Hay Derecho lanza una recogida de firmas para exigir al Gobierno que sean profesionales los que dirijan Adif, Correos o la Sepes

La Fundación Hay Derecho ha lanzado este jueves una campaña ciudadana de recogida de firmas para reclamar una dirección profesional, cualificada y seleccionada con criterios objetivos y transparentes en las empresas públicas que gestionan servicios esenciales como ADIF, Renfe, AENA, Casa47 (antes SEPES) o Correos. La campaña está disponible en la página web de Hay Derecho en este enlace: https://www.hayderecho.com/direccion-publica-profesional/

Bajo el lema: «Por una dirección profesional de las empresas públicas: exigimos estar en buenas manos», Hay Derecho, ha puesto en marcha esta nueva iniciativa con la que busca poner fin a la politización de los nombramientos y asegurar la profesionalidad y la independencia en la alta dirección pública.

Desde la entidad, consideran imprescindible revisar los «procedimientos de selección» para hacerlos más «transparentes y competitivos», basados en criterios objetivos de «mérito, capacidad e igualdad, de acuerdo con los principios constitucionales». Sólo así puede darse un «primer paso para poner fin a la captura política de empresas públicas, hacer posible una gestión con planificación a largo plazo y reducir los riesgos de corrupción».

No en vano, «las empresas y otras entidades públicas estatales gestionan infraestructuras críticas y servicios de los que dependen millones de ciudadanos cada día: transporte ferroviario, aeropuertos, comunicaciones o logística postal», remarcan desde Hay Derecho. Es decir, «sus decisiones influyen directamente en la calidad del servicio, la seguridad de las personas y el uso de miles de millones de euros de dinero público».

Un contexto que ha llevado a la Fundación a considerar «imprescindible que estas entidades estén lideradas por profesionales cualificados y seleccionados mediante procesos abiertos, objetivos y verificables, y no por afinidades políticas» para que de ello «se derive estabilidad en los puestos de responsabilidad Empresas como ADIF o RENFE, salpicadas por la polémica tras el fatídico y reciente accidente de Adamuz y que, por ejemplo, »han tenido ocho presidentes en los últimos 20 años«. O el caso de Casa 47 (antes SEPES) que ha pasado por hasta »nueve« manos distintas »en este mismo periodo".

«Cuando hablamos de empresas como ADIF o Renfe no estamos hablando de estructuras administrativas abstractas, sino de servicios esenciales que afectan a las oportunidades y a la seguridad de todos», ha señalado Safira Cantos, directora general de Hay Derecho.

«El nivel de rotación actual en los puestos, derivado de su politización, afecta de manera grave a la gestión. Por eso es urgente garantizar una dirección pública profesional que responda al interés general y no a criterios partidistas o de amiguismo». «Al frente de lo público deben de estar los mejores», ha declarado, por su parte, la secretaria general, Elisa de la Nuez. «No tiene sentido que empresas públicas que nos interesan a todos se gestionen mucho peor que cualquier empresa privada de su mismo tamaño e importancia. Es el mundo al revés», ha añadido.

La dirección de las empresas públicas no puede ser rehén del partido político de turnoSafira CantosDirectora General Hay Derecho

En especial, se ha puesto el foco de atención en el caso de ADIF y la seguridad ciudadana tras los recientes siniestros ferroviarios y las múltiples incidencias registradas, especialmente en el servicio de Rodalies y en la red del AVE, que han vuelto a situar en el centro del debate sobre el papel institucional. De hecho, la empresa pública estatal gestiona más de 16.000 kilómetros de red ferroviaria por la que viajan cada año cientos de millones de personas, inversiones multimillonarias y adopta decisiones estratégicas que repercuten, directamente, en las vidas de los ciudadanos.

Para la Fundación, «estos episodios reflejan la necesidad de reforzar la profesionalización y la rendición de cuentas en la gestión de las empresas y entidades públicas», reclaman.

«El impacto de una mala gestión de estas empresas no es solo económico ni de pérdida de oportunidades, también puede traducirse en riesgos reales para los ciudadanos», ha advertido de la Nuez. «La seguridad y la calidad de los servicios públicos exigen responsables con experiencia acreditada y seleccionados con criterios transparentes y meritocráticos, como sucede en otros países", ha subrayado la jurista.

«España es una excepción entre las democracias avanzadas» y se ha convertido en un «problema estructural» que Hay Derecho lleva años analizando y denunciando. La «politización del sector público no es un debate nuevo ni un asunto puntual», como demuestra su herramienta de seguimiento, el Dedómetro, un informe que documenta a nivel estatal y autonómico y de forma sistemática los estándares de mérito y capacidad en los puestos directivos de las entidades públicas.

«Esta campaña es la consecuencia natural del trabajo que venimos realizando», ha explicado Safira Cantos. «Los datos muestran que la politización y la alta rotación de la alta dirección pública es un problema estructural que afecta a todos los partidos. Necesitamos reformas concretas para garantizar que la especialización y flexibilidad propia de las empresas públicas redunden en el buen servicio a los ciudadanos, no en que sean un coladero del favoritismo político».

Dado que el asunto «afecta a todos», desde Hay Dderecho animan a los ciudadanos a firmar para exigir transparencia, mérito y rendición de cuentas.

«Debemos reclamar el buen funcionamiento institucional gobierne quien gobierne. Reforzar la profesionalización de estas entidades es esencial para mejorar la planificación a largo plazo, la rendición de cuentas y la seguridad y calidad de los servicios que prestan. Es importante no solamente a quién se nombra, sino por qué se le cesa: las razones que guían estas decisiones deben ser el mejor servicio público y ninguna otra relacionada con intereses partidistas o personales», alerta la Fundación.

«Firmar es una forma directa de pedir reglas claras y verificables: procesos abiertos, criterios objetivos públicos y responsabilidad real en la gestión de empresas que afectan al día a día de millones de personas», ha explicado Cecilia de la Serna, directora de Comunicación de Hay Derecho.