(Foto de ARCHIVO) Narcolancha interceptada en Chipiona.
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El presidente de la Audiencia Nacional pide al CGPJ asumir plenas competencias contra el crimen organizado del narcotráfico
La propuesta es parte del debate abierto en el seno del Poder Judicial sobre la necesidad de redefinir las competencias del órgano jurisdiccional central, en materia penal, como resultado del crecimiento exponencial de la delincuencia
El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, planteaba, en una reunión celebrada por la Sala de Gobierno del órgano de instrucción central, el pasado 26 de abril, la necesidad de plantear un debate sobre el alcance real de sus competencias penales.
La propuesta que ha venido trabajándose a nivel interno, desde el pasado verano, entre los propios magistrados y la Fiscalía especial Antidroga, ha sido, ahora, trasladada al Consejo General del Poder Judicial (CGP), según ha podido saber El Debate en exclusiva, en un escrito remitido hace unos días por Fernández, en el que se solicitaba al máximo órgano de representación de jueces y magistrados la posibilidad de actualizar y ampliar sus funciones. En especial, debido a evolución del crimen organizado, el carácter transnacional del mismo y el crecimiento de los delitos de narcotráfico, cada vez más especializado, que en los últimos tiempos están poniendo en jaque a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el Sur de España.
El acuerdo, sobre este particular, recogido en el punto Séptimo del acta de la Sala de Gobierno de la AN ya está sobre la mesa del Consejo que, por el momento, y tal y como ha confirmado este diario, no se ha pronunciado al respecto.
Y es que, desde la Audiencia Nacional, se ha detectado la necesidad de cambiar algunos de los aspectos judiciales en la lucha contra la criminalidad, en todas sus vertientes, como parte de la política compartida desde la Unión Europea en materia de seguridad. No en vano, tanto el terrorismo, como las amenazas híbridas, la trata de seres humanos y la pornografía infantil, vinculada al uso de las redes sociales, de las que también se desprende un incremento de la delincuencia económica y la cibercriminalidad, conforman una realidad delictiva, cuyo tratamiento material y procesal requiere de ciertos ajustes de la ley vigente, y más en concreto del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
La Audiencia Nacional «se posiciona como un órgano idóneo por su grado de especialización, experiencia y capacidad de cooperación internacional» para abordar estas competencias amplificadas, recoge el catálogo de medidas planteadas al CGPJ.
Así las cosas, coincidiendo con la celebración del quincuagésimo aniversario del órgano de instrucción central se ha presentado «una oportunidad idónea» para abordar los cambios necesarios y «adaptar la institución a los retos del siglo XXI, garantizando su eficacia en la defensa del Estado de Derecho».
Un nuevo abanico de competencias
Sobre los delitos de tráfico de drogas, la Audiencia Nacional ha solicitado su conocimiento, «incluso sin el requisito de multi provincialidad, siempre y cuando concurran circunstancias de especial gravedad o complejidad, en línea con lo planteado con la Fiscalía Antidroga» para zonas calientes y especialmente conflictivas.
En cuanto al blanqueo de capitales, «se considera necesario incluir entre las funciones de la AN la investigación y enjuiciamiento de este delito cometido por organizaciones criminales de naturaleza transnacional».
Otra de las iniciativas se centra en la forma de combatir la trata de seres humanos. En este ámbito, la propuesta pasa por añadir un nuevo apartado legal en la LOPJ que asigne a la Audiencia Nacional las atribuciones necesarias para conocer de los delitos de trata de seres humanos, en todas sus formas de explotación, cuando sean cometidos por organizaciones criminales con dimensión transnacional o que operen en un ámbito territorial que exceda el de una Comunidad Autónoma.
En materia de seguridad nacional, la protección de las infraestructuras críticas es esencial en un Estado de Derecho. «La Audiencia Nacional, con su experiencia en la lucha contra el terrorismo y otros delitos complejos, es el órgano idóneo para abordar estos casos. Para reforzar este ámbito, el documento propone incorporar (...) los delitos de ciberseguridad que pongan en peligro la seguridad de infraestructuras críticas, como redes eléctricas, sistemas de transporte o instituciones financieras», recoge el texto remitido al Consejo.
En cuanto a la protección del patrimonio cultural, la Presidencia de la AN «considera que es un interés público de primer orden, por su carácter de guardián de la memoria colectiva de los pueblos y culturas». En este sentido, el órgano jurisdiccional, «con su experiencia en la investigación de delitos complejos, se considera como el órgano idóneo para abordar estos casos». «Para abordar esta faceta» se ha propuesto al CGPJ «incluir entre las competencias de la Audiencia Nacional los delitos de tráfico ilícito de bienes culturales que tengan una dimensión transnacional o que afecten a un patrimonio cultural de especial relevancia».
En definitiva, «todas estas medidas buscan asegurar una actuación judicial más eficaz ante fenómenos delictivos complejos, favoreciendo investigaciones más rápidas y coordinadas».
Por último, El Debate ha podido confirmar que «la iniciativa también propone avanzar hacia un nuevo estatuto institucional que defina a la Audiencia Nacional, como un auténtico centro judicial español de coordinación en investigaciones penales transnacionales complejas, reforzando su papel estratégico dentro del sistema judicial».
