La imputación de Zapatero en España abona el terreno de la causa que se sigue en EE.UU. por sus vínculos con el chavismo

Si hay algo que EE.UU. no perdona a José Luis Rodríguez Zapatero es que, a través de sus vínculos con el Grupo de Puebla -ese foro político internacional fundado en México, que dio cobijo a más de 60 líderes y expresidentes de la izquierda de América Latina y Europa- promocionase, abiertamente, la entrada a las políticas comerciales, financieras y de actuación ideológica de China, en Venezuela.

Por ello, son varias las fuentes que apuntan cómo desde que arrancase la operación coordinada entre las fiscalías suiza, francesa y española contra el blanqueo de capitales que ha llevado a Zapatero a estar imputado, como presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias», los servicios de seguridad nacional y las agencias de inteligencia americanas prestasen su total colaboración a los investigadores españoles. La doble causa que se sigue, casi en paralelo, por el caso Plus Ultra, en España, y por los vínculos con el chavismo del ex presidente del Gobierno, bajo la administración Trump, complican el futuro procesal del socialista y abonan el terreno para que responda de delitos muy graves que, en los próximos días, podrían añadirse a los dos que ya pesan sobre él.

Cabe recordar que este caso no surge en el vacío. La intensiva campaña de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro —que incluye sanciones, indictments por narcoterrorismo y la captura del propio líder chavista, en enero de 2026— ha proporcionado evidencias tangibles, incrementado la presión diplomática e intensificado la colaboración policial que ha servido para impulsar la investigación española. La cooperación policial entre Washington y Madrid es bidireccional. Mientras EE.UU. aporta inteligencia financiera y datos de dispositivos, España avanza en desmantelar la red de blanqueo europea, con ramificaciones transatlánticas, de la mano de hasta tres Ministerios Públicos especializados en Anticorrupción.

No en vano, hace años, desde la llegada de Donald Trump al poder durante su primer mandato, en el que EE.UU. calificó al gobierno de Maduro como un «narcoestado» e inició los trámites para desactivar uno de los mayores focos de entrada de sustancias estupefacientes en el país, de la mano del cártel de los Soles, no se ha cejado en el empeño de echar el guanto a sus mayores responsables. Y, así las cosas, en 2020, el Departamento de Justicia indictó a Maduro y altos funcionarios por liderar la organización de tráfico de drogas y conspirar con las FARC (el movimiento político-militar de los rebeldes colombianos) para inundar EE.UU. de cocaína. Fue ya entonces cuando se activaron sanciones de la OFAC (la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos) para bloquear activos, prohibir transacciones y poner la lupa sobre PDVSA (la petrolera estatal venezolana, como foco principal de los ingresos del régimen y del lavado de dinero 'negro'.

La escalada culminó este mismo año cuando, tras la última victoria electoral de Edmundo González quien, pese a ello, terminó exiliado en España (a través de una intermediación de Zapatero, presente en la reunión mantenida entre el opositor político y el régimen, en la embajada española en Caracas), se incrementó la represión frente a las acusaciones de fraude. Fue entonces cuando las fuerzas estadounidenses de la DEA, estrecharon el cerco e intervinieron para capturar a Maduro y su esposa Cilia Flores, en su residencia oficial, para ser trasladados a Nueva York donde se enfrentan a severos cargos de narcoterrorismo.

Esta acción, combinada con sanciones secundarias y recompensas por información, generó un torrente de datos sobre las redes financieras internacionales del chavismo, incluyendo a sus intermediarios en Europa, que fueron los que precipitaron las pesquisas contra Zapatero y su imputación, en un auto que contiene evidencias irrefutables de su presunta responsabilidad penal, pendiente de conocerse el contenido total del sumario que la Audiencia Nacional prevé notificar, este próximo lunes, a las partes.

A todo ello se suma, como pieza esencial de lo que está por llegar, la deportación de Alex Saab -empresario colombiano, nacionalizado venezolano, considerado el testaferro de Maduro, y ex ministro de Industria del país caribeño- a EE.UU.

Saab es el segundo cabecilla del latrocinio que, junto con el ex jefe de la Inteligencia chavista, Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal, han entrado en la esfera de la Justicia americana para proporcionar testimonios de primera mano sobre los sobreprecios, las rutas del petróleo, las minas de oro y las consecuentes operaciones de blanqueo que conectan, de manera directa, con los tentáculos europeos que están siendo investigados y que salpican, irremediablemente, a Zapatero.

