El diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné
El Supremo abre causa a un diputado de Sumar por presunta prevaricación
Félix Alonso Cantorné habría incurrido en este delito cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona), por la adjudicación de contratos a varias empresas entre 2011 y 2019
El Tribunal Supremo (TS) ha decidido abrir causa al diputado de Sumar en Comú Podem Félix Alonso Cantorné por un presunto delito de prevaricación administrativa cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona) entre los años 2011y 2019.
Según el auto, la Sala de lo Penal cree que Alonso Cantorné debe responder por la adjudicación directa de contratos a dos empresas durante su etapa como primer edil. El Supremo, que designa instructor al magistrado Vicente Magro, basa su decisión en el criterio de la Fiscalía y en la exposición razonada enviada por un juzgado de El Vendrell.
La investigación ha girado en torno a la contratación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Altafulla, del que era alcalde Alonso Cantorné, con las empresas Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP. Al parecer, habría mantenido distintas relaciones con estas dos compañías sin sujetarse a la normativa correspondiente.
El tribunal explica que Alonso Cantorné, siendo alcalde del municipio de Altafulla entre 2011 y 2019, «presumiblemente, para dar apariencia de legalidad y sabiendo que no lo era» utilizó los contratos menores, «con lo que eludía los requisitos de publicidad, y permitía la adjudicación directa y posibilitaba una elección arbitraria del adjudicatario» en lugar de acudir al procedimiento correspondiente.
En ocasiones, dice, no acudía «a procedimiento alguno», de manera que el Supremo considera «que hay indicios que apuntan a los elementos de un presumible delito de prevaricación administrativa».
No obstante, apunta al Agencia EFE, la Sala precisa que eso no significa que se limite la investigación a este delito y subraya que «no se debe ignorar, por ejemplo, que esa irregular manera de contratar ha ido acompañada de una dinámica de facturación para hacer pago de los servicios, que no cabría descartar que pudiera apuntar a algún tipo de irregularidad, si así resultase del ritmo de la investigación».
Por ello, considera que deben incoarse las oportunas diligencias de investigación «con la finalidad de confirmar, en su caso, ampliar la existencia de los indicios que se han venido indicando, como de descartarlos, si ese fuere el resultado de la investigación».