El sumario del 'caso ZP' dinamita los cimientos del PSOE y salpica a la SEPI y a varios ministerios

El sumario del caso Plus Ultra no es una colección de documentos judiciales cualquiera, es una mina de información y evidencias que han dinamitado los cimientos del PSOE, desbordando la credibilidad del socialismo español. El expediente de la causa ha dejado al descubierto no sólo las grietas de un sistema de influencias que, según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) operaba con la precisión propia de la maquinaria de un reloj suizo sino que, además, ha revelado la falta de controles que se dio en España para que, durante tantos años, una «organización criminal» de semejantes características operase con aparente impunidad, hasta la llegada de los Servicios de Inteligencia americanos especializados en la lucha contra el fraude económico transnacional.

No en vano, cabe recordar que todo lo que se ha venido conociendo, hasta la fecha, en espera de nuevos avances y del análisis de todo lo incautado en los registros, llega hasta la Policía Nacional, previa cooperación entre Anticorrupción y de tribunales, de la mano de lo extraído del móvil de uno de los principales accionistas de Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes, por la agencia estadounidense Homeland Security.

Por el momento, hay dos hechos clave en el escándalo que han puesto de manifiesto las actuaciones policiales, bajo la dirección jurídica del juez instructor José Luis Calama: por una parte, cómo los 53 millones de euros concedido por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en marzo de 2021 a una aerolínea con raíces venezolanas y solvencia más que dudosa, son solo la punta del iceberg de una red transnacional de corrupción envuelta, presuntamente, en la bandera de la Internacional Socialista. Y, por otra, cómo quien presuntamente ejercía el «liderazgo» del cártel en la sombra, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo hasta el último minuto una sensación de plena impunidad que le llevó a almacenar en su oficina, ubicada en el número 34 de la madrileña calle de Ferraz, un ajuar de joyas y una batería de documentos de los que los agentes de la UDEF se incautaron durante las más de cuatro horas que duró el registro de su despacho.

Las primeras acreditan, a ojos de las pesquisas, la «intervención directa» de Zapatero en numerosas operaciones internacionales de alto valor, «a nivel de políticas de Estado», incluyendo oro, piedras preciosas, acciones o divisas, con conexiones entre Venezuela y China. No en vano, la trama constituyó una sociedad off-shore en Dubai, Landside Dubai Fzco, a su vez participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, que habría firmado un contrato con Plus Ultra para cobrar el 1% del rescate de la aerolínea. Un total de 530.000 euros, a favor del ex presidente del Gobierno que fueron cobrados a través de la empresa interpuesta gestionada por su testaferro, Julito Martínez Martínez, y gracias a la agencia de comunicación de sus hijas, Alba y Laura.

Sin embargo, el verdadero botín, en términos de utilidad penal para las averiguaciones que siguen su curso -no sólo en la pieza matriz sino, además, en dos nuevas piezas separadas, declaradas secretas por el propio juez Calama- es la colección de efectos digitales y documentales aprehendidos por la UDEF durante la visita, por orden judicial, al despacho de Zapatero.

De hecho, y según consta en el acta de entrada y actuación, incorporada en el sumario de la causa, sobre la oficina profesional del ex presidente socialista, la policía procedió: al clonado de todos los ordenadores, portátiles y de sobremesa; la copia literal de todas las bandejas de correos electrónicos en cuentas con el dominio @psoe.es que, a su vez, compartían extensiones con presidentezapatero@presidentezapatero.com; las carpetas compartidas en red; el One Drive corporativo, dos discos duros que se extrajeron íntegros de los terminales y otro externo; varios pen drives, cuatro teléfonos móviles y varias agendas, siete en total; además de las carpetas archivadoras rotuladas con palabras clave como «contratos» y «facturas» que, para los investigadores, fueron simulados y falsas.

Así las cosas, a la espera de conocer el contenido de todo lo anterior, lo que se conoce hasta la fecha salpica de lleno a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. No en vano, la UDEF denunció que, tras presentarse el requerimiento judicial en el que se le reclamaba que aportase toda la información correspondiente al expediente administrativo del rescate de Plus Ultra, la SEPI entregó información incompleta y «carpetas vacías». Algunas de ellas, coincidían con el índice pero carecían de contenido; otros archivos no se podían abrir. Los correos incorporados se limitaban a los fechados en el año 2025, irrelevantes para la inyección de la ayuda pública de 2021.

La SEPI, controlada desde Moncloa durante el mandato de María Jesús Montero en Hacienda, aparece como un eslabón débil. La UDEF sospecha pagos de 10.000 euros («10K done») a un alto cargo de la institución, Julián Mateos, tras hacerse efectivo el rescate.

No obstante, el caso no se detiene en la SEPI porque también salpica al Ministerio de Transportes (entonces bajo José Luis Ábalos, con la «vía Ábalos», en paralelo a la rede influyente de Zapatero) y al propio Consejo de Ministros que aprobó el rescate siendo presidente Pedro Sánchez. De hecho, el empresario Víctor de Aldama mencionó en el transcurso de sus declaraciones cómo «Koldo dijo que Zapatero se había llevado diez millones» y que Ábalos llamó a Sánchez «sí o sí», con Montero tranquilizándolo: «Yo me encargo de la SEPI».

Este tsunami sacude los cimientos del PSOE. La imputación de Zapatero –primera de un expresidente en democracia– ha obligado a Ferraz a cerrar filas sobre la base de la presunción de inocencia, pero las grietas son visibles a gran distancia. Y, no sólo en el seno de la propia formación, noqueada por el aluvión de informaciones, sino porque sus socios más directos, como PNV y Sumar, han mostrado su malestar con la situación, mientras desde la oposición, el Partido Popular ha exigido responsabilidades y asegura que «todo el Gobierno está bajo sospecha».

El caso Plus Ultra ha puesto en evidencia un patrón: el fracaso de un sistema de fiscalización, trazabilidad y control de los recursos públicos que ha fracasado en España donde todo un Consejo de Ministros aprobó una ayuda pública, sin que nadie se percatase de las irregularidades que rodeaban a la empresa solicitante. La cooperación de EE.UU. ha resultado providencial para poner blanco sobre negro toda una red de influencias que, según la UDEF, tenía en Zapatero a su supervisor estratégico y que el PSOE no detectó, la SEPI tramitó por «instrucciones» de dudosa procedencia y que compromete la credibilidad de varios Ministerios durante la etapa del propio Sánchez en el Gobierno.