reforma judicial» ejecutada por un Gobierno «en las últimas décadas», aseguran jueces y magistrados que, metidos en faena, no disponen aún de «directrices claras», «sin saber qué Letrados de la Administración de Justicia» quedarán a disposición de cada juez, en qué despacho trabajará cada uno; y, lo que es peor, con «expedientes trasladados» entre juzgados «sin ningún tipo de seguridad y control».

Por no hablar de cómo para el Gobierno lo único que parece importante es «rebajar el número de pleitos, independientemente de si ello supone o no resolver los problemas de la gente», afea el magistrado Fernando Portillo para quien «cuando apuntas a las cifras como un éxito en sí mismo está claro qué es lo que pretendes (...) Habrá menos pleitos, claro, pero más injusticia».