El partido Se Acabó la fiesta (SALF) celebra un acto electoral, con la presencia de su líder nacional, Alvise Pérez
La Eurocámara da luz verde a que Alvise Pérez sea investigado por delito electoral y financiación irregular
Se trata de la segunda vez que le levantan la inmunidad parlamentaria, aunque todavía tiene más peticiones por parte del Supremo
El Parlamento Europeo ha levantado por segunda vez la inmunidad del eurodiputado Alvise Pérez para que sea juzgado en el Tribunal Supremo. Pero, además, se da la circunstancia de que este permiso afecta directamente a la Eurocámara ya que el fundador de Se Acabó la Fiesta está acusado de financiar ilegalmente la campaña electoral de las pasadas europeas celebradas en junio de 2024 y en la que obtuvo el escaño del que ahora disfruta.
Los hechos que quiere investigar el Supremo y para lo que pidió que se le levantara la inmunidad, están basados en una denuncia del empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CriptoSpain', y se refieren a una reunión entre ambos antes de las últimas elecciones europeas en la que Pérez le habría solicitado dinero para financiar su partido pero de forma oculta, sin constar en documentación alguna ni reflejarse en su contabilidad.
A cambio de entregarle ese dinero, 100.000 euros, Romillo le pidió influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo.
Los detalles se habrían fraguado mediante mensajería instantánea, como ha comprobado la instrucción a través del teléfono móvil de Romillo, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de su plataforma Madeira Investment.
El hoy eurodiputado ha asegurado que recibió ese dinero en pago por una conferencia en el hipódromo de Madrid y niega que utilizara el dinero para la financiación de su partido, porque la campaña le habría costado poco más de 30.000 euros.
En cualquier caso, el levantamiento de inmunidad no es un veredicto de culpabilidad ni le quita a Pérez el escaño o ningún otro privilegio o derecho asociado al cargo, ya que solo permite que la justicia le procese por el delito que figura en la solicitud que remitan las autoridades judiciales.
Se trata del segundo levantamiento de inmunidad después de que en el anterior pleno parlamentario, el Parlamento Europeo también se la quitó para que se le pudiera investigar por un presunto delito de acoso contra la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert. Y todavía tiene pendiente un suplicatorio más por presunto acoso a los que fueran sus compañeros de candidatura, Diego Solier y Nora Junco, ahora eurodiputados independientes dentro del grupo Reformistas y Conservadores de Europa (ECR).
