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DNI digital en el móvil, un auténtico todo en uno

DNI digital en el móvil, un auténtico todo en uno

El verificador financiado por redes públicas que tachó de «bulo» a El Debate ahora admite la grieta en las urnas del DNI digital

  • Maldita, integrada en proyectos europeos y subvencionada con dinero público, rectifica tras el señalamiento coordinado desde RTVE y ministros del Gobierno

  • Newtral, también beneficiada del maná de fondos europeos, y RTVE verifica mantienen su señalamiento

El portal de verificación Maldita.es, que calificó como «bulo» la información publicada por El Debate sobre la falta de verificación del DNI digital en las urnas, reconoce ahora que identificarse con las aplicaciones del Gobierno sin QR ante las urnas no es seguro y alerta que hacerlo así aumenta el riesgo de manipulaciones y suplantaciones.

Es decir, confirma la grave grieta de seguridad revelada por El Debate por la que este medio y la propia autora han sufrido una brutal campaña de desinformación y calumnias llegando incluso a cesar como colaboradora del ente público televisivo a Isabel Durán.

La rectificación es solo a medias. El portal no dice que fue el propio Gobierno quien instó a la Junta Electoral Central a eliminar los sistemas de verificación de sus aplicaciones en las urnas.

El ataque político y mediático sincronizado en el que participaron la televisión pública y varios ministros del Gobierno –Félix Bolaños y Óscar Puente–, se desató a través de las redes sociales cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se hizo eco de nuestra grave denuncia.

De «bulo» a grieta técnica

El movimiento de Maldita es revelador. Reconoce ahora a través de dos expertos que la solicitud del Ejecutivo a la JEC «supone prescindir de los tres pilares fundamentales» que exige el Reglamento europeo –eIDAS– para que los medios de identificación electrónica tengan un nivel de seguridad alto: la autenticación multifactor, la vinculación dinámica y la resistencia a la suplantación.

En román paladino, el «fact checker» rectifica sin mencionarlo expresamente y sin pedir disculpas por sus injustificados ataques. Al reconocer ahora que sin el QR no existen garantías de que quien enseña esa aplicación en la mesa electoral es quien dice ser «puesto que no hay ningún mecanismo que permita a un verificador detectar suplantaciones» asumo como propio lo denunciado por El Debate.

Lo que se negó acusándonos de bulo enmarcado en un engañoso desmentido que hurtaba lo mollar del asunto reaparece ahora como reconocimiento de en forma de problema técnico operativo.

Un «verificador» dentro de un ecosistema financiado con dinero público

El papel de Maldita en este episodio adquiere otra dimensión cuando se analiza su financiación. El propio medio reconoce que su modelo se basa en: subvenciones públicas, proyectos europeos y redes internacionales (https://maldita.es/quienes-somos/).

Su integración en estructuras financiadas con dinero público de Bruselas a través de consorcios como European Digital Media Observatory (EDMO) y Proyecto europeo IBERIFIER convierte la herramienta europea para combatir la desinformación en un arma de destrucción de la verdad sincronizada con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo que confiere a sus ataques una gravedad extrema que deberían ser auditados por Bruselas.

Aunque la presunta plataforma verificadora española dice que lo hace sin ánimo de lucro, la realidad es que se encuentra inmersa en un ecosistema regado generosamente con fondos públicos de la Comisión Europea procedentes de las aportaciones de los estados miembros.

La desinformación es una peligrosa herramienta de manipulación de la sociedad. De ahí que la Unión Europea despliegue políticas activas para combatirla. El caso más paradigmático fue el ataque de Rusia en el proceso independentista catalán. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esta herramienta europea se utiliza de forma partidista y sectaria al servicio de un Gobierno?

La secuencia: acusación de bulo, tsunami de «hodiadores» y amenazas explícitas

Lo ocurrido con El Debate no es nuevo. Sigue un patrón reconocible:

  1. Un medio publica una información incómoda
  2. Un «verificador» la etiqueta como «bulo»
  3. Medios públicos amplifican el desmentido
  4. Miembros del Gobierno atacan a quienes difunden la información
  5. El verificador introduce después matices que reconocen el problema

En este caso, Maldita lo calificó como bulo. Su difusión fue recogida todos los medios y redes sociales afines. Félix Bolaños y Óscar Puente cargaron en redes. E Isabel Díaz Ayuso fue señalada por compartir la información mientras el elemento técnico central –la ausencia de verificación obligatoria– era obviado.

La secuencia continúa al provocar un maremoto de acusadores en redes sociales y «hodiadores» que llegan incluso a desear que vuelvan las checas, amenazan a la autora de la noticia con encontrarse cabezas de caballos en la cama o pidiendo que si hay una guerra civil sean los primeros en caer junto a sus familias.

Europa no puede financiar una democracia deformada por sus propias herramientas al servicio del poder

Maldita no ha rectificado formalmente. Su plataforma gemela Newtral, –también inserta en el maná europeo de verificación– ni siquiera ha reconocido la grieta de seguridad en el sistema electoral que ya reconoce Maldita. Y mucho menos RTVE Verifica, la herramienta del ente público incrustada en la alianza de medios públicos de la Unión Europea de Radiodifusión. Todas ellas mantienen su grave señalamiento.

La Unión Europea debería actuar sin dilación. Europa no debe permitir que sus herramientas para la lucha contra la desinformación se conviertan en instrumentos de persecución política y periodística al servicio del Gobierno. Y mucho menos que sus plataformas contribuyan a generar un clima de hostilidad que derive en ataques personales –incluso en amenazas– contra quienes publican informaciones veraces amparadas por el artículo 20 de la Constitución.

Europa no puede ser quien financie una democracia deformada por quienes, al calor de fondos públicos y redes institucionales, erosionan los principios que dicen proteger al servicio del poder político.

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