La presunta agresión a un niño de 4 años en un centro de Navarra pone en evidencia fallos del Gobierno de Chivite

El pasado 17 de enero, un niño de cuatro años presuntamente fue agredido sexualmente por otro menor de 16 en el centro Lagunetxea, un recurso tutelado por el Gobierno de Navarra y gestionado por la Fundación Amigó en Mutilva, a pocos kilómetros de Pamplona. Inmediatamente tras el incidente, el menor fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra para una valoración médica.

A pesar de la gravedad del suceso, la madre del niño, cuya patria potestad está suspendida, recibió al día siguiente un mensaje del centro en el que se indicaba que su hijo estaba «muy bien, tranquilo y cuidado en todo momento» y que había sido ingresado «de manera preventiva» tras «unas verbalizaciones que por su edad y contenido conviene que valoren los profesionales». El origen real del traslado, la presunta agresión, no se le comunicó hasta el lunes 19 de enero, en una llamada de la educadora M.G.C., que reconoció que nadie había presenciado los hechos y que la actuación se basó en el testimonio del niño.

Según audios y documentos a los que ha tenido acceso El Debate, el personal del centro y las técnicas del Gobierno reconocen internamente que el menor no debería haber estado en ese recurso, debido a su edad y la presencia de adolescentes. «Atendiendo a su edad, es cierto, no tiene que estar donde está», admitió una funcionaria en una reunión con la madre, días después del incidente. La misma fuente indicó que se había intentado encontrar un recurso familiar para el niño, pero que por el momento no había disponibilidad, por lo que el ingreso en el centro fue la única alternativa.

El Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, ha defendido públicamente que el protocolo de actuación funcionó correctamente, con separación de los menores, atención médica y comunicación a la Fiscalía. Sin embargo, los testimonios internos recogen que el menor fue expuesto a riesgos previsibles y que las decisiones previas al incidente no fueron adecuadas para un niño de cuatro años.

Tras el suceso, el presunto agresor, un adolescente de 16 años, fue retirado del centro y el caso permanece bajo investigación judicial. Mientras tanto, el menor agredido ya ha sido reincorporado a un entorno seguro, aunque la familia mantiene un seguimiento cercano. Por su parte, apenas una semana después de que se conociera la presunta agresión, y cuando la presidenta Chivite ya estaba informada del suceso, el Ejecutivo inauguró un centro público de atención a niños víctimas de violencia sexual.

Paralelamente, la Administración anunció el impulso del proyecto 'Harrera', una iniciativa destinada a fomentar el acogimiento familiar de menores inmigrantes no acompañados. El plan, presentado a través de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia, busca captar familias para garantizar entornos protectores a niños y adolescentes sin un adulto responsable legal, con una inversión de 1,4 millones de euros financiados en parte por fondos europeos. En el caso concreto del niño de Lagunetxea, sin embargo, la medida llega demasiado tarde.