La lancha AISTER HS60 de la Guardia Civil en Algeciras
El Tribunal de Cuentas alertó de carencias estructurales en la Guardia Civil meses antes de la tragedia
Mientras asociaciones de guardias civiles llevan años denunciando falta de medios frente al avance del narcotráfico en el sur de España, un informe del Tribunal de Cuentas aprobado a finales de 2025 ya advirtió de «carencias estructurales» en las inversiones del Ministerio del Interior y de la creciente dependencia de fondos europeos extraordinarios para cubrir necesidades básicas de la Guardia Civil.
El documento, al que ha tenido acceso El Debate, centrado en la fiscalización de las inversiones del Ministerio del Interior, señalaba expresamente una «infradotación estructural» en los créditos destinados a inversiones y alertaba de que parte de las necesidades ordinarias del departamento estaban siendo sostenidas mediante recursos excepcionales procedentes de la Unión Europea.
Mientras tanto, la semana pasada murieron dos guardias civiles durante una persecución marítima contra narcotraficantes frente a la costa de Huelva, una tragedia que ha vuelto a reabrir el debate sobre los medios de los que dispone el cuerpo policial frente a un narcotráfico cada vez más profesionalizado.
A su vez, el Tribunal de Cuentas ya advertía de que los fondos europeos vinculados a fronteras, migraciones y seguridad se habían convertido en «un recurso estructural» para el Ministerio del Interior y, especialmente, para la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC). El informe añade incluso que «un recurso no ordinario se ha convertido en esencial para financiar inversiones de renovación y reposición», una situación que, según el órgano fiscalizador, evidencia problemas estructurales de financiación.
Entre las cuestiones analizadas aparece también el elevado nivel de compromisos presupuestarios acumulados por la Guardia Civil. Según los datos incluidos en el documento, la DGGC inició varios ejercicios presupuestarios con más del 50 % de sus créditos de inversión ya comprometidos, alcanzando incluso un 109 % en 2024. El Tribunal de Cuentas advertía de que esta situación limita de forma considerable el margen de maniobra de los gestores y condiciona la capacidad de acometer nuevas inversiones o responder con rapidez a necesidades sobrevenidas.
Una lancha de la Guardia Civil junto a una embarcación que portaba cuatro toneladas de hachís, en 2020, en el Estrecho de Gibraltar
El documento también pone el foco sobre el deterioro de infraestructuras y equipamientos dependientes del Ministerio del Interior. El envejecimiento del parque inmobiliario, señala el informe, obliga en ocasiones a recurrir a contratos de emergencia para resolver problemas que afectan a la «seguridad, funcionalidad y habitabilidad» de los inmuebles. Además, el órgano fiscalizador subraya que muchas de esas actuaciones de emergencia podrían haberse evitado mediante una planificación ordinaria y una mayor disponibilidad presupuestaria.
Tras la tragedia de Barbate en 2024 –cuando dos agentes murieron después de que una narcolancha embistiera su embarcación– y ahora tras la muerte de otros dos guardias civiles frente a la costa de Huelva, sindicatos y asociaciones han vuelto a reclamar más inversión, refuerzos humanos y una modernización estructural de los medios destinados a la lucha contra las organizaciones criminales.
Precisamente uno de los elementos que más destaca el Tribunal de Cuentas es la creciente dificultad para sostener determinadas inversiones con financiación ordinaria. El documento explica que las generaciones de crédito procedentes de fondos europeos llegaron a representar porcentajes muy significativos de las inversiones del Ministerio del Interior, especialmente en la Guardia Civil.