Puente autorizó una ampliación de 6,2 millones sin justificar para las obras de la zona del accidente que benefició a una empresa de la trama

Óscar Puente, ministro de Transportes, aprobó una ampliación de 5,2 millones de euros que no estaba prevista para la obra ferroviaria donde se ha producido el accidente en Adamuz (Córdoba). La documentación a la que ha accedido El Debate acredita que este aumento presupuestario, que fue aprobado sin justificación, se produjo apenas diez meses antes de la tragedia a pesar de que el contrato original establecía por escrito que no se contemplaban modificaciones.

Adif, dependiente del Ministerio de Transportes, adjudicó estas obras el 28 de abril de 2022 por un importe de 52,5 millones de euros a una UTE integrada por Ferrovial, FCC, OHLA y Azvi, que figura entre las constructoras que está siendo investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el pago de comisiones ilegales. El contrato fue concebido como una obra cerrada, ya que el propio expediente señalaba expresamente que no estaban previstas modificaciones y el pliego fijaba el importe máximo para ampliaciones en cero euros.

Sin embargo, esa condición se acabó incumpliendo. El 3 de marzo de 2025, Transportes aprobó una modificación por importe de 5,2 millones de euros y una ampliación del plazo de ejecución de doce meses, elevando el coste total de la obra hasta los 58,7 millones de euros, según consta en el expediente de contratación. La ampliación se autorizó sin que se hiciera pública ninguna justificación técnica que explicara qué imprevistos obligaron a alterar un contrato que, sobre el papel, no debía modificarse. Esta decisión cobra especial relevancia a la luz del accidente ferroviario ocurrido en el entorno de Adamuz, en la provincia de Córdoba, en el que un tren de alta velocidad descarriló y afectó a otro convoy que circulaba por una vía contigua. El siniestro ha causado 150 heridos y por el momento 41 fallecidos. Las primeras investigaciones técnicas apuntan a un fallo en los desvíos o en una soldadura del carril.

De acuerdo con los pliegos del contrato, el Puesto de Banalización de Adamuz formaba parte del ámbito operativo de las obras, lo que sitúa la denominada «zona cero» del accidente dentro del ecosistema técnico del proyecto ejecutado por la UTE. Pese a ello, en la documentación pública del modificado no se detalla qué actuaciones concretas se vieron afectadas por la ampliación ni si estas tenían relación directa con elementos críticos de la infraestructura, como aparatos de vía, desvíos o soldaduras. El incremento presupuestario se quedó, además, por debajo del umbral del 20 % del precio de adjudicación. Este dato es clave, ya que superar ese porcentaje habría obligado a recabar autorización de Transportes correspondiente y a solicitar un dictamen del Consejo de Estado. La ampliación aprobada, del 12 %, evitó ese control reforzado, aunque no eximía a la Administración de justificar de manera detallada las razones del modificado, algo que hasta ahora no ha hecho públicamente.

Uno de los elementos que añade presión política al expediente es la presencia en la UTE de Azvi, una de las constructoras que está siendo investigada por la Guardia Civil en el marco de la conocida como trama Koldo. Según las investigaciones judiciales, Azvi tuvo en nómina entre 2023 y 2024 a Koldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, coincidiendo con el periodo clave de ejecución de las obras en Adamuz.

Las grabaciones intervenidas por la UCO reflejan conversaciones en las que Koldo García valoraba incluso la emisión de facturas sin contrato formal que justificara los servicios prestados. Aunque el sumario no vincula de forma directa esos pagos con el contrato de Adamuz, la coincidencia temporal entre la asesoría del ex alto cargo socialista y la ejecución de una de las obras ferroviarias más relevantes sitúa a Azvi en el centro de la investigación. La propia empresa ha negado reiteradamente haber pagado comisiones o haber obtenido contratos de obra pública mediante prácticas ilícitas. No obstante, su nombre figura entre las constructoras señaladas por el empresario Víctor de Aldama en sus declaraciones ante el Tribunal Supremo, donde aseguró que varias compañías abonaron mordidas a cambio de adjudicaciones durante la etapa de Ábalos al frente de Transportes.