Gibraltar por la puerta de atrás

Entre los inagotables asuntos domésticos que nos absorben y el sobresalto de una nueva guerra en Irán que ya extiende sus tentáculos por todo Oriente Medio, nos está pasando desapercibida –quizá de eso se trata– la gestión del acuerdo sobre el futuro estatuto de Gibraltar.

El pasado 22 de junio se daba a conocer, sin apenas ningún análisis de sus resultados, la declaración por la que se hacía público el acuerdo alcanzado para acomodar a esta colonia británica en la UE, pese a la salida del Reino Unido (RU) de esta organización.

Gibraltar, que no es otra cosa que una base militar del RU en territorio español, debería haber corrido la misma suerte que este país al abandonar la Unión Europea, o haber optado por devolver definitivamente el Peñón a soberanía española, lo que permitiría su permanencia en el club comunitario, tal y como establecen reiteradas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, destacadamente la 2429 de 1968, que obligaba a Londres a negociar su descolonización. La fórmula de una cosoberanía transitoria, ofrecida por España ya en 2002, y oficialmente presentada ante la ONU en 2016, fue rechazada. De este modo, Gibraltar debería recibir el trato de territorio dependiente de un Estado tercero. Sin embargo, la paciencia estratégica de unos y la bisoñez y cálculo electoral de otros evitaron que esta fuera la respuesta recibida.

Así las cosas, la UE que había negociado con rigor la retirada del RU, dejó para un acuerdo posterior la regulación de las relaciones con Gibraltar, para lo cual tendría especialmente presente la voluntad española. Más de cuatro años han transcurrido sin que ese acuerdo viera la luz, hasta que fue anunciado el 11 de junio de 2025, por una declaración de los representantes de la UE, del RU, de España y de la colonia de Gibraltar (sin comentarios acerca de la falta de estatuto jurídico de esta última para negociar un tratado internacional). Desde entonces, nada se ha sabido en España sobre su contenido. Solamente, hace unos días, el 26 de febrero, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, con nocturnidad y sin más difusión, publicó el citado acuerdo en su página web. Más de 1.000 páginas, en inglés, para dar a conocer a los españoles el texto que ha de marcar el futuro el régimen de este territorio y sus consecuencias para todo nuestro país, en particular para el Campo de Gibraltar. Ante el silencio generado por esta casi clandestina publicación, es imperativo repasar brevemente algunas de sus consecuencias y llamar la atención sobre el peligro que supone para España.

La primera de ellas es la falta de determinación del territorio de Gibraltar, concepto dudoso en sí mismo. El riesgo para la soberanía española sería dejar en manos de terceros la delimitación de lo que es el territorio legalmente español e ilegalmente ocupado por el Reino Unido. De producirse así, la indeterminación aceptada por España podría jugar como reconocimiento tácito de la ilegal presencia británica en el istmo y en las aguas circundantes del Peñón. Por lo tanto, España debe exigir una clara definición de este territorio que se limite al territorio cedido por el Tratado de Utrecht de 1713, y deje pendiente la cuestión de su descolonización a la mayor brevedad posible. Su pretendida aplicación también a la zona de istmo, donde se encuentra el aeropuerto (para la RAF), solo podría realizarse a cargo de la administración del RU y España conjuntamente, o excluirse esta zona.

La segunda cuestión es que el acuerdo hace que Gibraltar entre en el espacio Schengen de la UE sin que nunca el RU haya aceptado en sus más de 40 años como miembro de la Unión dicha pertenencia, para seguir controlando la entrada de ciudadanos de otros Estados miembros en territorio británico. La diplomacia ha obrado la magia de que la colonia consiga lo que nunca obtuvo de su metrópoli, sin medir las consecuencias de esta medida que abre el mercado único al Reino Unido, ya país tercero, por vía de Gibraltar. Las ventajas de este generoso tratamiento no se ven compensadas por beneficios análogos para España. El que Gibraltar sea un paraíso fiscal va en detrimento de España, de la comarca, pero también de toda la UE, pues favorece la deslocalización de empresas atraídas por el trato fiscal altamente favorable. Los trabajadores españoles que se desplazan diariamente a Gibraltar, cuyo número no se ha podido constatar nunca, pero que son muchos menos de los que refieren los medios, seguirán siendo una mano de obra barata para la colonia, sin recibir los beneficios sociales de los gibraltareños y que solicitarán de España.

