El PSOE vuelve a bloquear que la Guardia Civil sea profesión de riesgo días después de la muerte de dos agentes

Setenta y un veces. Esas son todas las ocasiones en las que la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Sumar, ha bloqueado la tramitación de la proposición de ley que busca reconocer a la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo. Hoy ha vuelto a pasar, apenas cinco días después de que dos agentes de la Benemérita, Germán y Jerónimo, perdiesen sus vidas luchando contra el narcotráfico en la costa andaluza.

Esta iniciativa, impulsada por el Partido Popular y que ya se aprobó en el Senado en 2024, lleva congelada en el Congreso desde hace casi dos años. En ese período de tiempo, se han producido hasta 71 votaciones para que el procedimiento avance, pero la Mesa ha ido ampliando los plazos para evitar que la norma llegue a votación en la Comisión de Trabajo.

Este miércoles ha vuelto a ocurrir lo mismo, pese al rumor de disidentes socialistas en la votación tras la tragedia del pasado viernes, cuando dos agentes murieron cerca de la costa de Huelva en una persecución a una narcolancha. Hace dos años, en Barbate, otros dos agentes corrieron la misma suerte. Desde entonces, numerosas asociaciones del cuerpo han reclamado reformas urgentes y denunciado que los agentes trabajan con medios insuficientes frente a redes criminales cada vez más agresivas.

Qué implica ser profesión de riesgo

Principalmente, ser considerado profesión de riesgo acarrea consecuencias laborales y económicas concretas. La principal es la posibilidad de aplicar coeficientes reductores, lo que en la práctica puede permitir una jubilación anticipada sin pérdida de poder adquisitivo, como ocurre con otras profesiones.

En sus motivos para reclamarlo, la Guardia Civil argumenta que su trabajo diario incluye persecuciones de alta velocidad, operaciones contra narcotraficantes armados, exposición constante a agresiones, presión psicológica, turnos prolongados y una elevada carga de estrés. También amenazas ligadas al terrorismo, el crimen organizado y el control fronterizo.

El Gobierno, por su parte, en sus argumentos para frenar la iniciativa alude a que la la creación de nuevas profesiones de riesgo requiere estudios específicos sobre siniestralidad, penosidad y sostenibilidad del sistema de pensiones, además del impacto económico que tendría extender los coeficientes reductores y que obligaría a modificar cotizaciones y condiciones de jubilación.