Huerto de placas solares
Investigados por prevaricación dos responsables del Ministerio de Transición por autorizar una planta solar en Cáceres
La organización conservacionista Fodenex ha denunciado a dos responsables ministeriales cuestionando la legalidad de una Declaración de Impacto Ambiental sospechosa
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha citado como investigados a dos responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por la autorización de la planta solar fotovoltaica TAGUS, proyectada en el término municipal de Alcántara (Cáceres), al apreciar indicios de un presunto delito de prevaricación administrativa.
Los citados como investigados son la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, y al subdirector, Eugenio Domínguez, según ha informado la organización conservacionista Fondenex (Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura), que presentó la denuncia.
La investigación se centra en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable emitida en 2023 por el Miteco para el proyecto promovido por Iberenova Promociones SAU, filial de Iberdrola, con una potencia instalada prevista de 379,97 megavatios pico (MWp).
En su denuncia, Fondenex cuestionaba la legalidad de la DIA al considerar que la planta se ubica en un espacio especialmente protegido: la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ‘Llanos de Alcántara y Brozas’, integrada en la Red Natura 2000 y dentro de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional, reconocida por la Unesco en 2016.
El Juzgado 41, cuyo titular es el magistrado José Luis Peinado, solicitó informe a la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha emitido un dictamen «crítico» con la tramitación ambiental del proyecto y respalda «sustancialmente» los argumentos expuestos en la denuncia.
Según las conclusiones fiscales, la implantación de la planta fotovoltaica TAGUS presentaría «discrepancias» con el Plan Director de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura, que establece que las instalaciones industriales de producción de energía deben localizarse preferentemente fuera de áreas protegidas.
El informe también sostiene que la alternativa seleccionada para la construcción de la planta, atendiendo a criterios económicos, técnicos y sociales, podría resultar incompatible con la Directiva 92/43/CEE de Hábitats y con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Así mismo, la Fiscalía aprecia «una posible infracción de la normativa sobre evaluación ambiental» al no haberse comunicado el proyecto al Gobierno de Portugal, pese a su carácter fronterizo, como exigen la Ley 21/2013 y la Directiva 2014/52/UE en casos con potencial afección transfronteriza.
En su informe, el Ministerio Público advierte de que el desarrollo de grandes instalaciones fotovoltaicas «implica transformaciones significativas del paisaje, con pérdida o deterioro de hábitats naturales, fragmentación del territorio y reducción de la conectividad ecológica, afectando especialmente a especies protegidas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra o el lince ibérico».
Tras conocerse la citación como investigados de los dos responsables ministeriales, Fondenex ha anunciado que estudiará ampliar la denuncia contra responsables políticos y técnicos de la Junta de Extremadura que emitieron los informes favorables en los que se basó la DIA ahora cuestionada judicialmente.
