El Gobierno pone normas a los asesores de Sánchez y de los ministros pero excluye a los de Begoña Gómez

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública tiene previsto aplicar un régimen de incompatibilidades y de obligaciones a buena parte del personal eventual que trabaja para el Gobierno. Sin embargo, el personal contratado para asistir a la familia del presidente quedará exento de la norma. Es decir, en el futuro podría repetirse un caso como el de Cristina Álvarez, la exasesora de Begoña Gómez imputada por trabajar para los negocios particulares de la mujer del presidente.

Así figura en el anteproyecto de la Ley de Administración Abierta que ha elaborado el departamento de Óscar López, al que tuvo acceso El Debate y que está pendiente de ser elevado al Consejo de Ministros en primera vuelta. La norma actualiza y modifica dos leyes que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy durante su primera legislatura: la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de 2013; y la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (AGE).

La norma y la excepción

Actualmente, los altos cargos de la AGE están sometidos a un sistema de prevención de conflictos de intereses. El anteproyecto prevé incorporar a ese sistema también al personal eventual. Pero no a todo. La reforma afectará «al personal eventual miembro de los gabinetes que realizan tareas de confianza y asesoramiento especial, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno». Y esta última especifica claramente qué son los gabinetes: «Órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado». Es decir: alguien que escribe discursos para Pedro Sánchez estará incluido; alguien contratado de manera discrecional por la Secretaría General de la Presidencia para asistir a la familia presidencial no estará incluido. En este segundo grupo estarían Cristina Álvarez y quienes, como ella, han trabajado para Begoña Gómez dentro de la Moncloa.

El personal eventual que sí tendrá límites deberá, entre otras obligaciones: ejercer sus funciones con dedicación exclusiva y remitir a la Oficina de Conflictos de Intereses una declaración responsable de idoneidad y un currículum en los siete primeros días. Y no podrá percibir ninguna otra remuneración, ni pública ni privada. Todas estas son normas que ya rigen para los altos cargos desde 2013.

Esta Ley de Administración Abierta es una de las medidas incluidas en dos planes que el Gobierno ha aprobado en el último año, en respuesta a los casos de corrupción que le afectan: el Plan de Acción por la Democracia de septiembre de 2024 y el Plan Estatal de lucha contra la Corrupción de agosto de 2025. Pero, en realidad, el Ejecutivo ha hecho de la necesidad virtud, parafraseando al presidente. Porque la regulación del personal eventual es una de las recomendaciones que le había hecho el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).

Las puertas giratorias en lobbies

El anteproyecto de esta ley prevé someter a los altos cargos a algunas limitaciones más sobre las que ya establece la norma de 2013. Con especial énfasis en las llamadas puertas giratorias. En la actualidad, durante los dos años posteriores a su cese tienen prohibido trabajar para entidades privadas «que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado, así como en las que pertenezcan al mismo grupo societario». El anteproyecto que ha redactado el Ministerio extiende esa prohibición temporal a las consultoras, que operan como lobbies y que tradicionalmente han sido refugio de exministros y otros ex altos cargos. Un ejemplo reciente. Cuando Alberto Garzón abandonó el Gobierno, en noviembre de 2023, la consultora del también exministro José Blanco, Acento, le ofreció trabajo. Él aceptó en un primer momento porque ninguna ley se lo impedía, aunque finalmente lo rechazó por las críticas de IU a su incoherencia. Pero poder, podía.

El texto al que ha tenido acceso este periódico señala, en concreto: «Tampoco podrán realizar actividades profesionales de influencia al servicio o para entidades inscritas en el registro de grupos de interés (lobbies) de la Administración General del Estado y su sector público institucional».

El anteproyecto tiene 86 artículos, nueve disposiciones adicionales, seis disposiciones finales y una disposición derogatoria. Pero en ningún punto de su articulado regula la figura de la mujer del presidente, para esclarecer qué le está permitido y qué debería tener prohibido en adelante. Es más. Como contó El Debate el pasado miércoles, el Ejecutivo no tiene ninguna intención de abrir ese melón, según confirman fuentes gubernamentales. Desde la Moncloa señalan que, con las mujeres de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy siempre «se entendió como normal lo que es normal»: que tuvieran personal eventual contratado por la Secretaría General de la Presidencia a su servicio. Y señalan que el problema con Gómez no es que haya hecho nada malo, sino que está siendo «perseguida» por un juez.

A la Ley de Administración Abierta le queda aún un largo recorrido. De momento, el anteproyecto ha sido sometido a una consulta pública previa que terminó el 22 de septiembre. Lo siguiente es que el ministro López lo eleve en primera vuelta al Consejo de Ministros y, después, recabe los informes preceptivos antes de ser aprobado definitivamente como proyecto de ley. De ahí irá al Congreso, donde actualmente hay atasco de iniciativas legislativas del Ejecutivo y del grupo parlamentario socialista, porque casi nada sale adelante; por hache o por be, por Junts o por Podemos.