El Gobierno queda cautivo de la estrategia judicial de Zapatero tras el aplazamiento de su declaración

Al Gobierno le ha caído como una losa la decisión del juez José Luis Calama de aplazar dos semanas la declaración como imputado de José Luis Rodríguez Zapatero, a petición de su abogado. En concreto, hasta el miércoles 17 de junio.

En el Ejecutivo son presos de la estrategia judicial del expresidente, aunque aseguran que tienen que respetarla. El desgaste para los socialistas en la última semana es enorme, y lo que les queda. No pueden disimular la incomodidad que les provoca no tener más argumento al que agarrarse que el de la presunción de inocencia del expresidente hasta que el protagonista hable. Toda vez que ya la semana pasada cayeron a plomo en cuestión de horas las dos teorías conspirativas que intentaron poner en circulación: la del lawfare judicial y la de una venganza de Donald Trump contra Pedro Sánchez.

Pero así seguirá siendo, al menos, hasta que Zapatero declare ante el magistrado instructor del caso Plus Ultra. De hecho, este miércoles Sánchez tiene prevista una comparecencia en Roma, con motivo de su encuentro con el Papa León XIV, y en su equipo ya adelantan que se atendrá a ese guion: insistirá en su respaldo a su antecesor, evitará comentar el sumario de la Audiencia Nacional -conocido íntegramente este jueves- y defenderá que la presunción de inocencia debe prevalecer.

Este martes tocaba rueda de prensa en la Moncloa, la habitual tras el Consejo de Ministros de los martes. La portavoz se dedicó, un martes más, a despejar balones. Ni siquiera a pararlos. «Como demócrata, uno de los principales principios es la presunción de inocencia», señaló Elma Saiz, que apeló una vez más al «legado incuestionable del presidente Zapatero». Del que destacó sus avances «en derechos, en igualdad y en modernizar el país».

A su lado, el ministro Óscar López afirmó que sigue confiando «plenamente» en la inocencia del expresidente, al que conoce desde hace 26 años, destacó.

La portavoz no quiso hablar del centenar de joyas encontradas en una caja fuerte en el despacho de Zapatero en la calle Ferraz, ni tampoco de su un alto cargo de la SEPI hizo o no de enlace y facilitador a la trama. Solo se focalizó en defender la limpieza de aquel rescate a Plus Ultra, que según ella fue objeto de un «control exhaustivo». Fue «impecable, transparente y riguroso», añadió.

El Gobierno no va a revisar el expediente de aquella inyección de 53 millones de euros a la aerolínea. Saiz lo deslizó durante la rueda de prensa, y después fuentes gubernamentales lo confirmaron. «Ya se miró, está muy mirado y por eso siempre hemos estado muy tranquilos».

Las mismas fuentes explicaron que escudriñaron con lupa el rescate cuando, en marzo de 2021, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid abrió diligencias contra el Consejo de Administración de la SEPI por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y un delito de tráfico de influencias, tras una querella de Manos Limpias. La causa fue archivada casi dos años después.

En el sumario del juez Calama se detalla ahora cómo la trama intentó torpedear aquella instrucción, presumiendo de contactos con la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. La que afirmaba que tenía «ganas de incorporar cianuro» a la nota de prensa sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso.