Aldama admite pagos a la trama de Ábalos para amañar contratos públicos y alega que se sentía extorsionado

Una vez arrancad el año 2026, en el Supremo se han acelerado los acontecimientos en la derivada de la causa mascarillas, despiece del 'caso PSOE', en la que serán juzgados tanto el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, como su ex asesor Koldo García Izaguirre y el empresario Víctor de Aldama, propietario de la empresa Soluciones de Gestión, a la que el Gobierno de Pedro Sánchez compró el material sanitario en pandemia, y principal comisionista de la trama. Este último ha presentado hoy su escrito de defensa provisional en el que, por primera vez reconoce, formalmente, haber efectuado pagos a modo de 'mordidas' al ex secretario de Organización de los socialistas a cambio de sus gestiones en favor del rescate de Air Europa y la concesión de licencias de hidrocarburos a la mercantil Villafuel.

Así las cosas, en el documento de 27 páginas al que ha tenido acceso El Debate, entregado al magistrado instructor Leopoldo Puente, por la defensa de Aldama, y en el marco de los hechos objeto de investigación, «pronto vieron los investigados», en referencia a Ábalos y Koldo, «la oportunidad de obtener un común beneficio económico» de la situación de pandemia".

«Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el partido socialista, este podría favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas», aseguran los abogados del empresario acusado, para el que Anticorrupción pide siete años de prisión.

De hecho, la representación jurídica de Aldama manifiesta su «conformidad», casi por completo, al escrito de acusación presentado por el Ministerio Público tras la apertura de la fase de juicio oral, decretada por el juez Puente, y que sentará en el banquillo a los tres acusados, en unas semanas, ante la Sala Segunda del Alto Tribunal.

Cabe recordar, llegados a este punto que, hasta el momento Aldama ha venido asumiendo una posición colaboradora con el Ministerio Público, aportando datos y documentos sobre la «organización criminal» que salpica al entorno político más directo de Sánchez, y que le valió la salida de prisión provisional, inicialmente decretada contra él, en la causa de hidrocarburos, instruida por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

En un nuevo intento por reducir «en un grado adicional» las penas a las que se enfrenta, en caso de ser condenado, Aldama se ha declarado responsable de los delitos de organización criminal, otro continuado de cohecho pasivo y un tercero de aprovechamiento de información privilegiada, reiterando su plena y «proactiva» colaboración con la Justicia. Sus abogados han insistido en que la «confesión» ha de ser considerada como una «atenuante muy cualificada» según los criterios establecidos en el artículo 66.1. 2ª del Código Penal.

«Aldama inició un comportamiento de colaboración proactiva con la Justicia, en una fecha temprana, lo que ha permitido impulsar y ampliar la investigación», ha proclamado su defensa. Una voluntad de cooperar que «se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales confesando los hechos criminales en los que había participado el mismo, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados».

Jessica y Claudia como testigos

La representación jurídica de Aldama también ha pedido que comparezcan en el juicio, como testigos, dos de los empresarios del caso PSOE: Juan Carlos Cueto y Claudio Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala como supuesto cabecilla en la presunta trama de hidrocarburos relacionada con la empresa Villafuel.

Además, ha instado la testifical de varias personas del entorno familiar y personal tanto de Ábalos, como de Koldo. Por parte del exministro, ha solicitado que declare su hijo mayor, Víctor, presunto testaferro del ex ministro; su ex amante, Jéssica Rodríguez; y, la ex miss Asturias, Claudia Montes, con quien presuntamente también habría mantenido una relación sentimental. Respecto a Koldo se ha apuntado a la citación tanto de su mujer como de su hermano, Joseba.

El empresario zamorano ha incluido, de igual manera, en la lista de posibles testigos a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, imputada en la pieza central de la misma causa, así como al presidente de Correos y ex secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan los misma pena que el Ministerio Público.