La fiscal general justifica que García Ortiz no pierda la condición de fiscal porque su condena no conlleva prisión

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, está determinada a mirar al presente y al futuro durante su mandato y dejar atrás, cuanto antes, los escándalos protagonizados por su antecesor en el cargo, el inhabilitado Álvaro García Ortiz. Sin embargo, y según ha podido saber El Debate, en primicia, Peramato ha dado luz verde a que la condena impuesta a García Ortiz, por el Supremo, quede exclusivamente circunscrita a la inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo, pero no añada la pérdida de su condición de fiscal en ejercicio, dado que la sentencia del Supremo no contempló para él ninguna pena de prisión.

Cabe recordar cómo el Alto Tribunal le condenó como autor de un delito de revelación de datos reservados, previsto en el artículo 417.1 del Código Penal como único responsable de la nota de prensa que filtró datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, investigado por un presunto doble delito tributario. Los siete magistrados, por cinco votos frente a dos, declararon la culpabilidad de García Ortiz, en un fallo adelantado de la sentencia que le impuso una pena de multa de 7.200 euros y dos años de prohibición como máximo titular del Ministerio Público. Para resarcir a la pareja de la presidenta de Madrid, por los daños morales causados, García Ortiz asumió el pago de los 10.000 euros impuestos por la Sala Segunda del TS.

Así las cosas, son varias la fuentes consultadas por este diario, que apuntan que la actual titular del Ministerio Público ya habría firmado el decreto de la Inspección Fiscal, por el que se acuerda mantiene la carrera profesional de García Ortiz, evitando su expulsión y utilizando, para ello, la previsión recogida en el artículo 379.1.d de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por analogía. El citado texto regula la suspensión absoluta e indefinida de los jueces y magistrados, en aquellos supuestos en los que la comisión de un delito doloso conlleve aparejado como castigo la privación de libertad.

Y, ello, a sabiendas de que la misma Fiscalía descartó el cese o la renuncia de García Ortiz, una vez fue formalmente procesado, en base a lo previsto para los jueces, dado que el escenario no se regula, expresamente, en el Estatuto Orgánico de los fiscales (EOMF).

De hecho, en el caso del ex fiscal general del Estado, en su momento, se rechazó la posibilidad de hacer una interpretación extensiva de la LOPJ para completar la normativa interna porque, de acuerdo con la versión prestada tanto desde el Gobierno, como desde el entorno de García Ortiz, el estatus de éste no era equiparable, ni con un juez, ni con el de un fiscal ordinario dado que el cargo se presta en una suerte de comisión de servicio especial para la Institución.

Primeros encuentros protocolarios

Por otra parte, en los últimos días, Teresa Peramato ha mantenido una serie de encuentros con los presidentes y portavoces de las principales asociaciones fiscales, tras su incorporación al cargo. Unas reuniones en las que los representantes de la Asociación mayoritaria (AF), Cristina Dexeus, y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, instaron a la nueva titular de la Fiscalía a trabajar intensamente para «despolitizar» la Justicia española y conceder «mayor autonomía» y un «presupuesto propio».

Desde las entidades asociativas se ha reclamado «la máxima transparencia» en las actuaciones de la Fiscalía General, explicaba a este diario Dexeus, quien insistió en la necesidad de revertir el daño provocado en etapas anteriores, «garantizando la neutralidad e imparcialidad» institucional. «Este nuevo mandato tiene que servir para reflexionar sobre todo lo sucedido, los déficits internos, las lecciones contenidas en la sentencia del Supremo y la falta de contrapesos reales a la figura del fiscal general», interesaba la interlocutora de la AF.

Los fiscales han exigido a Peramato que se retire la Reforma de su Estatuto, presentada por el ministro de Justicia Félix Bolaños y que se encuentra paralizada por la falta de apoyos parlamentarios al Gobierno, que no puede aprobarla en solitario. De hecho, la huelga general de la Carrera Fiscal convocada en julio de 2025, en consonancia con la Magistratura, protestaba por la imposición de una nueva regulación en la que su opinión no fue tenida en cuenta.

«Es imposible plantear que en dos años la instrucción se habrá traspasado a los fiscales si antes no se producen cambios de funcionamiento y organigrama, como la eliminación de la discrecionalidad de los jefes, en la asignación de los asuntos a investigar; la plena seguridad de inviolabilidad e independencia del fiscal investigador; o, la enumeración explícita en el texto legal de las causas tasadas, por ejemplo, para su recusación», han expuesto los representantes asociativos de los fiscales a su máxima superior jerárquica.