El entorno de Koldo apunta a que el empresario Pepe Ruz custodió parte de las mordidas de la trama PSOE en Dominicana

Comidas con el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, ahora también confirmadas con el ex presidente de Canarias y actual ministro de Pedro Sánchez, Ángel Víctor Torres, y decenas de reuniones con Koldo García Izaguirre, que coinciden en el tiempo con las adjudicaciones de obra pública, presuntamente amañada a cambio de comisiones irregulares, sitúan al empresario valenciano José Ruz, propietario de Levantina Ingeniería y Construcción SL como una de las piezas clave en la trama que salpica al PSOE por corrupción.

Y es que más allá del su papel como «recaudador», en el organigrama diseñado para obtener mordidas de los empresarios que estaban interesados en beneficiarse de adjudicaciones de contratos derivados de Transportes, donde Ruz tenía línea directa por su estrecha amistad con Ábalos, el entorno de Koldo señala que Ruz habría sido, además, «custodio», en el extranjero, de parte las sumas de dinero obtenidas, para varios de los imputados en la causa judicial que se sigue, sobre este asunto, en paralelo tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo.

En concreto, la fuente consultada por El Debate se refiere a la República Dominicana como un punto caliente donde el empresario había actuado a favor de los implicados. No en vano tanto las pesquisas judiciales, como algunos de los testigos que ha declarado en sede judicial confirmaron movimientos de efectivo y entregas de dinero en metálico vinculadas tanto a Koldo García como a Ábalos, por ejemplo, que realizó viajes cortos y frecuentes, con pretextos vagos que han llevado al Supremo a corroborar la existencia de una red de blanqueo en el país caribeño.

En el punto de mira se sitúan empresas como Willows US LCC (registrada en Delaware, el paraíso fiscal más opaco de Estados Unidos) que, a su vez, aparecen como canal habilitado para el supuesto lavado de fondos en sociedades dominicanas de la trama, como Reusa y Modular HV Corp.

Lo cierto es que, hasta la fecha, la instrucción penal no ha dado con el grueso de los pagos, presuntamente amañados, ni en cuentas españolas, ni en bienes fácilmente rastreables dentro del país. Por el contrario, los informes de la Guardia Civil y las diligencias del juez Leopoldo Puente en el Alto Tribunal, junto con la parte asumida por la Audiencia Nacional, señalan un entramado internacional diseñado para dificultar el seguimiento del dinero. Lejos de quedarse en España, las sospechas apuntan a que parte significativa de esas mordidas —que se elevan a millones de euros solo en esta derivada relativa a la obra pública— habría salido del territorio nacional a través de sociedades offshore y estructuras opacas en varios países.

Uno de los destinos más recurrentes en el sumario es Luxemburgo, un clásico europeo para canalizar fondo de dudosa procedencia. La trama original de las mascarillas —que sirve de precedente— ya incluía una red de sociedades en este país, junto con una empresa brasileña (Suro Capital Brasil Participacoes LTDA) vinculada a cuentas en el Banco Itaú BBA. Un método sofisticado que, según la Fiscalía Anticorrupción, perseguía romper la trazabilidad y blanquear comisiones que, en origen, procedían de contratos públicos inflados o amaños.

En las pesquisas, tampoco faltan menciones a otros paraísos fiscales clásicos como: Angola, donde Hacienda y Adif ya alertaron de riesgos de corrupción y vínculos con tramas offshore; Brasil, a través de las sociedades citadas; y, en menor medida, indicios que apuntan a estructuras en Suiza, donde la Fiscalía sigue el rastro del rescate de Plus Ultra y el papel del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero; Andorra o, incluso, Emiratos Árabes.

No en vano, para Pepe Ruz y su empresa Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) —que obtuvo más de 128 millones en contratos bajo el mandato de Ábalos—, para quienes la UCO y el Supremo no han detallado aún destinos específicos de sus presuntas mordidas del 15-20 %, Dominicana habría sido, según los testimonios recabados por este diario, uno de los destinos elegidos para diluir las cantidades cobradas como «recaudador» del denominado «grupo acelerador». Cabe recordar cómo el empresario valenciano, una vez apartado Ábalos, pidió de manera expresa reunirse con su sucesor al frente de la Secretaría de Organización socialista, el también imputado Santos Cerdán, para no quedar fuera del reparto de obras. Un interés que sugiere que parte del flujo de efectivo pudo ir dirigido a estructuras del PSOE o a los bolsillos personales de sus dirigentes, vía canales opacos.

Tal es así que el juez Puente le retiró el pasaporte, precisamente, por el elevado riesgo de fuga y por existir «indicios bastantes» de que obtuvo adjudicaciones «a cambio de un precio» indebido y anticipado. A pesar de que, en la mayoría de las ocasiones su oferta empresarial no era la mejor posicionada, desde un punto de vista objetivo, ni la más competitiva.