Exteriores activa la vía europea para blanquear la corrupción del Gobierno que salpica al núcleo duro de Sánchez

El Consejo de Ministros aprobaba, el pasado 26 de agosto de 2025, el nombramiento de Rosa Velázquez Álvarez como nueva embajadora Representante Permanente de España ante el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo (Francia), donde también se ubica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Una designación que, a medida que han ido pasando los meses, ha revelado su verdadera razón de ser: que Velázquez actúe en un doble sentido a nivel comunitario para mejorar la imagen del Gobierno español en materia de separación de poderes y en su salud como Estado de Derecho pleno.

Teniendo en cuenta que, los últimos informes internacionales, algunos de entidades tan relevantes como la Comisión de Venecia, o del propio GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) no han sido del todo favorables, según los estándares del resto de los países miembros de la UE.

Así las cosas, la designación de Velázquez Álvarez, formalizada mediante el Real Decreto 727/2025 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), causó cierto estupor en el mundo diplomático, dado que se trataba de un perfil muy afín al ministro del ramo, José Manuel Albares, sin experiencia propia, en la primera línea de actuación, en destinos previos al actual. Un aspecto poco relevante cuando el objetivo real de la elección era disponer de una interlocutora que pudiese reforzar, a través de Exteriores, la representación española en una de las instituciones clave para la defensa de los derechos humanos y la democracia. De ahí que el Ejecutivo se decantase por Velázquez quien domina varios idiomas (alemán, inglés, francés e italiano) y asumió el puesto en un momento de intensa actividad del Consejo de Europa en materia de estándares jurídicos y supervisión del cumplimiento de los compromisos internacionales.

De hecho, el encargo con el que llegó a su puesto, según ha podido saber El Debate, se orientaba en una doble dirección. En primer lugar, estrechar los lazos con el Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO), en un momento en el que son la corrupción salpica al Gobierno de Pedro Sánchez y a su núcleo familiar más cercano, desde varios frentes judiciales.

Causas que han llevado al procesamiento del que fuera su número dos en el PSOE, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, junto a su ex asesor Koldo García Izaguirre; y, a su propio hermano, el músico David Azagra, en el mismo caso por el que ha dimitido el ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Como, también, han supuesto la imputación formal del sustituto de Ábalos en el partido, el ex diputado socialista Santos Cerdán; y, a la mismísima mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un total de cinco presuntos delitos, en uno de los cuales comparte investigación con su asistente de La Moncloa, Cristina Álvarez.

Colocar un juez izquierdista en el TEDH

No siendo bastante con lo anterior, la nueva embajadora española ante el Consejo de Europa tiene como segundo encargo el de «preparar el terreno para la sustitución de la actual jueza española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), María Elósegui, por un juez ad hoc», próximo a las posiciones ideológicas del Gobierno, «que contribuya a explicar algunas de las sentencias más recientes y polémicas del Tribunal Constitucional español (TC)» que, previsiblemente, llegarán a Estrasburgo, en los próximos meses, acompañadas de sus correspondientes votos particulares discrepantes.

Si bien es cierto que Elósegui no cesará en su cargo hasta el 25 de marzo de 2027, esto es, el próximo año, será con seis meses de antelación cuando el Gobierno convoque el concurso público previsto para, en su momento, cubrir la vacante. De tal manera que el Ejecutivo, como ya es oficial, tendrá que enviar antes de 10 de agosto de este año, el listado con los tres candidatos propuestos a la Asamblea Parlamentaria, para evitar que la juez actual continúe de manera interina. En todo caso, el objetivo es que toda la tramitación y el posterior nombramiento quede resuelto antes de que se convoquen las próximas elecciones generales.

Y, para ello, suena como favorito Rafael Bustos Gisbert, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Aunque fuentes de toda solvencia no descartan, tampoco, activar un perfil femenino alternativo, llegado el caso.