Así las cosas, Plus Ultra, la aerolínea de inversores venezolanos y una única ruta con destino Venezuela, que recibió un rescate de 53 millones de euros, durante la pandemia, bajo el paraguas del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, es sólo la punta del iceberg. De ahí que las averiguaciones de la Audiencia Nacional, en la causa impulsada por Anticorrupción en España, en cooperación con Francia y Suiza, en 2024, revelasen como plausibles las sospechas de que parte del dinero público español, inyectado a la empresa aeronáutica, se usaron para blanquear fondos procedentes de PDVSA, del contrabando de oro y de la malversación de los programas sociales venezolanos de alimentos (como los CLAP).

El juez José Luis Calama sitúa a Zapatero en el epicentro de una red transnacional de venta de influencias que, en sede doméstica, tuvo su traducción para favorecer el rescate de Plus Ultra, por el que recibió, presuntamente, comisiones cercanas a los dos millones de euros a través de su entorno y de las sociedades entrelazadas, interpuestas y abiertas en paraísos fiscales que, en un principio, sirvieron para sortear los controles financieros y fiscales.

Sin embargo, de los registros practicados en su despacho de la calle Ferraz, en la oficina de la empresa de sus hijas, Whathefav, y de las sociedades vinculadas a su cartera de clientes y pagadores, ha salido muy reforzada la tesis acusatoria sobre que existe una red jerárquica de amplio espectro. Y, lo que es más relevante, que Zapatero, tras dejar La Moncloa en 2011, se convirtió en mediador clave entre el chavismo y la izquierda europea a niveles que trascienden el mero interés en el ámbito de los negocios.

Por ello, por la dimensión del organigrama y el volumen de las operaciones a las que la red daba cobertura, intervino el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) que, en las últimas horas confirmaba, públicamente, su colaboración con la Policía Nacional española, específicamente la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Financiera) que se encarga del caso español contra Zapatero.

De hecho, también la oficina de Homeland Security Investigations (HSI) en Madrid, que implicó a varios trabajadores de la embajada estadounidense, fue la responsable de aportar a las pesquisas datos extraídos de dispositivos, como el móvil de Rodolfo Reyes (accionista de Plus Ultra vinculado a Venezuela), en el que se interceptaron, entre otros, los mensajes que mencionan a Zapatero en contextos de influencias y ayudas públicas obtenidas con el fin de aflorar dinero opaco al canal legal de circulación.

Sin embargo, no se trata de una cooperación puntual ya que, desde 2021, autoridades estadounidenses y españolas comparten información sobre actividades de Zapatero relacionadas con el chavismo. La presión de Washington sobre las redes de blanqueo ligadas a PDVSA y la extradición de Alex Saab han acelerado las actuaciones en España. Y, a su vez, los avances españoles fortalecen los casos abiertos en EE.UU., en especial la querella planteada contra el ex presidente español en Florida, creando un círculo inapelable de evidencias transfronterizas.

La imputación de Zapatero, el primer expresidente español investigado judicialmente por corrupción en democracia, sacude al PSOE y al propio Gobierno de Sánchez, donde el exmandatario sigue siendo figura influyente que, incluso, ha sido utilizado en los mítines más recientes de campañas electorales, como un activo irrenunciable para el socialismo.

Para Venezuela, representa otro golpe al legado chavista en Europa dado que Zapatero fue mediador en diálogos fallidos y acérrimo defensor del régimen, en foros internacionales. Sus vínculos, ahora judicializados ilustran cómo la «revolución bolivariana» exportó no solo ideología sino, supuestamente, estructuras de corrupción.

La colaboración EE.UU.-España demuestra que la lucha contra regímenes autoritarios corruptos trasciende fronteras. Mientras Washington aplica «máxima presión» con acciones directas, Madrid avanza en tribunales contra facilitadores europeos que, más allá de la geopolítica, se traduce en accountability financiera, en un mundo global.

Zapatero está citado a declarar el 2 de junio y tiene, ya, sus cuentas bancarias congeladas, mientras parte de la causa continúa bajo secreto de sumario. Una vez se levante el velo total sobre Zapatero, también se conocerán los avances de la Justicia americana contra el ex presidente del Gobierno.