Bolaños se enfrenta a otro annus horribilis con sus modificaciones judiciales paralizadas en el Congreso

«Blindar» tanto a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno frente a la investigación judicial en su contra, como comprar «el voto» de Junts para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, a cambio de interferir en la independencia del Poder Judicial, como exigen todos los organismos europeos a España, desde hace años. El propósito del Gobierno, convertido en estrepitoso fracaso en 2025, pasará este 2026 por retomar sus dos leyes estrella en sede parlamentaria, pese a que la aritmética juega en su contra.

La apuesta personal de Félix Bolaños, titular de la cartera de Justicia, por la que aspiraba en primer lugar a infiltrar más de mil jueces y fiscales en el sistema, sin oposición; y, en segundo término, con la que pretendía entregar la instrucción de las causas penales, también las de la familia y el partido de Pedro Sánchez, a la Fiscalía, se despeñaba en el Congreso donde quedaba neutralizada en un annus horribilis para el ministro que, la pasada primavera, calificaba de modificaciones «absolutamente imprescindibles» las propuestas normativas del Ejecutivo socialista, en materia de Justicia.

No en vano, Bolaños tenía que enfrentarse al multitudinario seguimiento de una huelga de tres días, convocada a principios del verano por las principales asociaciones de jueces y fiscales para protestar contra el manoseo político de la independencia judicial.

Al Ejecutivo no le ha quedaba, entonces, más remedio que reconocer que las medidas proyectadas en Justicia, sin el consenso de la mayoría de los operadores del sector, seguirían en barbecho durante la legislatura aunque, desde las filas socialistas, asegurasen que tarde o temprano acabarán por «salir adelante». Una amenaza que podría convertirse, este Año Nuevo, en toda una declaración de intenciones de un Gobierno que considera que, aún sin presupuestos, ni mayoría parlamentaria, «se pueden hacer muchas cosas sin pasar por el Congreso».

Sin embargo, así las cosas, Bolaños corre el riesgo de que sus imposiciones le jueguen una mala pasada, a la hora de bajarlas del papel al terreno de la realidad, como ya ha sucedido en el caso de la Ley de Eficiencia que, en su III fase del Plan de implementación, ha obligado al sector a exigir su derogación bajo la alerta de que, en caso de continuar, los tribunales de instancia se enfrentan al «colapso».

De hecho, tanto en las últimas horas del recién terminado 2025, como en las primeras de este 2026, se ha puesto en evidencia cómo la huida hacia adelante del ministro de Justicia ha quedado traducida en el traslado de expedientes sin control entre juzgados, apilados en cajas, pasillos y hasta en el suelo; magistrados que, en el primer día de la entrada en vigor, desconocían dónde y cómo iban a poder prestar sus funciones o cuántos letrados tendrán asignados; y, a cambio, miles de procedimientos que, dilatados por la obligatoriedad de los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) han quedado señalados, con suerte, para 2029.