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El Gobierno veta la enmienda del PP que limita la regularización de inmigrantes alegando un sobrecoste de 16,8 millones

El Senado aprobó el pasado 18 de marzo la ley para combatir la multirreincidencia, una iniciativa de Junts que ha incorporado durante su paso por la Cámara Alta varias enmiendas que suponen un endurecimiento de la ley de extranjería

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vetado la tramitación en el Congreso de la enmienda que PP, Vox y Junts introdujeron en el Senado en la ley contra la multirreincidencia para limitar el actual proceso de regularización de inmigrantes reforzando el control de los antecedentes penales. Según el Ejecutivo, esa tarea exigiría contar con 400 funcionarios más de Extranjería y eso implicaría un sobrecoste de 16,8 millones de euros.

En concreto el Ejecutivo también ha vetado la enmienda que propone que en el plazo de dos años se amplíen las plazas de fiscales de área y comunidades autónomas, que implican 491 plazas nuevas de fiscales, que supondrían un aumento de las cuentas públicas de unos 54 millones de euros.

También la que implicaría la creación de 400 plazas de funcionario en las brigadas provinciales de extranjería que conllevaría, según el Gobierno, un coste adicional de 17 millones de euros.

El Senado aprobó el pasado 18 de marzo la ley para combatir la multirreincidencia, una iniciativa de Junts que ha incorporado durante su paso por la Cámara Alta varias enmiendas que suponen un endurecimiento de la ley de extranjería, con más controles para los inmigrantes que soliciten la regularización. La norma será votada este jueves en el pleno del Congreso.

En este contexto, el domingo la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, aseguró que su formación confía en el apoyo de Junts para intentar limitar la regulación de inmigrantes a través de esta norma. «Ya sabemos que el Gobierno y el PSOE no están de acuerdo y que lo que plantean son procesos de regularización de migrantes sin ningún tipo de control desde el punto de vista de la seguridad. Pero si hay una mayoría parlamentaria que está en otra posición, debe respetarla e incorporarse a la ley», dijo a Europa Press.

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