El dueño de Air Europa declara en el Supremo sobre Koldo y Ábalos en plena investigación al rescate de su aerolínea

El Tribunal Supremo se convierte esta semana, de nuevo, en escenario de uno de los juicios más incómodos para el sanchismo, el 'caso mascarillas'. Mientras dos de los tres acusados José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre permanecen en prisión provisional, dispuestos a ser conducidos, un día más, el cuarto, ante la Sala de lo Penal, los testigos citados se preparan para declarar en sede judicial, con varios platos fuertes, entre ellos varias figuras vinculadas al círculo empresarial que rodeó aquellas supuestas operaciones opacas de la trama.

Especial atención merecen las comparecencia de Javier Hidalgo, CEO de Globalia, a su vez matriz de Air Europa, por las presuntas gestiones que, a través de Víctor de Aldama, vinculan al Ministerio de Transportes con el multimillonario rescate de la aerolínea. No es un detalle menor. Precisamente, cuando hace tan sólo un par de días que (como reveló El Debate en primicia) un juzgado de instrucción de Madrid ha aceptado investigar la ayuda por valor de 475 millones de euros concedida a la empresa, en noviembre de 2020, en tiempo récord. Una decisión que, sin duda, condiciona los términos del interrogatorio de Hidalgo, previsto para el próximo martes día 21 de este mismo mes.

Cabe recordar cómo Leonor González Pano, expareja de Aldama e hija de la empresaria Carmen Pano, quien ha reconocido que llevó un total de 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de Ferraz, ya confirmó la semana pasada ante el colegio de magistrados cómo el comisionista y Koldo García acudieron a la casa de la familia Hidalgo para recoger una bolsa –deportiva, según el relato– con 500.000 euros en efectivo.

Un pago que, según su versión, se habría producido el 2 de noviembre de 2020, justo un día antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de Air Europa. La ayuda, ratificó Carmen Pano, según Aldama, fue una gratificación «por las gestiones» del Ministerio de Transportes, y de su entonces titular, para agilizar y asegurar la concesión de dicho importe.

Si bien sendas declaraciones no son prueba directa, sino de referencia, ambas adquieren mayor relieve ahora que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias por la posible prevaricación que pudo cometerse en la concesión de dicho rescate. Y así, el Juzgado de Instrucción número 49 de la capital ha aceptado indagar a partir de la denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias, imputando al entonces número dos de la SEPI, Bartolomé Lora, por varias presuntas irregularidades detectadas en la operativa.

El grueso de las pesquisas se centra en conocer, ahora, si la aerolínea cumplía los requisitos objetivos exigibles –entre ellos, estar al corriente de las obligaciones tributarias– cuando recibió la inyección de dinero público. La coincidencia temporal con la supuesta entrega del medio millón de euros revelada por las Pano, no ha pasado desapercibida para nadie.

La influencia en las declaraciones de hoy

Este nuevo ingrediente que se suma a las sospechas de irregularidades, presuntamente cometidas por el Gobierno, introduce, en primer lugar, un elemento de credibilidad reforzada para los testigos citados que, ya con anterioridad, han referido la existencia de 'mordidas' ligadas a dicho rescate. Si un juez instructor considera que hay indicios suficientes para poner la operación en cuarentena, las versiones sobre los pagos por la trama, en agradecimiento, dejan de sonar como anécdotas de salón y pasan a formar parte de un contexto de la corrupción sistémica.

Si bien los abogados de las defensas intentarán desacreditar dichos testimonios tachándolos de «oídas», la apertura de la pieza separada sobre Air Europa les resta margen de maniobra.

Además, obliga al Supremo a extremar la atención sobre los diferentes testimonios pues, si bien se trata de causas independientes, el hecho de que se haya abierto una investigación simultánea sobre el mismo rescate, podría aportar elementos de contradicción entre lo que declare, por ejemplo, por el propio Javier Hidalgo, y lo que surja en el juzgado de instrucción porque podrían generarse nulidades o recursos posteriores.

No en vano, Hidalgo no es un testigo cualquiera. Su figura es la viva representación del nexo entre el mundo empresarial y las decisiones políticas del Ejecutivo socialista, en plena pandemia. Mientras Air Europa atravesaba una crisis existencial por el Covid, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió rescatarla con dinero público, articulando la operación a través de la SEPI con préstamos participativos y ordinarios que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil puso en cuarentena.

De hecho, según las investigaciones, el comisionista Aldama, contratado por la aerolínea, habría actuado como intermediario en varios frentes, incluyendo no sólo las mascarillas y las gestiones de obra pública o las licencias de hidrocarburos, con Transportes.

Que Koldo García, hombre de máxima confianza de Ábalos, aparezca en el relato de la entrega del medio millón de euros, en la comisión pagada por el rescate, no es baladí porque sitúa al exministro en el epicentro de un posible intercambio de favores. Un ambiente de sobres y maletines contrasta con la narrativa oficial de un Gobierno que gestionaba la pandemia con «transparencia».

Así las cosas, los testigos que a lo largo de esta mañana y de esta misma tarde, se acercarán a la sede del Alto Tribunal, entre los que se encuentran varios ex contactos y socios de Aldama, como Claudio Rivas o Juan Carlos Cueto, considerado el 'cerebro' de la trama; compartirán pasillos y espera con colaboradores de Soluciones de Gestión o la ex mujer de Koldo, a su vez imputada en la Audiencia Nacional, Patricia Úriz.