Forestalia, en el ojo del huracán: las claves de la investigación que cerca al gigante eólico y salpica a Cerdán

Con la atención mediática dirigiéndose a la primera semana del juicio a la corrupción del PSOE, con José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, otro caso amenaza con estallar. Se trata de la investigación que afecta a Forestalia, una de las empresas más poderosas en el negocio de las renovables.

Durante años, esta empresa se convirtió en uno de los grandes nombres de la transición energética, levantando un imperio de parques eólicos y fotovoltaicos, con especial peso en Aragón y proyectos tan ambiciosos como el Clúster del Maestrazgo, uno de los mayores complejos renovables previstos en España. Precisamente ese crecimiento meteórico es ahora el centro de la causa judicial que instruye un juzgado de Teruel, que investiga si parte de ese desarrollo se cimentó sobre decisiones administrativas amañadas.

La investigación se disparó tras las denuncias y alertas de técnicos y colectivos que venían cuestionando desde hace tiempo la tramitación de algunos proyectos. Según los testimonios recogidos en la causa, varios informes ambientales inicialmente desfavorables acabaron cambiando de sentido o siendo corregidos tras presiones internas. Funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica y del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental habrían advertido de alteraciones «alarmantes» en expedientes sensibles, alertando que no se trató de errores aislados, sino de una dinámica para allanar el camino a proyectos estratégicos de Forestalia.

En el centro de todo aparece Fernando Samper, fundador de Forestalia y hasta hace apenas unos días presidente del grupo. Para el juez y los investigadores, Samper sería una figura clave dentro de la supuesta trama y la Guardia Civil sospecha que pudo haber pagos o contraprestaciones a cambio de permisos favorables, aunque el empresario lo niega tajantemente. Samper fue detenido el pasado marzo junto a otras cinco personas en el marco de la Operación Perserte, una causa que ya apunta a posibles delitos de cohecho, prevaricación ambiental, blanqueo y organización criminal.

A su vez, una de las piezas más delicadas del sumario es el papel de Eugenio Domínguez, ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica. Los investigadores creen que pudo actuar como facilitador desde dentro de la Administración para desbloquear o acelerar autorizaciones y se sospecha que, desde puestos clave, habría influido en la tramitación técnica de proyectos para salvar obstáculos ambientales y acelerar su luz verde.

En la investigación también aparece el nombre de Santos Cerdán, aunque de momento no está siendo investigado en esta causa concreta. Fernando Samper reconoció hace unos días en el Senado que se reunió una vez con Cerdán, en un encuentro facilitado por el empresario Antxon Alonso, vinculado a Servinabar. Samper insistió en que nunca hizo negocios con él ni con esa empresa, pero el simple reconocimiento del contacto ha dado munición política a la oposición.

Mientras tanto, la presión sobre Forestalia ha ido en aumento conforme avanzaban los registros, las detenciones y la revisión de expedientes. De hecho, el Gobierno de Aragón ya se ha personado en la causa para tener acceso a la documentación y proteger los intereses públicos de la comunidad y, al mismo tiempo, varios proyectos de la compañía han quedado bajo una fuerte sombra de duda, con permisos revisados o iniciativas paralizadas a la espera de que se aclare si hubo irregularidades.

Mientras tanto, el gran interrogante es si el caso acabará demostrando una red organizada para amañar permisos o si quedará en una cadena de irregularidades administrativas sin recorrido penal suficiente. En cualquier caso, la investigación ya ha sacudido los cimientos de una de las empresas más influyentes del sector energético español.