Nada dice el texto del acuerdo presentado sobre la contaminación ambiental producida en la bahía de Algeciras por los buques, principalmente militares, que recalan en el puerto de Gibraltar; ni prohíbe continuar con los rellenos descarados en las aguas españolas para acrecer el territorio de la colonia. Sí deja claro que RU no compartirá la información clasificada que obtiene en tan ventajoso emplazamiento, y que su personal y material militar tendrán un trato privilegiado y exento de control para su acceso a la Roca.

Se aprecia una enorme urgencia de todas las partes en que el tratado entre en vigor antes del 10 de abril de 2026 y que se aplique ya provisionalmente antes de esta fecha. Este atropello para temas de tanta trascendencia hace sospechar que se desea consolidar unos efectos jurídicos sin dar tiempo a que los municipios de la comarca, las Cortes, agentes sociales y operadores jurídicos tengan cabal conocimiento de las obligaciones asumidas y evitar así cualquier pretensión de paralizar el procedimiento. Algo que se confirma con la previsión de que, antes de su aplicación provisional, se concluyan unos acuerdos administrativos –que no requieren control parlamentario alguno– sobre temas muy sensibles para la soberanía española, como por ejemplo la remoción de las barreras físicas.

Al producir estos efectos desfavorables para España en cuanto a su soberanía y su integridad territorial, lo lógico sería su paso por las Cortes para una autorización previa al Gobierno para obligarse por el acuerdo en cuestión. Recordemos que la Constitución Española exige una autorización de las Cortes para la conclusión de tratados que afecten a la integridad territorial de España o supongan compromisos presupuestarios (artículo 94.1), además de un dictamen del Consejo de Estado y, eventualmente, del Tribunal Constitucional. Se nos puede alegar que este es un acuerdo entre RU y la UE y, por tanto, España no tiene parte en el procedimiento de ratificación del mismo. Pero este argumento no puede permitir un vaciamiento de las garantías constitucionales a través de un procedimiento sui generis como el seguido en este caso. Y ello porque, si no puede suscribirse un acuerdo contrario a la Constitución, menos puede negociarse un acuerdo inconstitucional y dejar a albur de un país tercero y de la UE la suerte de los derechos e intereses de España.

El Gobierno debe transmitir inmediatamente el texto a las Cortes para debatir su contenido, recabando su autorización para dar su conformidad con un tratado que afecta directamente a España y que han de ratificar otros. También debería recabar el dictamen del Consejo de Estado y, si fuera necesario, del Tribunal Constitucional antes de dar su visto bueno a tal acuerdo; cosa que ha hecho sin consultar con nadie. La urgencia que exista en Bruselas o en Londres no puede excusar del cumplimiento de las obligaciones constitucionales que, en un caso de tanta trascendencia y que presumiblemente no cuenta con la aprobación popular, podría ser sometido a referéndum.

El Gobierno ha actuado de espaldas a la población (y prueba de ello es que no ha facilitado el texto traducido al español) y al resto de poderes del Estado, declarando que aceptaba un acuerdo claramente dañino para los intereses del país y sus derechos territoriales reconocidos, aumentando a su vez su descrédito internacional.

Es difícil imaginar que el RU hubiera podido conquistar Gibraltar frente a la Armada Española, la más poderosa de la época. Lo consiguió por la puerta de atrás, tras la Guerra de Sucesión española donde, curiosamente, ¡¡¡actuó en el bando del aspirante perdedor y en su nombre!!! Tras la salida del RU de la UE, Londres habrá vuelto a conseguir quedarse dentro a través de Gibraltar y mejorar las condiciones que tenía como miembro, nuevamente por la puerta de atrás. Solo la reacción rápida de la soberanía popular y sus representantes puede impedir que el daño se produzca.