La Asociación de Fiscales exige una «estrategia ordenada» de creación de plazas antes de asumir la instrucción penal

El Ministerio Fiscal «carece de una planificación moderna y eficiente de sus propios recursos humanos, habiéndose basado exclusivamente durante años en la tasa de reposición lo que ha generado problemas estructurales de insuficiencia de la plantilla, excesiva y desigual carga de trabajo y la indeseada situación de expectativa de destino de las nuevas promociones de fiscales», denuncia la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) en un informe técnico que ha distribuido en la Carrera y al que ha tenido acceso El Debate.

Una realidad que ha provocado que ante «necesidades sobrevenidas derivadas» de situaciones de emergencia o necesidad, se hayan adoptado «soluciones de emergencia», dejando de lado «los tradicionales principios que han regido el acceso a la carrera, de mérito y capacidad», lamenta la AF.

Hasta la fecha, el criterio fundamental en que se ha basado la planificación de los Recursos Humanos en el seno del Ministerio Fiscal y, en concreto, para determinar el número de plazas en oposiciones ha sido el de la tasa de reposición, es decir, el número de plazas que se han venido convocando en las oposiciones ha dependido básicamente del número de jubilaciones, fallecimientos y renuncias o bajas definitivas por otras causas. Sin embargo, este sistema ha demostrado en la práctica ser insuficiente y ha derivado en problemas ya que, aunque la convocatoria de plazas pretende ajustarse a las necesidades del sistema, no siempre en la práctica se ha conseguido derivando en situaciones indeseadas como la situación de expectativa de destino en que muchos nuevos fiscales han accedido a la carrera después de años de estudio".

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública anunció el 31 de enero de 2024 la eliminación de la tasa de reposición a partir de 2025 como criterio para convocar plazas de funcionarios a la vista de los problemas que la aplicación de la misma provocaba y que derivaba en importantes desajustes entre las necesidades de oferta y demanda.

Un anuncio que, en opinión de la AF, «puede tener importantes consecuencias para la planificación de la plantilla del Ministerio Fiscal, es insuficiente si no conocemos cuales son los criterios que se van a aplicar para una planificación eficiente de recursos humanos en la institución que atienda a las peculiaridades y necesidades de la misma».

Por ello, y sobre la base de esta idea, la entidad profesional mayoritaria ha confeccionado un estudio de campo en el que señalan los criterios que deben regir la plantilla del Ministerio Fiscal «a fin de desarrollar una planificación estratégica a medio y largo plazo» que permita «ajustar el número de plazas convocadas en las oposiciones a las necesidades reales».

Así las cosas, en la AF sostiene que «el punto de partida de la nueva planificación de recursos humanos del Ministerio Fiscal ha de ser la perspectiva de la atribución de la dirección de la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal». Un aspecto del que, a su juicio, depende «la posibilidad de asumir», correctamente, «la dirección de la investigación penal que se anuncia en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que se encuentra en trámite implica la necesidad de plantear una nueva estructura del Ministerio Fiscal y un incremento notable de personal que exige una planificación de recursos humanos eficiente de la que, sin embargo, carecemos».

«Cualquier plan de recursos humanos que se efectúe a medio o largo plazo debe partir de conocer cuál es la real vocación de atribución de la fase de investigación al Fiscal y en qué plazos y condiciones, a fin de adaptar las plazas que se creen y oferten en sucesivas oposiciones a las reales necesidades que esta situación generaría para la institución», reflexionan desde la entidad mayoritaria.

Frente a ello, la próxima creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales anunciada por el Gobierno «no parece avanzar en este sentido, contribuyendo sin embargo a aumentar la desproporción entre ambas plantillas que desde hace años se viene intentando paliar», denuncia la AF.

No en vano, «una planificación efectiva de la plantilla de la carrera debe basarse en criterios de necesidad estructural y carga de trabajo» que contemple una «distribución real de efectivos atendiendo a criterios, no de mera equidad entre territorios, sino a criterios objetivos de necesidad real de refuerzo de determinadas fiscalías notablemente más sobrecargadas ya sea atendiendo a criterios de densidad de población, litigiosidad o de carga de trabajo de los fiscales».

En cualquier caso, «el nuevo modelo que se diseñe debe establecer un sistema de planificación flexible, capaz de anticipar las necesidades futuras de personal y adaptarse a fenómenos como el envejecimiento de las plantillas o el aumento de la litigiosidad», exigen los fiscales. Una perspectiva que resulta especialmente relevante en el ámbito del Ministerio Fiscal, donde en los próximos años se prevé un número significativo de jubilaciones, sin tener en cuenta las de carácter anticipado o los ceses por cualquier otra causa que pudieran darse en los próximos años.

Además. dicha planificación «deberá basarse en un estudio serio, racional y basado en criterios objetivos, de la carga de trabajo de las Fiscalías y los/las fiscales, sin dejar de lado las necesidades que van a derivar del previsible elevado número de jubilaciones que se prevén a medio/largo plazo en la carrera».