El fracaso de Alegría abre el debate en el PSOE sobre la permanencia de Montero en el Gobierno

El fracaso sin paliativos de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón ha abierto el debate en el PSOE sobre la conveniencia de que María Jesús Montero siga compatibilizando su cargo de vicepresidenta primera y ministra de Hacienda con el de candidata a tiempo parcial en Andalucía, en lugar de volcarse ya en su reto electoral de junio, que no es menor. Si no para ganar, que ningún sondeo lo pronostica, al menos para que la derrota sea menor.

No obstante, hoy por hoy, la intención de Pedro Sánchez en mantener a su número dos en el Ejecutivo hasta después de la Semana Santa. Al menos. El presidente considera que la permanencia de Montero en el Consejo de Ministros tiene más ventajas que inconvenientes, y ella misma ha asumido esa tesis. Según comenta la sevillana en privado, de momento se siente «más útil» en Madrid que en Andalucía; más útil siendo ministra de Hacienda que candidata a, según todas las encuestas, liderar la oposición a Juanma Moreno.

No obstante, la presencia de Montero en Andalucía es habitual. Especialmente los viernes, para estirar allí el fin de semana. El lunes acompañó a Sánchez en las zonas inundadas de Granada y Jaén, y aún están recientes sus imágenes metiendo codos para aparecer junto a los Reyes cuando estos fueron a visitar Adamuz tras la tragedia.

Una de las excusas que han esgrimido los socialistas después de que Alegría perdiera cinco escaños e igualara la peor marca del PSOE de Aragón es que a la candidata le faltó tiempo. De hecho, la exministra intentó evitar que Jorge Azcón adelantara las elecciones: en diciembre, tendió al presidente aragonés la mano del PSOE para apoyar el techo de gasto del Ejecutivo regional y, si acaso, los Presupuestos.

Sin embargo, lo que no cuentan los socialistas es que Alegría no fue candidata a tiempo completo hasta el 17 de diciembre porque así lo quiso Sánchez, que decidió mantenerla como portavoz de su Gobierno y ministra de Educación hasta mes y medio antes de los comicios. Era secretaria general del PSOE de Aragón desde marzo de 2025. Montero lo es del PSOE de Andalucía desde enero de ese año.

Tres deberes antes de mudarse

En el caso de esta última, el presidente quiere que cumpla tres hitos antes de mudarse a Sevilla, porque está convencido de que proporcionarán viento de cola a su candidatura. En primer lugar, llevar al Consejo de Ministros para su aprobación unos Presupuestos generosos y expansivos, con mucho gasto social, que le sirvan como baza electoral. En la Moncloa siguen insistiendo en que será en febrero, sin más dilación (como si no la hubiera habido ya). Ocurre, no obstante, que esa es un arma de doble filo. El Gobierno puede aprobar las cuentas públicas de forma unilateral en el Consejo de Ministros, pero si después Montero fracasa en su negociación con los grupos parlamentarios –como parece– será otro baldón en su hoja de servicio.

Lo segundo es dejar encauzada la negociación de la ley que articulará la quita de 83.252 millones de euros a las comunidades del régimen general. El proyecto de la Ley de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, que así se denomina, fue aprobada en el Consejo de Ministros en segunda vuelta en diciembre, y enviado al Congreso. Montero cree que su negociación no será complicada porque, a priori, Junts está a favor (la quita de la deuda catalana ascendería a más de 17.104 millones), pero hay partidos regionalistas dentro del grupo parlamentario de Sumar a los que no les convence en absoluto. Especialmente a Compromís.

Montero se las ingenió para que el Gobierno ofreciera a Andalucía la mayor quita, una más cuantiosa incluso que la de Cataluña: 18.791 millones de euros que, de entrada, el presidente andaluz rechazó, como todos los demás del PP. En el mejor de los escenarios para la vicepresidenta primera, la aprobación de la norma y la apertura del plazo para que las comunidades soliciten la condonación parcial al Estado (tienen que solicitarla) coincidiría con el tramo final de la campaña en Andalucía. Y los socialistas elevarían la presión sobre Juanma Moreno para que la pidiera.

La última tarea es aprobar el nuevo sistema de financiación autonómica en el Consejo de Ministros y llevarlo al Congreso. Pero, teniendo en cuenta que Montero no ha elevado aún ni siquiera un anteproyecto, no parece muy factible. En enero, la vicepresidenta primera presentó a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera una propuesta previamente pactada con el líder de ERC, Oriol Junqueras. También entonces se las apañó para ofrecer a Andalucía la cifra más alta: 4.850 millones adicionales de financiación al año.

Así pues, de la misma forma que Sánchez no piensa reconocer que su estrategia de colocar a ministros como candidatos en las comunidades se ha torcido, tampoco va a sacar a Montero de su Gobierno antes de lo que ya tenía previsto.