El militar responsable de los Falcon fue ascendido a general el pasado mes de junio

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de junio el ascenso a general de brigada de L.G.C., máximo responsable hasta 2024 del Grupo 45 del Ejército del Aire y del Espacio, la unidad encargada de operar los aviones Falcon utilizados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros altos cargos del Estado. El nombramiento fue formalizado mediante el Real Decreto 497/2025, de 17 de junio, a propuesta del Ministerio de Defensa.

El ascenso se produjo tras L.G.C. dirigir la unidad responsable de las aeronaves oficiales que se encuentran bajo escrutinio por los continuos desplazamientos a destinos como la República Dominicana. Tal y como publicó El Debate en exclusiva, este periódico accedió a los planes de vuelo de una veintena de trayectos realizados por el Falcon en los últimos años, en los que se aprecia cómo, en algunos de los vuelos, no se declaró la identidad de los pasajeros que viajaban a bordo.

Entre esos desplazamientos figura uno especialmente relevante fechado el 12 de junio de 2023, en el que un Dassault Falcon 900 voló desde Santo Domingo hasta Cúcuta, en la frontera con Venezuela, con el sistema de localización ADS-B desactivado. La desconexión de este dispositivo impide que el recorrido quede registrado en plataformas civiles de seguimiento aéreo, lo que dificulta reconstruir el trayecto y conocer su finalidad. Ese vuelo no aparece en bases de datos abiertas, pero sí consta en documentación oficial a la que ha tenido acceso este periódico, lo que acredita su realización. El aparato formaba parte del dispositivo desplegado en un viaje oficial a Colombia, aunque ese desplazamiento concreto no figuraba en el programa institucional.

Sobre estos hechos se apoya la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias ante los juzgados de Madrid, dirigida contra el responsable de la unidad. El escrito sostiene que el vuelo se realizó «con el localizador ADS-B apagado para no dejar rastro», lo que, según recoge la propia denuncia, generó un «riesgo real por colisión» al no transmitir la posición del avión. La denuncia atribuye estos hechos a posibles delitos de malversación de caudales públicos y contra la seguridad de los trabajadores. La malversación implica el uso irregular de recursos públicos, en este caso, aeronaves del Estado, para fines distintos a los legalmente previstos, mientras que el segundo tipo penal se refiere a la adopción de decisiones que puedan comprometer la seguridad de la tripulación.

La investigación publicada por El Debate también puso el foco en los frecuentes vuelos a República Dominicana, algunos coincidentes en fechas con viajes privados de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, lo que ha incrementado las dudas sobre el uso de estos medios oficiales y el control real de los desplazamientos.