Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en una reunión pasada en la Moncloa
Prepara medidas
El Gobierno se resiste a bajar los impuestos a los carburantes y aleja un pacto con el PP
El Ejecutivo vende que buscará el apoyo de todos los grupos a su plan de medidas ante la guerra de Irán, incluido el de Vox, porque la emergencia lo requiere. Sin embargo, el final es previsible
Dos veces le preguntaron a la portavoz del Gobierno este martes en La Moncloa, dos veces no respondió. Ni sí, ni no. El Ejecutivo se resiste a bajar los impuestos a los carburantes en el paquete de medidas frente a la guerra de Irán en el que está trabajando. Sería la segunda vez, porque en el plan de respuesta a la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania en 2022 tampoco los bajó. Aquel año recaudó con el IVA 82.595 millones de euros, el 17,3 % más que en 2021. Esa resistencia, a su vez, aleja cualquier hipotético pacto con el PP. No lo hubo en 2022 y es más que probable que tampoco lo haya ahora.
El Gobierno anunció ayer que el ministro encargado de las relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, va a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para hablar y escuchar, antes de llevar al Consejo de Ministros un real decreto ley con las primeras medidas para paliar los efectos de la guerra y del cierre del estrecho de Ormuz. No se sabe cuándo, porque en la Moncloa tampoco lo aclaran.
El Ejecutivo empezó a vender ayer que buscará el apoyo unánime de los grupos porque la emergencia lo requiere, y por ello incluso incluirá llamará a Vox; aunque dando por hecho que los de Santiago Abascal no se sentarán con Bolaños. Sin embargo, el final es previsible: no habrá acuerdo con el PP, que reclama bajadas de impuestos: reducir al 10 % el IVA de la energía a todos los consumidores, suprimir el impuesto de generación eléctrica y rebajas en el IRPF para las familias. Mucho menos lo habrá con Vox, así que Junts tendrá la última palabra: y los independentistas vienen de tumbarle al Gobierno dos veces su escudo social en un mes.
Pedro Sánchez acostumbra a moverse bien en las situaciones imprevistas y límite. Su estrategia es siempre la misma, o parecida: invoca un gran acuerdo de país; hace algún gesto para que parezca que escucha a sus socios; acaba decidiendo de forma unilateral, o como mucho contando con Sumar; y el resultado se lo da a votar al Congreso.
Esta vez no será él mismo quien lidere las conversaciones —que no negociaciones— con los partidos del arco parlamentario, sino Bolaños. El presidente se reserva para su comparecencia parlamentaria del miércoles 25 de marzo, sin que la Moncloa haya aclarado si el Gobierno aprobará las primeras medidas en el Consejo de Ministros del martes 24. El del martes 17 está prácticamente descartado, porque se celebrará antes de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE el jueves 19. Además, se da la circunstancia de que el Ejecutivo se había comprometido a aprobar los Presupuestos de 2026 en Consejo de Ministros antes de que acabe marzo. Ahora ambos caminos se cruzan.
En el caso del Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra que el Consejo de Ministros aprobó el 29 de marzo de 2022 (la invasión de Ucrania se había iniciado el 24 de febrero), el Ejecutivo movilizó 16.000 millones de euros, aunque 10.000 millones fueron en préstamos a través de una nueva línea de avales.
El real decreto ley en el que se materializó fue convalidado en el Congreso el 28 de abril de ese año por 176 votos a favor, 172 en contra y una abstención. Se opusieron el PP, Vox y también ERC, Ciudadanos y también lo que hoy es Junts. Incluso los que votaron a favor se quejaron de que el Gobierno no se hubiese reunido con ellos previamente, error que esta vez Sánchez va a evitar. Al menos ese. Aquel decreto ley debía tramitarse después como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios pudieran introducir enmiendas, pero en mayo de 2023 el presidente disolvió las Cortes y aquel compromiso caducó.
Aunque la mitad del precio final de la gasolina y el diésel son impuestos, entonces el Gobierno no quiso bajarlos y optó en su lugar por una bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible. La medida fue bastante controvertida y, a partir de 2023, acabó restringiéndose al transporte profesional.
En esta ocasión, tanto la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio como la CEOE han pedido al Ejecutivo que no opte por los descuentos, sino por las rebajas de impuestos. En concreto, sugieren una reducción temporal del IVA de los carburantes del 21 al 10 % y rebajar a la mitad el Impuesto Especial de Hidrocarburos.
«El Gobierno lleva tiempo preparando un plan de respuesta integral a los efectos de esta guerra, guerra que no avalamos (…). Ya hemos antepuesto los intereses de la ciudadanía en otros conflictos, como en el de Ucrania, y lo volveremos a hacer porque estamos preparados», insistió Saiz, sin ir más allá.
