Se acerca la hora de Begoña
La vista de este miércoles es obligada para concretar la imputación que exige la ley del jurado, sobre cuya aplicación existen antecedentes en los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, dos de los cinco por los que se persigue a la encausada
Hoy está llamada a testificar la esposa del presidente del Gobierno ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Es más que probable que no acuda, dado que no se ha solicitado ningún dispositivo de seguridad especial. Es marca de la casa: ella levita por encima de nuestras cabezas y, siempre que puede, se niega a dar explicaciones. Su marido dijo, tras aquel permiso retribuido de cinco días, que iban a colaborar con la justicia y están haciendo justo lo contrario. Nos hubiera sorprendido que no fuera así. Pero es hora de poner en limpio ciertas cosas. Los árboles de la propaganda oficial y mediática, sumados a los líos procesales, intentan evitar que veamos el bosque frondoso que crece en Moncloa y que coloca la corrupción y la arbitrariedad en el mismísimo corazón del Poder Ejecutivo –el propio hermano del presidente se sentará en el banquillo también el próximo 28 de mayo. Puede que los ciudadanos, incluso los mejor informados, se pierdan entre la maraña de idas y venidas formales de la causa penal que se sigue contra su cuñada, Begoña Gómez. Pero eso no quiere decir que la investigación no se acerque a su fin.
El juez Peinado y la Audiencia Provincial de Madrid mantienen una polémica procedimental para leguleyos, pero que, en líneas generales, no cambia en nada lo mollar de este sumario. La falta de escrúpulos de una señora y su marido, que se creen impunes, y que les ha hecho exprimir la teta de la vaca pública hasta dejarla seca, es ya en sí una inmoralidad colosal. Los mismos que han echado de España al Rey Juan Carlos, sin ninguna causa penal abierta, son los que están torpedeando que una investigada rinda cuentas sobre su comportamiento mientras sigue disfrutando de las ventajas palaciegas que todos le procuramos. Pueden montar en bici, ponerse gorras absurdas, hacer vídeos para niños de guardería, pueden autonombrarse luchadores por la paz, pero tic tac, el tiempo va pasando inexorablemente y se acerca el día en que Begoña le diga cara a cara a un juez cómo alzaprimó su mediocre carrera profesional y cómo medio Ibex se puso a disposición de una cátedra inmerecida de la mujer del titular del Gobierno.
Porque vamos a recapitular: la justicia investiga si la pareja de Sánchez se ha aprovechado de su proximidad al jefe del Gobierno para impulsar su proyección laboral en la Universidad Complutense, pública para más señas, obteniendo para ello una interlocución singular con sus responsables, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico, al tiempo que recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial para la creación de una cátedra extraordinaria para lo que no tenía titulación. Y el magistrado que la investiga por cinco delitos quiere saber también si, en concreto, el empresario Juan Carlos Barrabés, también imputado, le ayudó en su ascenso profesional a cambio de un trato de favor de la Administración pública.
Además, apunta también la Justicia a que la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, investigada como su jefa, pagada con dinero público como funcionaria en Moncloa, intervino de manera continuada en actividades ajenas a las funciones propias de su puesto y habría servido de apoyo operativo a la consorte en actos, reuniones, correos, convenios, patrocinios, gestiones empresariales, cuestiones económicas y actuaciones universitarias vinculadas a la cátedra, con medios y posición institucional pública en favor de intereses estrictamente privados o particulares.
Para juzgar a los tres investigados, Peinado insiste en que sea un jurado popular el que asuma el procedimiento, decisión que fue anulada por la Audiencia provincial. La vista de este miércoles es obligada para concretar la imputación que exige la ley del jurado, sobre cuya aplicación existen antecedentes en los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, dos de los cinco por los que se persigue a la encausada. Para que conste en acta, más allá del acierto o no de algunas decisiones del instructor.
De hecho, no importa que Peinado cumpla a finales del próximo mes de septiembre 72 años, que es la edad máxima para ejercer como juez. Es posible que tenga que jubilarse antes de que acabe la instrucción. Pero la justicia no depende de nombres. Depende de la carga probatoria y el sumario de Begoña es demoledor.
