El Gobierno relanza el señuelo del aborto al inicio del juicio a Ábalos y en plena precampaña andaluza

El Gobierno relanzó este martes el señuelo de la reforma imposible de la Constitución para incluir en ella el aborto. Precisamente el día en que el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sentaban en el banquillo del Tribunal Supremo en el inicio del juicio de las mascarillas, el primero que juzga la corrupción económica del sanchismo. Y el día en que Jésica, la amante a la que Ábalos puso un piso a un kilómetro escaso de la sede del PSOE de la calle Ferraz, declaraba como testigo. Y, también, a 40 días de las elecciones en Andalucía, cuya precampaña se ha reactivado tras la tregua de la Semana Santa.

El Consejo de Ministros de ayer aprobó en segunda y definitiva vuelta el proyecto de reforma del artículo 43 de la Carta Magna. Se trata de una iniciativa que nace muerta porque para su aprobación es necesario el voto favorable del PP -mayoría de tres quintos- y Pedro Sánchez ni lo tiene ni lo tendrá. Pero aun así los socialistas llevan desde octubre dando hilo a la cometa, con el compromiso de incluir un nuevo apartado en ese artículo, el cuarto, con esta redacción: «Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio».

El Gobierno tenía desde hacía más de un mes, desde el pasado 26 de febrero, el dictamen que el Consejo de Estado aprobó sobre el texto gubernamental. Un dictamen preceptivo en este caso, aunque no vinculante. Desde entonces, el Consejo de Ministros ha celebrado cinco reuniones ordinarias a mayores de la reunión de este martes. En cualquiera de ellas podía haber dado luz verde a la reforma definitiva para enviarla al Congreso. Pero el Ejecutivo estaba esperando el momento más efectista.

Ese momento es ahora, coincidiendo con el arranque del juicio al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE y con María Jesús Montero ya volcada en la precampaña andaluza. Allí, los socialistas buscan cómo movilizar a parte de los 570.000 andaluces que en las elecciones generales de 2023 votaron a Sánchez, pero que un año antes no apoyaron a Juan Espadas como candidato a la Junta. Y creen que un tema como el aborto espolea al electorado de izquierdas, sobre todo a las mujeres.

«Lo que al Gobierno le importa es blindar lo que está en riesgo, que es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres en buena parte de España. Cuando una mujer acude a una clínica privada se expone a las amenazas, a los insultos, al hostigamiento de grupos antiabortistas. Cuando una mujer va a interrumpir voluntariamente su embarazo a un hospital público nadie sabe a lo que va», señaló la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa desde la Moncloa. Allí, Redondo apeló a los populares para que recapaciten, y negó que el momento elegido tenga que ver con la precampaña en Andalucía. Según sostuvo, «son demasiadas las campañas electorales que se van enlazando»; «no podemos condicionar la acción de gobierno».

En realidad, todo en torno a esta reforma inviable de la Constitución se reduce al efectismo, que es lo que buscan desde el principio los socialistas. No a la efectividad. Porque los socialistas saben de sobra que la modificación del artículo 34 no tendrá el apoyo de tres quintos de la Cámara Baja. Sumar 210 votos se antoja imposible para un Gobierno que en muchas ocasiones no tiene ni mayoría simple. De hecho, el de Sánchez es el Ejecutivo que arrastra el mayor número de reales decretos leyes derogados por el Congreso, nueve. Y va camino de tumbarle el décimo en el Pleno del 30 de abril. Por no hablar de las decenas de leyes que tiene atascadas en la Cámara Baja porque no cuenta con los números para sacarlas adelante.

Cuando en octubre el presidente lanzó a la arena política esta propuesta de reforma, lo hacía con dos objetivos, que ahora confluyen en la campaña andaluza. Por un lado, resintonizar con las mujeres, escandalizadas por la red de prostitutas que tenían a su alrededor Ábalos y su exasesor de cabecera. Por el otro, sembrar cizaña en el PP, consciente de que el aborto siempre ha sido un debate incómodo para los populares. Estos trataron de zanjarlo cuando, en mayo de 2023, el Tribunal Constitucional validó la ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero. «El aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley», resumió entonces Alberto Núñez Feijóo. Pero no lo lograron. Siempre les vuelve. Máxime si una de sus referentes, Isabel Díaz Ayuso, planta batalla como la ha plantado a la ley del aborto actual, que obliga a las comunidades a crear un registro de médicos objetores. Vox, por el contrario, es mucho más claro al respecto que el PP.

A esos dos objetivos iniciales se une ahora la necesidad que tiene el Gobierno de amortiguar el impacto del juicio de las mascarillas en la opinión pública. Solo en la primera sesión, el hermano de Koldo reveló que recogió dinero en efectivo en Ferraz dos veces y viajó a República Dominicana por orden de Aldama. Y Jésica reconoció entre otras cosas que nunca fue a trabajar a Ineco, pese a cobrar un sueldo de la empresa pública.