La asociación mayoritaria de jueces denuncia ante la Comisión Europea las «declaraciones políticas» que deslegitiman a los jueces

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en nuestro país, ha participado hoy en la reunión de la Comisión Europea para la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho 2026, en la que ha alertado de la ausencia de mejoras estructurales en independencia judicial, contrapesos institucionales y dotación de medios en España,

Según ha podido saber El Debate, la APM ha señalado el incumplimiento de la recomendación europea relativa a la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuya última renovación, pactada entre PP y PSOE, comprometió un cambio del mecanismo de acceso de los vocales, para que fuesen elegidos por sus pares, que recibió el visto bueno del entonces comisario de Justicia comunitario, pero que no ha llegado a materializarse en una modificación normativa, dado que se presentaron dos propuestas distintas, de ambos bloques internos, una de las cuales, la de los consejeros designados por el Gobierno se resistía a reemplazar la designación

parlamentaria.

Asimismo, desde la entidad profesional han expresado su preocupación por las reformas anunciadas por el ministro Félix Bolaños sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal, al considerar que desplazan el control de los procesos de selección hacia el Poder Ejecutivo.

En relación con la Ley Orgánica 1/2025 y la implantación de los Tribunales de Instancia, la APM ha advertido de serias disfunciones organizativas derivadas de una reorganización sin inversión proporcional en jueces, personal, infraestructuras y tecnología que está condenando a los juzgados y tribunales españoles al «colapso».

La Asociación mayoritaria también ha trasladado su inquietud por determinadas declaraciones políticas que deslegitiman genéricamente a jueces y tribunales, tanto por miembros del Gobierno, como de sus socios de legislatura; por la falta de avances reales en la autonomía del Ministerio Fiscal y la operativa de inamovilidad e independencia interna de los profesionales que lo integran, en especial tras la condena en firme del ya ex titular del Ministerio Pùblico Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados; y, por la necesidad de preservar una clara delimitación entre jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria.

La APM ha reiterado su compromiso con el Estado de Derecho y con las instituciones europeas, subrayando que lo que se reclama «no son privilegios, sino condiciones estructurales adecuadas» para que la Justicia pueda cumplir su función constitucional, tal y como está previsto en nuestro ordenamiento.