Ocho noticias negras que el Gobierno ha ocultado tras la pancarta del «no a la guerra»

Con un Gobierno asediado por la corrupción, maniatado por Junts en el Congreso y sin Presupuestos, en España han seguido sucediéndose las malas noticias y polémicas en la última semana, a pesar de que Pedro Sánchez haya logrado ocultarlas todas tras la pancarta del «no a la guerra». Por ahora. Hay ocho de especial trascendencia que, sin la guerra de Irán por medio, a buen seguro habrían abierto portadas e informativos. Son estas:

El precio de la vivienda ha registrado su mayor alza en 18 años, desde los tiempos de la burbuja inmobiliaria. Los datos los avanzó el viernes el Instituto Nacional de Estadística. El Ejecutivo esperaba contener los precios en 2025, pero resulta que subieron otro 12,7 % de media. La de segunda mano, más aún, un 12,9 %. El presidente prometió que esta sería la legislatura de la vivienda, que ha bautizado como «el quinto pilar del Estado del Bienestar». Pero la realidad es que el acceso a la vivienda es el principal problema para el 42,6 % de los españoles —según el CIS— por algo.

El Gobierno ha iniciado el asalto a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la última aldea gala que quedaba frente a las injerencias de la Moncloa. Se trata de un órgano cuya tarea es precisamente fiscalizar al Ejecutivo. Hasta ahora. Este postuló la semana pasada a un alto cargo del Ministerio de Hacienda para presidir la Airef. En concreto, a la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz. La presidenta saliente había señalado que sería «inadmisible» que el Gobierno propusiese a uno de los suyos, dinamitando así el principio de independencia, y eso es precisamente lo que ha hecho. No obstante, por ley el Congreso tendrá que aprobar el nombramiento.

El Tribunal Supremo ha señalado el inicio del juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Ocurrió el pasado miércoles, precisamente el día en el que el presidente proclamó «no a la guerra» en una declaración institucional desde la Moncloa. La vista oral por el llamado caso de las mascarillas se desarrollará entre el 7 y el 30 de abril. Ayer se conoció que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres declararán como testigos el 22 de abril. Este es el primer juicio previsto a la corrupción del sanchismo, pero no el último: el grueso está en fase de instrucción en la Audiencia Nacional, incluida una pieza separada sobre la financiación del PSOE.

La Audiencia Nacional se ha declarado competente para investigar el rescate a Plus Ultra, una aerolínea que el Ejecutivo rescató en 2021 con 53 millones de euros. Lo hizo el martes pasado, un día después de que José Luis Rodríguez Zapatero compareciera en la comisión de investigación del Senado. En el interrogatorio, el expresidente no supo aclarar cómo es posible que la empresa Análisis Relevante, la de su amigo Julio Martínez Martínez -que fue detenido en diciembre en el marco de esta causa-, tuviera como único cliente a Plus Ultra y como únicos proveedores al propio Zapatero y a la empresa de sus hijas, Whathefav. Él facturó 460.000 euros a la compañía y sus hijas, otros 200.000.

Los primeros días de «No a la guerra» han dejado también la imagen del hermano de Sánchez, David Sánchez, recogiendo en la Audiencia Provincial de Badajoz una citación judicial, como publicó El Debate en exclusiva el martes: la del inicio del juicio en el que se sentará en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, en el marco de su contratación por la Diputación de Badajoz. Será a partir del 28 de mayo.

El Ministerio del Interior ha designado al nuevo director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Santafé. El entorno más directo de Fernando Grande-Marlaska había inflado el globo de que iba a nombrar a una mujer, la primera, como respuesta al escándalo del anterior DAO, acusado de una agresión sexual a una subordinada. Iba a ser un mensaje poderoso, además coincidiendo con la semana del 8-M. Sin embargo, la propaganda acabó pronto: a la hora de la verdad el ministro eligió el pasado viernes a un hombre.

El pasado martes trascendió que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios había denunciado a la Guardia Civil que los informes de Adif sobre las soldaduras del tramo de Adamuz fueron manipulados tras el descarrilamiento mortal. El órgano encargado de la investigación técnica detectó «incongruencias» en uno de los informes, que tiene dos versiones en fechas distintas: una primera del 25 de junio de 2025 y otra del 1 de febrero de 2026, tras el accidente.

Adif se apresuró a echar la culpa a la ingeniería Ayesa, autora de los dosieres. Pero es que no era la primera anomalía: días antes, la Benemérita había alertado a la jueza instructora de que un trabajador de Adif se había llevado pruebas del lugar del accidente sin autorización.

Dos días antes del estallido de la operación Furia Épica, el Congreso tumbó por segunda vez en un mes el llamado «escudo social» del Gobierno, que incluía la moratoria de la prohibición de desahuciar a los colectivos vulnerables sin alternativa habitacional y el bono social energético, entre otras medidas. Pues bien. En toda la semana pasada, el Gobierno fue incapaz de aclarar cuál es su plan C, y sigue sin hacerlo. Con el agravante de que, desde hace días, Sánchez y sus ministros vienen presumiendo de que ya tienen experiencia en desplegar medidas sociales ante «choques inflacionistas» y que lo volverán a hacer. Cuando no han sido capaces de mantener en pie el anterior escudo porque no tienen mayoría en la Cámara Baja sin Junts, que no está ni se le espera.

Con este escenario, el presidente señaló el pasado viernes, al término de una cumbre entre España y Portugal: «Lo que está sucediendo en sus bolsillos o pueda suceder nada tiene que ver con las decisiones que haya tomado el Gobierno de España, sino con una guerra ilegal que va a traer mucha resaca». En otras palabras: él no es responsable de nada.