Exteriores activa la vía europea para blanquear la corrupción del Gobierno que salpica al núcleo duro de Sánchez

El Consejo de Ministros aprobaba, el pasado 26 de agosto de 2025, el nombramiento de Rosa Velázquez Álvarez como nueva embajadora Representante Permanente de España ante el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo (Francia), donde también se ubica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Una designación que, a medida que han ido pasando los meses, ha revelado su verdadera razón de ser: que Velázquez actúe en un doble sentido a nivel comunitario para mejorar la imagen del Gobierno español en materia de separación de poderes y en su salud como Estado de Derecho pleno.

Teniendo en cuenta que, los últimos informes internacionales, algunos de entidades tan relevantes como la Comisión de Venecia, o del propio GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) no han sido del todo favorables, según los estándares del resto de los países miembros de la UE.

Así las cosas, la designación de Velázquez Álvarez, formalizada mediante el Real Decreto 727/2025 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), causó cierto estupor en el mundo diplomático, dado que se trataba de un perfil muy afín al ministro del ramo, José Manuel Albares, sin experiencia propia, en la primera línea de actuación, en destinos previos al actual. Un aspecto poco relevante cuando el objetivo real de la elección era disponer de una interlocutora que pudiese reforzar, a través de Exteriores, la representación española en una de las instituciones clave para la defensa de los derechos humanos y la democracia. De ahí que el Ejecutivo se decantase por Velázquez quien domina varios idiomas (alemán, inglés, francés e italiano) y asumió el puesto en un momento de intensa actividad del Consejo de Europa en materia de estándares jurídicos y supervisión del cumplimiento de los compromisos internacionales.

De hecho, el encargo con el que llegó a su puesto, según ha podido saber El Debate, se orienta en una doble dirección. En primer lugar, estrechar los lazos con el Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO), en un momento en el que la corrupción salpica al Gobierno de Pedro Sánchez y a su núcleo familiar más cercano.

En segundo término, preparar el terreno para la sustitución de la actual jueza española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), María Elósegui, por un juez ad hoc que contribuya a explicar algunas de las sentencias más recientes y polémicas del Tribunal Constitucional español (TC) y que llegarán a Estrasburgo, en los próximos meses.