La SEPI dividió en dos los pagos del rescate de Air Europa para que Bruselas no revisara si la aerolínea tenía derecho a recibirlo

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, que en aquel momento dirigía María Jesús Montero, exvicepresidenta del Gobierno y actual candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, dividió en dos los pagos del rescate de Air Europa. Tal y como ha podido saber El Debate, este movimiento se produjo para evitar que el expediente tuviera que ser remitido a la Comisión Europea, el organismo encargado de revisar si la aerolínea cumplía los requisitos para recibir la ayuda pública.

Este dato adquiere especial relevancia en este momento, ya que este periódico publicó que el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha abierto diligencias para investigar la inyección de 475 millones de euros a Air Europa y ha acordado la imputación por un presunto delito de prevaricación de Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI y máximo responsable técnico del fondo en el momento en que se aprobó la operación.

El rescate, autorizado por el Consejo de Ministros el 3 de noviembre de 2020 con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, se estructuró en dos préstamos diferenciados: uno participativo de 240 millones de euros y otro ordinario de 235 millones. Ambos importes quedaron por debajo del umbral de 250 millones fijado por la normativa a partir de la cual es obligatorio notificar la operación a la Comisión Europea para su autorización previa.

La denuncia que ahora investiga el juzgado sostiene que ese fraccionamiento no fue neutro. La normativa vigente en ese momento establecía que cualquier ayuda pública que superara los 250 millones debía someterse al control de Bruselas, que analiza si la empresa cumple los requisitos de acceso, si la ayuda está justificada y si respeta las reglas de competencia. Al dividir el rescate en dos tramos, la operación evitó ese control previo y quedó bajo la exclusiva supervisión del Consejo Gestor del fondo, presidido entonces por Bartolomé Lora, actual 'dos' de la SEPI.

La diferencia de tratamiento respecto a otras operaciones del mismo instrumento refuerza esa tesis. En el caso de la siderúrgica Celsa, que recibió más de 500 millones de euros, el Gobierno sí remitió el expediente a la Comisión Europea para su evaluación. En el rescate de Air Europa, sin embargo, esa supervisión no se produjo a pesar de tratarse de una de las mayores inyecciones de dinero público aprobadas durante la pandemia. Este elemento se cruza además con los datos que han ido emergiendo en distintas investigaciones. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recogido en uno de sus informes, incorporado a una causa que se sigue en el Tribunal Supremo, referencias a conversaciones mantenidas en 2020 por personas vinculadas a la trama que investiga ese órgano en las que se aludía a los movimientos en torno al rescate de Air Europa y a la necesidad de acelerar su aprobación.

Según esas mismas fuentes, el 3 de septiembre de 2020 Javier Hidalgo, entonces consejero delegado de la compañía, se puso en contacto con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladar la urgencia de la operación. Cinco días después, el 8 de septiembre, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el propio Sánchez intercambiaron comunicaciones en las que se abordaba la situación de la aerolínea. La denuncia sostiene que, a partir de ese momento, se produjeron movimientos para agilizar la concesión de la ayuda. Entre esas conversaciones y la aprobación definitiva del rescate transcurren apenas dos meses. El 3 de noviembre de 2020, el Consejo de Ministros dio luz verde a la inyección de 475 millones de euros. En ese intervalo, la estructuración de la operación en dos tramos permitió evitar el paso por Bruselas, lo que, según la denuncia, facilitó que la ayuda se tramitara con mayor rapidez, que fue lo que Hidalgo pretendía cuando contactó con la esposa del presidente.

La investigación judicial deberá determinar ahora si la decisión de partir los pagos para no tener que mandarlo a Bruselas respondió a criterios técnicos o si, por el contrario, se adoptó con la finalidad de eludir controles que habrían retrasado o condicionado la concesión de los fondos. Entre la documentación que previsiblemente será analizada figuran los informes internos de la SEPI, las comunicaciones entre los distintos organismos implicados y los expedientes completos de la operación.