Bolaños oculta al Parlamento que la IA borra antecedentes mientras lo exhibe en foros tecnológicos

Pocas materias son más sensibles que la cancelación de antecedentes penales y su vinculación con la concesión de nacionalidad. Precisamente eso impulsó el Ministerio de Justicia en 2022 al animar a la población extranjera que había cumplido condena —incluidos delitos sexuales— a cancelar sus antecedentes para que no fuera un impedimento al solicitar la nacionalidad española, al tiempo que ponía en marcha un sistema robotizado que automatiza las cancelaciones de forma masiva. Tras la alarma social generada, el Gobierno corrió un tupido velo.

El problema para el Ejecutivo es que, apenas dos años después de presumir de cancelaciones completamente automatizadas, la Unión Europea aprobó la primera ley integral sobre inteligencia artificial del mundo. El AI Act levanta un muro frente a uno de los grandes riesgos de la IA aplicada al poder público: que los algoritmos sustituyan de facto al ser humano en decisiones sensibles que afectan a derechos fundamentales.

Por eso el Reglamento (UE) 2024/1689 convierte la supervisión humana en una pieza central. El artículo 14 exige que los sistemas de IA de alto riesgo puedan ser «supervisados eficazmente por personas físicas» durante todo su funcionamiento. El humano debe comprender el sistema, detectar anomalías, ignorar resultados automáticos, revertir decisiones o incluso detenerlo.

Europa no quiere «humanos decorativos» validando lo que decide una máquina. Exige un control físico real en ámbitos como justicia, antecedentes penales, policía, biometría, identidad digital o procesos administrativos con impacto directo sobre derechos fundamentales.

Salto, marcha atrás y ocultación

El relato del Ejecutivo en Justicia dibuja una evolución llamativa: de presumir en 2022 de «plena automatización» y cancelaciones realizadas «por máquinas», a adoptar después en sus respuestas parlamentarias el lenguaje garantista de la Ley de IA: supervisión humana, trazabilidad, auditoría y reversibilidad.

La más reveladora llegó tras la pregunta registrada en el Congreso en mayo de 2025 por los diputados del PP Silvia Franco González y Ángel Ibáñez Hernando. El Ejecutivo respondió que los sistemas de IA «no se emplean para la toma de decisiones automatizadas» y redujo su uso a tareas aparentemente auxiliares: transcripción de vistas, extracción de datos, catalogación documental, anonimización o generación de resúmenes. También introdujo términos como «trazabilidad», «revisión humana» y posibilidad de «revertir» actuaciones automáticas. Incluso afirmó que «los sistemas hacen propuestas que los funcionarios revisan».

La respuesta omite el sistema de cancelación automatizada de antecedentes penales que el propio Ministerio venía presentando desde 2021 como uno de sus grandes proyectos tecnológicos. Una ocultación significativa porque el Gobierno había vendido públicamente la plena automatización de cancelaciones incluso en «los casos más complejos». Tampoco hace mención sobre la concesión de nacionalidad.

La prueba del algodón

El problema es que por la boca muere el pez y Félix Bolaños ha convertido el autobombo en una constante. Cinco meses después de la respuesta remitida por escrito al Congreso, Bolaños aseguró en el DATAfórum 2025 –el foro tecnológico especializado de Justicia– que antes se tardaba «una media de 5 años en tramitar una nacionalidad, hoy gracias a la automatización y la robotización, la media son 5 meses». La nota oficial de Presidencia fue más allá, uniendo «la aplicación de inteligencia artificial en procesos como la cancelación de antecedentes penales o la tramitación de la nacionalidad».

Poco antes de clausurarse el foro se presentó un vídeo sobre los avances de SIRAJ 2, el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, auténtico nodo central que integra registros judiciales, Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y organismos europeos.

SIRAJ 2 funciona como un gigantesco «superordenador» que centraliza alertas, requisitorias y registros sensibles como violencia de género, delincuentes sexuales o penados. Una herramienta imprescindible que permite a miles de funcionarios y servidores públicos actuar con rapidez y coordinación para proteger a los ciudadanos y combatir el crimen.

El vídeo oficial explicó que desde junio de 2022 se habían realizado 665.977 «cancelaciones automáticas» de antecedentes penales gracias al sistema. No hablaba de cancelaciones «automatizadas», sino «automáticas». La diferencia es enorme porque evidencia un borrado penal automático masivo e industrializado. Sumadas todas las cancelaciones desde 2021, la cifra supera los 1,1 millones en 5 años. Magnitudes que parecen difícilmente compatibles con la supervisión humana efectiva exigida por la normativa europea.

Engaño político

Como demuestra SIRAJ 2, la digitalización ofrece herramientas extraordinariamente útiles. Los más de 420 millones de euros de fondos europeos Next Generation eran imprescindibles para modernizar un sistema judicial anquilosado que desde hace décadas reclamaba una profunda modernización. Conviene subrayar que España dispone de funcionarios altamente cualificados y vocacionales —jueces, fiscales, letrados, policías, guardias civiles y técnicos— cuya profesionalidad y entrega sostienen cada día el funcionamiento del sistema judicial y de seguridad del Estado. El engaño político del Gobierno en la sede de la soberanía nacional sobre el verdadero alcance de la automatización en procesos extremadamente sensibles no puede empañar ni confundirse con el trabajo ejemplar de estas abnegadas élites funcionariales.

Mientras el discurso parlamentario presenta la IA judicial como un mero apoyo administrativo, los foros tecnológicos muestran el verdadero corazón operativo: una automatización espectacular, eficiente y necesaria en ámbitos como la lucha contra el crimen o la violencia de género, pero también aplicada a procesos extremadamente sensibles que afectan directamente a derechos fundamentales y a la adquisición de la nacionalidad española.

Hay una cuestión añadida de enorme trascendencia: la normativa europea obliga a comunicar las cancelaciones automáticas automatizadas realizadas al resto de Estados miembros. Es decir, las cancelaciones de España extienden sus efectos automáticamente a toda la Unión Europea.

Las mentiras tienen las patas muy cortas. Que el ministro para las Relaciones con las Cortes engatuse al Parlamento con palabrería que esconde el verdadero alcance de la IA desarrollada en su propia cartera de Justicia no puede quedar impune. Félix Bolaños tendrá que dar explicaciones porque el PP ya las ha exigido tras la investigación de El Debate. Una exigencia en la que Bruselas podría tener la última palabra en cumplimiento de la primera ley integral de inteligencia artificial del mundo.