El polvorín ferroviario le estalla al Gobierno después de cuatro días de caos y evasivas

En el Gobierno querían al principal partido de la oposición callado. Sin embargo, la decisión del PP de empezar a pedir explicaciones y responsabilidades -que no dimisiones aún- después de que la red ferroviaria española registrara tres accidentes en apenas 48 horas, con 46 muertos, activó a sus terminales.

La televisión pública y los medios de comunicación más cercanos al Ejecutivo amanecieron este jueves, último día de luto oficial, recriminando al PP la ruptura de una tregua política que, desde el principio, se adivinó demasiado débil como para sobrevivir al paso de los días y del avance de las investigaciones.

Poco después, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, afirmó en Onda Madrid: «Lo que no puede ser es que impere la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades o a querer saber qué ha sucedido. Queremos saber, debemos saber qué ha pasado con este accidente. Enfrente lo que tenemos es un Gobierno que no invierte, que solo está entregado a ser un rodillo para el independentismo vasco y catalán. Un Gobierno sometido a ese chantaje, desinvirtiendo en el resto de España para comprar y blanquear a ese independentismo».

A última hora de la mañana, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, anunció la petición urgente de comparecencia de Pedro Sánchez en un Pleno extraordinario la próxima semana, así como las del ministro de Transportes y el presidente de Adif. «Pedir transparencia, pedir información, pedir explicaciones no es atacar políticamente, es hacer nuestro trabajo. No es solo nuestra responsabilidad, es nuestra obligación. Los españoles tienen muchas preguntas y es obligación de la oposición que tengan respuesta si el Gobierno no se las da», señaló. Casi en paralelo se conoció un cuarto accidente: el choque de un tren con un camión grúa en Cartagena que deja, de momento, seis heridos.

Y ello en la segunda jornada con los Rodalies paralizados en Cataluña, puesto que los maquinistas se niegan a volver a sus puestos mientras su seguridad y la de los pasajeros no esté garantizada. Y con la alta velocidad entre Madrid y Andalucía suspendida hasta el 2 de febrero. Y con, aún, limitaciones de velocidad en varios tramos en revisión.

En la Moncloa niegan que fuese el PSOE el que rompió la tregua política en los casos de la dana y de los incendios. Fue, según ellos, porque «el PP atacó al Gobierno desde sus comunidades autónomas (en alusión a la Comunidad Valenciana y Castilla y León)» y ahí se torció todo. Eso y Paiporta, que marcó «un antes y un después», añaden.

La cronología

El martes, los populares se revolvieron por primera vez cuando escucharon a la portavoz del Gobierno presumir en rueda de prensa desde la Moncloa de estar «compartiendo en tiempo real» con la sociedad y con los partidos políticos. Cuando, en realidad, todo lo que había habido era un mensaje del jefe de Gabinete del presidente a la jefa de Gabinete de Alberto Núñez Feijóo la tarde antes para darle las gracias por la contención de las declaraciones de este último desde Adamuz. «El Gobierno está manipulando», advirtieron en Génova 13.

Pero el punto de inflexión fue lo ocurrido la noche del martes en Barcelona, con el colapso de un muro de contención que cayó sobre un tren de Rodalies y provocó la muerte de un maquinista en prácticas y 34 heridos. Unas horas antes, Adif había ordenado reducir a 160 kilómetros por hora la velocidad en un tramo de la línea Madrid-Barcelona en el que los conductores venían reportando incidencias. Lo hizo sin dar mayores explicaciones. Esa misma noche, Feijóo escribió en X: «Esto es demasiado».

A la mañana siguiente, el PP convocó una rueda de prensa del vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, para pedir una auditoría sobre la red ferroviaria y quejarse de las respuestas «contradictorias» de un Gobierno «desbordado». Pero el PP siguió sin registrar ninguna petición de comparecencia en el Congreso, como sí hizo el PSOE en Andalucía. El grupo parlamentario socialista en el Parlamento andaluz pidió el miércoles la comparecencia del consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y éste cogió rápidamente el guante y esa misma tarde registró una solicitud para comparecer motu proprio. Será el jueves próximo, 29 de enero.

Y como también hizo el martes Vox, que solicitó las del ministro de Transportes y los presidentes de Adif y Renfe. De hecho, Santiago Abascal ya fue muy crítico la noche del accidente de Adamuz: «Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo. El colapso de un gobierno mafioso está amenazando de colapso a todo el Estado tanto a nivel nacional como internacional. Punto», escribió en X. Este jueves, Vox presentó una querella ante el Juzgado de Instrucción de Montoro (Córdoba) contra el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y la expresidenta del organismo Isabel Pardo de Vera por la comisión de un presunto delito de homicidio imprudente o imprudencia grave.

Con el presidente andaluz, Juanma Moreno, es con el único que ha hablado personalmente Pedro Sánchez. El miércoles por la tarde lo hizo por última vez, para cerrar la fecha del homenaje de Estado, que se celebrará finalmente el 31 de enero en Huelva; la provincia más castigada por la tragedia del descarrilamiento del Iryo, porque de ella procedían 27 de las 43 las víctimas. Vox no irá.

Poco después de que la Moncloa lo anunciara, Óscar Puente compareció ante la prensa durante «2 horas y 19 minutos» -según él mismo se ha encargado de destacar luego-, pero siguió sin querer priorizar una hipótesis sobre el resto. Hubo más evasivas que respuestas y solo fue rotundo para negar que el mantenimiento de la red hubiera tenido algo que ver con el descarrilamiento del Iryo, aunque casi todas pesquisas siguen apuntando a un fallo en la vía.

Al Gobierno le ha surgido otra derivada del accidente: la laboral. El Sindicato de Maquinistas convocó este miércoles una huelga para los días 8, 9 y 10 de febrero por la falta de seguridad, tras haber perdido a dos compañeros en apenas 48 horas. La respuesta del ministro de Transportes fue anunciar que se sentaría a negociar con ellos para intentar evitarla. La de la ministra de Trabajo fue evitar respaldar las demandas de los trabajadores, como sí hizo tantas ocasiones antes con las de otros gremios.