Anticorrupción se querella contra el ex ‘tres’ de Montero por cohecho por cobrar mordidas a cambio de archivar pleitos fiscales

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por un delito de cohecho contra José Antonio Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que dimitió tras los reportajes de investigación de El Debate. Se trata de quien fuera el ‘tres’ de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. La acción judicial, que se basa en las informaciones de este periódico, llega tras nueve meses de investigación bajo secreto y sitúa al exalto cargo en el foco del presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de archivar pleitos fiscales. Tras su salida, Montero defendió la inocencia de Marco Sanjuán afirmando que las informaciones publicadas por este periódico eran bulos: «Son mentiras y fango».

Tal y como ha podido saber este periódico, la querella se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid y se dirige contra Marco Sanjuán y otras 15 personas. Entre ellas figuran varios empresarios que, según la investigación, pagaron presuntamente cantidades económicas a cambio de resoluciones favorables en procedimientos tributarios. La querella se formula por un delito de cohecho. Es decir, la recepción de dádivas o pagos a un cargo público a cambio de actuar en beneficio de quien los entrega. Este delito conlleva penas de prisión que pueden alcanzar los seis años, además de multas e inhabilitación para empleo o cargo público.

La caída de Marco Sanjuán se produjo el pasado mes de junio, cuando El Debate comenzó a publicar varios reportajes sobre su actuación al frente del TEAC, un órgano clave encargado de resolver los recursos de grandes contribuyentes frente a sanciones de la Agencia Tributaria. La mayor parte de los hechos se produjeron durante su etapa en este tribunal, al que llegó en 2018 como uno de los primeros nombramientos de Montero, que en breve dejará el Gobierno para liderar la candidatura del PSOE en las elecciones en la Junta de Andalucía. Su designación respondió a la máxima confianza al tener afinidad política y personal con Montero y también al tratarse de un perfil técnico con larga trayectoria dentro de la estructura tributaria.

De acuerdo con la investigación, Marco Sanjuán intervino en la resolución de expedientes tributarios de elevado importe aprovechando que tenía la capacidad para anular sanciones millonarias impuestas a empresas. El núcleo de la investigación gira en torno a la sospecha de que determinados procedimientos eran archivados o resueltos de forma favorable tras el pago de cantidades económicas en metálico. Esos pagos, siempre según las fuentes consultadas, no se realizaban mediante transferencias ni mecanismos rastreables, sino en efectivo, lo que dificultaba su seguimiento.

El Debate publicó que uno de los episodios más relevantes se refiere al abono de 100.000 euros por parte de un empresario a Marco Sanjuán a cambio de anular una reclamación fiscal. Según este testimonio, las entregas se realizaban en encuentros concertados en una cafetería próxima a su despacho oficial. «Dinero. Ahora me dice: ¿Cuándo quedamos a tomar un café?», afirmó el empresario en alusión directa a un pago que le pidió el exalto cargo. Las citas se producían con cautelas para evitar seguimientos, con cambios de ubicación y medidas para no dejar rastro.

Uso de testaferros

En esas conversaciones, el empresario aseguraba que el dinero no se quedaba íntegramente en manos del presidente del TEAC, sino que era repartido. «Me tienes que dar porque los demás ya han cobrado todos», trasladaba Marco Sanjuán en uno de los mensajes en referencia a la posible existencia de más personas dentro de Hacienda con conocimiento o participación en los hechos. El mismo empresario detalló que los pagos no eran puntuales, sino que respondían a una relación prolongada en el tiempo y que estaba vinculada a distintos expedientes. También afirmó que Marco Sanjuán adoptaba precauciones para evitar ser detectado, como modificar los horarios o los lugares de encuentro en función de si creía estar siendo vigilado. Estas prácticas refuerzan la hipótesis de una operativa sostenida en el tiempo y no de un hecho aislado.

Antes de su llegada al TEAC, ya durante su etapa como presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, se produjeron episodios de características similares. En concreto, El Debate publicó la anulación de sanciones a empresas como Discomtes Valladolid SL, a la que se le levantó una multa superior al millón de euros. En este caso, los pagos no se realizaban en metálico, sino a través de un entramado societario que se articulaba en torno a la sociedad Investment Betancunia SL, propiedad de Marco Sanjuán. Inicialmente, el propio exalto cargo facturaba directamente a las empresas beneficiadas por sus resoluciones. Con el tiempo, el sistema evolucionó hacia un esquema en el que intervenían terceras personas. Dos colaboradores de su confianza, Enrique Lahera Tomos y Gonzalo Perdrix Ezequiel, emitían facturas a las empresas favorecidas para posteriormente trasladar los importes a la estructura del 'tres' de Montero. Este mecanismo permitía alejar formalmente los pagos de la figura del cargo público, aunque mantenía la conexión económica.

La publicación de estas informaciones por parte de El Debate provocó un terremoto político y Marco Sanjuán dimitió el 25 de junio de 2025. Días después, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias, Anticorrupción abrió una investigación contra él. Sin embargo, desde el primer momento, el Ministerio de Hacienda cerró filas en torno a su figura. Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, exigió explicaciones en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados y pidió responsabilidades políticas por el nombramiento y la permanencia de Marco Sanjuán en el cargo. Por su parte, Montero defendió públicamente su gestión, negó cualquier irregularidad y calificó las informaciones de este periódico como «mentiras y fango». En esa misma línea se pronunció el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, quien sostuvo en el Senado que no existían indicios que justificaran las acusaciones y respaldó la actuación del hasta entonces presidente del TEAC.