La Fiscalía solicita once años de cárcel para un hombre por violar a un joven que estaba ebrio en Gijón

La Fiscalía de Área de Gijón solicita once años de prisión, entre otras penas y medidas, para un procesado por supuestamente violar a un joven que no podía prestar consentimiento para mantener relaciones sexuales debido a la gran cantidad de alcohol que había ingerido.

Así lo ha hecho en el juicio celebrado, este pasado miércoles y este jueves, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, y que ha quedado visto para sentencia.

Según una nota de prensa del Ministerio Fiscal, el procesado, nacido en 1981, estaba a las cinco de la mañana del 24 de junio de 2024 en el domicilio de la víctima, nacida en 2002, en Gijón, y plenamente conocedor de que el joven había estado bebiendo alcohol toda la noche y que por ese motivo no podía prestar consentimiento, ya que tenía mermadas sus capacidades volitivas e intelectivas y estaba incapacitado para tomar decisiones, lo agredió sexualmente.

Asimismo, mediante auto de 25 de junio de 2024, dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón, se acordó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del procesado.

De igual modo, en virtud de un auto de 18 de julio de 2024 dictado por la Audiencia Provincial se acordó la libertad provisional del procesado con la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 250 metros y de comunicare con ella por cualquier medio, así como la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de violación del artículo 179.1 y 2 del Código Penal, en relación con el 178.

Además de la pena de cárcel, solicita que se imponga al procesado a la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros durante 14 años, a su domicilio lugar de trabajo, estudio, cualquier lugar donde se encuentre y la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio durante el mismo periodo de tiempo.

También pide que se le inhabilite para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, durante 18 años; así como inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante seis años; y la medida de libertad vigilada durante cinco años, una vez cumplida la pena de prisión.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la víctima con 25.000 euros y al Sespa, con 1.140.64 euros por los gastos médicos ocasionados, ambas cantidades más los intereses legales correspondientes. Abono de las costas procesales.