El mando policial que declara en el Supremo: del chivatazo en la trama Koldo al cebo de las 'cloacas' para desacreditar a la UCO

En el laberinto de las causas judiciales que han puesto foco sobre la presunta corrupción del PSOE hay pocas figuras que encarnan mejor las interconexiones de la trama, que el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba Carnerero. El agente, imputado en una pieza separada del caso principal por dos delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal, está señalado como el supuesto 'enlace' policial con los principales cabecillas empresariales y políticos y, precisamente, por ello, trató de convertírsele en aliado de las 'cloacas' socialistas, por parte de la que ya es conocida como la ‘fontanera’ del partido, Leire Díez.

Un nexo de unión entre dos de las piezas del puzzle con el que se intentó desacreditar la labor de investigación de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Benemérita y neutralizar, por cualquier medio, las investigaciones que amenazan al entorno político y familiar de Pedro Sánchez.

No en vano, Villalba, que ha sido citado como testigo en el Supremo, no era un guardia civil cualquiera. Con experiencia en las Unidades Centrales Especiales de Información (UCE-1 y UCE-2), experto en la lucha contra el terrorismo de ETA y yihadista, su destino en la embajada de España en Caracas, desde octubre de 2023, lo situaba en una atalaya privilegiada. Por ello, por compartir información reservada sobre las pesquisas de sus compañeros de la UCO -acerca de las irregularidades en los contratos de material sanitario en pandemia-, con Víctor de Aldama y Koldo García Izaguirre, fue detenido en marzo de 2024 en Córdoba, en el marco de la 'Operación Delorme'.

Según el sumario, Villalba mantenía una relación directa y explícita con Koldo, histórico colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el País Vasco, y así se presentaba: «Soy Rubén, el amigo de Koldo», A cambio, la trama le habría entregado cantidades en efectivo –de hasta 2.000 euros mensuales en algunos periodos– y el comandante habría facilitado teléfonos opacos y alertas sobre los movimientos de los investigadores judiciales en relación con las operaciones del Ministerio de Transportes en el aprovisionamiento de mascarillas.

El juez instructor le ordenaba consignar 88.119 euros en la cuenta del tribunal, teniendo en cuenta que de acuerdo a las averiguaciones preliminares habría cobrado es cantidad de la trama, y permanece apartado de sus funciones en la Guardia Civil, con dos expedientes sancionadores abiertos que le impiden reincorporarse a su puesto, hasta que la Justicia se pronuncie sobre su papel en el proceso.

Pero, si bien en un principio, el mando policial traicionó la Institución para proteger a los corruptores, a cambio de sobornos, más tarde terminó por grabarlos para, ante un eventual y futuro escenario como al que ha llegado, dejar constancia de cara a su defensa.

Sin embargo, el guion sufre un auténtico vuelco, en marzo de 2025. Según las actas que el propio Villalba redactó y que han trascendido a los medios de comunicación, Leire Díez –exmilitante socialista, exdirectora de Relaciones Institucionales de Correos y conocida como la 'fontanera' del PSOE– contactó con él y concertó, al menos, dos reuniones secretas. La primera, el 10 de marzo en un restaurante de Leganés, que se prolongó durante más de tres horas; y, la segunda, el 26 del mismo mes.

Ambas siguieron un mismo patrón: el ofrecimiento de protección judicial a futuro, su rehabilitación plena en el Instituto Armado y un ascenso de alto nivel a cambio de proporcionar, a las 'cloacas' socialistas, información sensible sobre miembros y mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigan la corrupción del entorno político y personal de Pedro Sánchez. Según las notas del comandante, Díez le dijo literalmente: «Los de arriba en el Gobierno necesitan pruebas para atacar a la UCO» y, por lo que se desprende de los apuntes, insistió en esta idea varias veces.

Para ello, se le ofrecieron tres posibles vías de conexión. Desde reunirse con la Fiscalía para denunciar supuestas «dinámicas irregulares» de la Unidad hasta proporcionar información relevante a la Policía Nacional para que abriera diligencias, en el plazo de un mes, o la opción más suculenta que le permitiría convertirse en el 'dos' de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, o su asesor más directo.

A cambio, la trama exigía trapos sucios de nombres concretos –Antonio Balas, Manuel Corbí, Bonilla, ‘Pape’, el comandante Redondo, el Director Adjunto Operativo (DAO), Rafael Yuste o Ismael Abad– y pruebas de un supuesto «sistema de escuchas ilegal», pagos de empresarios a mandos de la UCO o cualquier elemento que permitiera «desmontar a la Guardia Civil» y, en consecuencia, «invalidar por todos los medios el proceso judicial» que afecta al PSOE.

Las 'cloacas' querían desmantelar a una unidad incómoda, neutralizando a los denominados «elementos subversivos» y removiendo los cimientos del grupo de investigadores de élite, la Jefatura de Información y el Generalato de la Institución. Una operación que Díez vinculó, de manera explícita, l ex secretario de Organización de Ferraz -Santos Cerdán- entonces en prisión provisional– y que contaba con el visto bueno de «los de arriba en el Gobierno».

La 'fontanera', incluso, mencionó que el coronel Balas sería contratado por Repsol como responsable de Seguridad Corporativa y habló de material comprometedor procedente de un prostíbulo en el Paseo de la Castellana para desacreditar a determinados mandos.

La 'fontanera' buscó «atacar» a la UCO

Villalba no entregó la información que le pedían. En su lugar, documentó meticulosamente cada encuentro y, meses después, el 5 de noviembre de 2025, comparecía como testigo ante el juez Arturo Zamarriego en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, en el marco del ‘caso fontanera’ o ‘cloacas del PSOE’. Durante su declaración confirmó que Leire Díez insistió en reunirse con él y que su pretensión era «atacar» a la Guardia Civil. No ocultó que la mujer le presentó el plan como una operación de inteligencia para proteger al partido y anticiparse a los movimientos judiciales.

Por todo lo anterior Villalba sigue suspendido de empleo y sueldo, pendiente de juicio en el ‘caso PSOE' que se sigue en la Audiencia Nacional contra los no aforados y con su testimonio ya incorporado al ‘caso fontanera’. Ahora, es el turno en el Supremo donde tendrá que, como ya ha hecho en otras ocasiones, proporcionar todo su conocimiento sobre el trabajo en las sombras del PSOE que, no solo habría intentado tapar la corrupción del Ministerio de Transportes, de Ábalos y Koldo, sino que, además, habría maniobrado activamente para desacreditar a quienes la investigaban.