La declaración de Aldama, el informe de la UCO y los 40 mensajes que acercan la imputación de Armengol en el 'caso mascarillas'

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, regresaba al ojo del huracán judicial con la declaración de Víctor de Aldama en el Supremo. La comparecencia del autoproclamado conseguidor de la trama del 'caso mascarillas' y colaborador de la Justicia, ponía en entredicho el testimonio prestado por la propia Armengol, en sede judicial, a través del escrito que presentó a la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal, parapetada en el la posibilidad que le prestó su cargo al frente de la Cámara Baja.

Las contradicciones que afloraron durante el interrogatorio de Aldama, en relación al papel de la que fuera presidenta de Baleares, en pandemia, los apuntes ratificados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe sobre la socialista aportado en la pieza de la Audiencia Nacional que investiga la compraventa de material sanitario en las islas, durante la pandemia; y, la citación del órgano judicial para que el comisionista y el ex asesor ministerial Koldo García Izaguirre contesten a las preguntas del juez Ismael Moreno, el próximo día 14 de mayo, aproximan el escenario de una imputación formal para la socialista.

No en vano, existen más de 40 mensajes cruzados entre Armengol y Aldama, algunos de ellos en formato e-mail, que complican la impunidad de Armengol por su etapa al frente de la Administración balear, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no solo acreditó la existencia una relación estrecha y operativa con Koldo, exasesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, sino que la sitúa como facilitadora directa de los intereses del empresario en la adjudicación de contratos millonarios de material sanitario, para su empresa Soluciones de Gestión.

Según los investigadores, Koldo –que actuó como «correa de transmisión» entre la Administración balear, entonces presidida por Armengol, y los intereses económicos de Aldama– se dirigió a la primera, el 25 de abril de 2020, apenas unos días después del estallido de la crisis sanitaria, para dar el pistoletazo de salida: «Buenos días presidenta, ayer la llamé. Caí en la cuenta de que igual no tiene mi móvil. Soy Koldo García, estoy con José Luis Ábalos. Si puede, por favor, me llama cuando pueda».

Veinticuatro horas después, el 26 de abril, el Servicio de Salud de Baleares y la empresa de Aldama ya habían cerrado la compra de 1,4 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros. Un material que fue entregado de inmediato, desviado de un pedido anterior que iba destinado al Ministerio de Transportes. El contrato de emergencia que daba amparo legal y administrativo a dicha adquisición, sin embargo, no se publicó hasta el 12 de mayo. Un procedimiento que la UCO califica de irregular y que pone de manifiesto que la adjudicación se produjo de manera efectiva antes de que existiese un soporte documental previo.

En dicha operación, los agentes destacaron que Armengol no solo remitió a Koldo al director del Instituto Balear de Salud para agilizar las cosas, sino que mantuvo una comunicación fluida y constante con el exasesor al respecto. Varios mensajes de WhatsApp acreditan esa relación de confianza que, en un principio, Armengol negó y que tendrían su correlación en cerca de cuatro decenas de e-mails cruzados con Aldama, donde también se habló del asunto de las mascarillas y de otros efectos de protección sanitaria.

No en vano, hasta la fecha, se ha podido aflorar cómo en varias ocasiones la entonces presidenta balear recurrió a Koldo para acceder al ministro Ábalos y resolver asuntos relacionados con test PCR para reactivar el tránsito de viajeros en los aeropuertos bajo su competencia. Evidencias, todas ellas, que llevaron a la UCO a deslizar que Armengol pudo haber mentido en su declaración ante el Supremo, donde negó contactos directos relevantes sobre estos expedientes.

Como también rechazó cualquier implicación con el principal representante de la trama, en el caso de las pruebas de antígenos y, sin embargo, los guardias civiles encargados del asunto localizaron una respuesta del entorno de la presidenta a la propuesta de precio unitario y cantidad, en este aspecto: «¡Perfecto! Ahora mismo aviso». De tal suerte, la expresidenta balear terminó reconociendo haber coincidido con él en el Consolat de Mar, sede de su entonces Ejecutivo. No obstante, Armengol enmarcó dicho contacto en una mera «reunión institucional» con una delegación del grupo Globalia, matriz de Air Europa, encabezado por Juan José Hidalgo, y aseguró que Aldama había acudido, simplemente, como acompañante, sin que existiese un trato directo.

Además, a todo lo anterior, se suma el hecho de que parte del material adquirido resultó defectuoso en múltiples controles o, en su caso, no se correspondió el entregado con las especificaciones técnicas que esteban inicialmente previstas y, pese a ello, el Govern balear no denunció los contratos, ni tampoco reclamó los 3,7 millones de euros pagados. Una pasividad que la UCO relacionó con la dinámica, presuntamente, delictiva que subyacía dicha compraventa de material con la existencia de comisiones irregulares.

Armengol ha defendido siempre que su Gobierno actuó con diligencia, en plena emergencia sanitaria, y que no existió trato de favor alguno hacia Víctor de Aldama y sus empresas. Sin embargo, el informe de la UCO dibuja un escenario muy diferente: una red de influencias en la que Koldo, con su posición en el Ministerio de Transportes, allanó el camino al empresario, a cambio de diferentes contraprestaciones económicas o en especie. Una «dinámica presuntamente delictiva» que salpica, cada vez de manera más directa, a la hoy tercera autoridad del Estado.

A medida que la Audiencia Nacional amplía las pesquisas, pendiente de la declaración de Koldo y Aldama, en un par de semanas, por los contratos en Baleares y Canarias, la figura de Francina Armengol se tambalea en el Congreso. Los indicios son cada vez más sólidos contra ella.