Sánchez activa el mecanismo para nombrar un magistrado afín en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Rafael Bustos Gisbert o Ana Salinas. Estos son los dos nombres que maneja el Gobierno para hacerse cargo de la plaza de magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que quedará vacante el próximo año y cuyo concurso de méritos ya se ha activado. Tal y como avanzó El Debate, en exclusiva, hace unas semanas, uno de los encargos con los que llegó la nueva embajadora española ante el Consejo de Europa, Rosa Velázquez Álvarez, recientemente designada, era el de «preparar el terreno para la sustitución de la actual jueza española en la Corte, María Elósegui, por un juez ad hoc», próximo a las posiciones ideológicas del Gobierno. Velázquez está llamada «a explicar algunas de las sentencias más recientes y polémicas del Tribunal Constitucional español (TC)» que, previsiblemente, llegarán a Estrasburgo, en los próximos meses, acompañadas de sus correspondientes votos particulares discrepantes.

Si bien es cierto que Elósegui no cesará en su cargo hasta el 25 de marzo de 2027, esto es, el próximo año, ha sido ahora cuando el Gobierno ha activado el concurso público previsto para, en su momento, cubrir la vacante. Un mecanismo regulado por decreto, que fue aprobado por el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, en 2020, desoyendo los criterios de imparcialidad y transparencia exigidos por el Consejo de Europa a los países miembros, con insistencia. En especial, teniendo en cuenta que los últimos informes internacionales, algunos de entidades tan relevantes como la Comisión de Venecia, o del propio GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), sobre nuestro país, en materia de independencia judicial, no han sido del todo favorables, según los estándares del resto de los miembros de la UE.

De tal manera que el Gobierno, como ya es oficial, tendrá que enviar antes de 10 de agosto de este año, el listado con los tres candidatos propuestos a la Asamblea Parlamentaria, para evitar que la juez actual continúe de manera interina. En todo caso, el objetivo es que toda la tramitación y el posterior nombramiento quede resuelto antes de que se convoquen las próximas elecciones generales.

Y, para ello, suena como favorito Rafael Bustos Gisbert, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Aunque fuentes de toda solvencia no descartan, tampoco, activar un perfil femenino alternativo, llegado el caso, para lo cual la elegida sería Ana Salinas.

Una maniobra envuelta en críticas

Así las cosas, se ha habilitado un proceso en el que será el Gobierno, que cuenta con mayoría de miembros en el Comité de Selección, el que determine los nombres de los candidatos propuestos. Eso sí, un escenario en el que no se tendrá en cuenta la importante recomendación prevista en el decreto de previsto para ello donde se establece que al menos uno de los jueces que debería definir el futuro de la terna de perfiles que se enviará a Estrasburgo, debería haber sido, «preferiblemente», «miembro» del TEDH.