Conde-Pumpido continúa su tour en defensa de la amnistía con próxima parada en el TJUE

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, visitaba esta semana Lisboa, en una reunión bilateral con miembros de la Corte de Garantías portuguesa, acompañado por una delegación de miembros del bloque izquierdista de la Corte –los magistrados Ramón Sáez, Laura Díez, María Luisa Segoviano y la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que aspira a reemplazarle en el cargo, una vez se haga efectiva la renovación del órgano, en el turno de nombramientos del Senado–.

La cita, adelantada por El Debate, era una parada más en el periplo internacional en el que Conde-Pumpido ha mantenido encuentros institucionales con sus homólogos turco, egipcio o chino que ya, en su momento, fueron objeto de críticas, por la opacidad con la que está abordando ciertos desplazamientos, de los que oficialmente se desconoce si las motivaciones son institucionales o responden más bien a una personal forma de concebir el TC: rodeado de magistrados afines para poner en cuestión a los tribunales españoles por su postura negativa en la aplicación de la amnistía.

De hecho, durante su alegato en la mesa de trabajo portuguesa, el titular de la Corte de Garantías alertó contra el uso de las cuestiones prejudiciales que se han activado en nuestro país contra dos de las decisiones más polémicas adoptadas, sin unanimidad, hasta la fecha: la anulación de las condenas de los ERE, elevada ante Europa por la Audiencia Provincial de Sevilla (APS); y, la luz verde concedida por el ala izquierdista a la amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez, cuestionada por el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Audiencia Nacional (AN) y un juzgado de instancia de Vilanova i la Geltrú, en sus correspondientes consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Tal es así que Conde-Pumpido visitará, esta misma semana, el propio TJUE, en Luxemburgo, en vísperas de que el órgano comunitario se pronuncie, precisamente, sobre las preguntas formuladas por varios jueces y magistrados españoles sobre el encaje de la norma de borrado penal del procés en el Derecho Europeo.

No en vano, el que fuera fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero ha venido defendiendo en diferentes foros y encuentros de su periplo internacional no sólo el aval concedido bajo su mandato a la amnistía sino, además, la importancia de respetar la «supremacía» del Tribunal Constitucional, en «equilibrio» con el ordenamiento europeo, para que «la apertura» al marco comunitario «no implique la renuncia a los elementos esenciales de la identidad nacional» de cada uno de los estados miembros.

Si el mes pasado Conde-Pumpido destacaba, en una de las sesiones de trabajo con la comitiva de Turquía, que «las resoluciones que dicte el Tribunal Constitucional no pueden ser meras declaraciones de intenciones, sino que son títulos ejecutivos» resaltando, además, que «todos los poderes públicos deben respetar y ajustarse a las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución y máximo garante de los derecho y garantías fundamentales»; ahora, en su andadura lusa ha señalado que «el principal reto del constitucionalismo europeo no es ni asegurar la primacía del derecho de la Unión, ni garantizar la supremacía constitucional, sino cómo articular ambas sin desnaturalizar (...) la legitimidad constitucional interna».

Unas declaraciones que han llevado a una buena parte del sector jurídico español a poner de relevancia la «profunda incongruencia» del presidente del TC que, por una parte, «está obsesionado con preservar la que llama supremacía del órgano constitucional», pero, por otra, «no tiene el menor reparo en exceder las competencias de la Corte, mutando los cauces que marca la Carta Magna» para salvar las normas más ideológicas y los recursos de mayor calado político, en auxilio del Gobierno" que lo ha nombrado.