Parte de daños del caso Begoña dos años después de la carta de Sánchez negándolo todo

«Ellos saben que no hay caso». Así de convencido se mostraba Pedro Sánchez en la carta que escribió a la ciudadanía el 24 de abril de 2024, y de la que este viernes se cumplen dos años. Ese día saltó la noticia de que un juez de Instrucción de Madrid había abierto diligencias previas contra su mujer por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, aunque después se supo que el matrimonio lo sabía desde antes.

Furioso, el presidente publicó la misiva y se retiró cinco días a pensar, dejando a su Gobierno y a su partido presos del pánico. Fueron días de angustia y zozobra para los socialistas. Falsa alarma: Sánchez volvió, anunció un «punto y aparte» y hasta hoy. Pero han pasado cosas desde entonces, y no pocas.

Dos años después, Begoña Gómez está procesada no por dos, sino por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación, y pendiente de que la Audiencia Provincial de Madrid decida la apertura de juicio oral. El juez Juan Carlos Peinado sigue en ejercicio, aunque el presidente y el ministro de Justicia han intentado quitarlo de en medio o, en su defecto, que se jubilase antes de acabar la instrucción para que otro juez asumiera el caso (se jubilará obligatoriamente el próximo septiembre, al cumplir 72 años).

Asimismo, el Ejecutivo ha fracasado en su intento de reformar la ley para prohibir ejercer la acusación popular a entidades como Hazte Oír y Manos Limpias, además de aumentar los supuestos de recusación de un juez. La instrucción ha dejado heridas abiertas entre el poder ejecutivo y el judicial, por la campaña del Gobierno contra Peinado. Y los socialistas han entendido que el que no defienda la inocencia de Gómez no sale en la foto. Eso, y que después de Sánchez está el vacío.

Respecto a su procesamiento, esta semana ha sido recurrido tanto por el abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, como por la Fiscalía, que a lo largo de toda la instrucción ha actuado como una extensión de la defensa. O como una caja de resonancia de ésta. Y la acusación popular, Hazte Oír, ha pedido 24 años de cárcel para Gómez, la prohibición de salir del país y la retirada del pasaporte; en un escrito de conclusiones que, según la Moncloa, «se descalifica solo».

Por lo que se refiere a Peinado, el Gobierno no ha conseguido quebrarlo a pesar de intentarlo (casi) todo. En 2024, tanto Gómez como el presidente presentaron sendas querellas como prevaricación en su contra, pero ambas fueron inadmitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También Félix Bolaños ha intentado abatirlo a través del Consejo General del Poder Judicial. En junio de 2025, tras el interrogatorio al que le sometió Peinado, elevó una queja en su contra al CGPJ. Desde entonces, el titular de Justicia ha enviado varias cartas a la presidenta del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, para que la resuelvan de una vez.

Ni la más mínima intención

En estos dos años, los socialistas no han tenido la más mínima intención de clarificar legalmente los límites o obligaciones de las parejas de los presidentes para que el caso Begoña no vuelva a repetirse. Ni reformando la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo, ni tampoco en la Ley de Administración Abierta, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros el pasado octubre. En esta norma, el Gobierno plantea aplicar un régimen de incompatibilidades y de obligaciones a buena parte del personal eventual que trabaja para él. Sin embargo, en su articulado el personal contratado para asistir a la familia del presidente queda exento (aun así es muy difícil que salga esta legislatura).

Por el contrario, lo que sí han intentado es restringir la acusación popular. Primero, a través de la malograda ley Begoña, que el PSOE retiró del Congreso antes siquiera de llevar al Pleno su admisión a trámite por falta de apoyos. Tenía entre sus objetivos prohibir ejercer la acusación popular a los partidos y las asociaciones y fundaciones vinculados a estos, como también a los sindicatos de cualquier índole. E impedir a los jueces admitir querellas basadas en informaciones publicadas por la prensa. También añadía motivos para recusar a un juez.

Antes de enterrar la ley Begoña definitivamente, Bolaños introdujo parte de su contenido en la reforma de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Ejecutivo envió al Congreso en octubre. Sobre todo, lo relativo a la acusación popular. Pero tampoco tienen visos de salir adelante, menos aún después de que el miércoles la portavoz de Junts en el Congreso pidiera a Sánchez que convoque elecciones.

Él, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha sido protagonista en los últimos días por liderar el mayor de los ataques contra el juez instructor, invocando su libertad de expresión. Ello provocó que, la semana pasada, los jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid emitieran un comunicado de condena. A lo largo de estos dos años, en diversas ocasiones las asociaciones de jueces han tenido que salir en defensa de su compañero. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha ido respaldado la mayoría de sus decisiones (no todas, como la línea de investigación de Air Europa), para mayor enfado de los socialistas. Ahora estos se dicen convencidos, con Sánchez a la cabeza, de que un tribunal superior revocará las decisiones de Peinado.

Una de las razones por las que el presidente escribió aquella carta de hace dos años fue porque estaba enfadado con los suyos. Consideraba que no habían defendido lo suficiente a su mujer. Ahora eso ya no les pasa: cada vez que hay noticias de Peinado, ministros y dirigentes del PSOE hacen cola para proclamar la inocencia de la mujer del presidente. La semana pasada, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los periodistas le preguntaron a Bolaños por el procesamiento. Pero Óscar Puente, que estaba con él, no pudo contenerse: «Me vais a perdonar, pero es que quedarse sin opinar en esto», empezó. Y se lanzó.

Para no haber caso, como sostenía Sánchez hace dos años, está dando mucho de sí.