La red liderada por Zapatero se infiltró en la SEPI controlada desde Moncloa por Pedro Sánchez

Sin el liderazgo estratégico de José Luis Rodríguez Zapatero y sin la operativa interna organizada por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), hubiera sido imposible la concesión de ayuda pública a Plus Ultra de la que el expresidente «fue el principal beneficiario final de los ingresos obtenidos» junto a la sociedad «Whathefav, S.L., cuyas administradoras y socias son sus hijas», según los indicios recabados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) presentados al juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional. La vía Zapatero supo moverse en el epicentro de la SEPI con un «flujo de comunicación entre los directivos de Plus Ultra y José Ángel Partearroyo Martín», director de Participadas de la sociedad estatal, quien pidió «a los asesores que aceleren el proceso» de rescate de la compañía aérea.

Tanto las decisiones de rescates como de compras de participaciones de otras empresas tildadas de estratégicas se sustentan en la SEPI con informes externos de consultoras. La flexibilidad de estas asesorías se ajusta a los criterios impuestos desde Moncloa, al «realizar el número de modificaciones que haga falta de cada expediente para llevarlo al consejo de administración sin incluir las notas internas». En el caso de Plus Ultra, desde que se adjudicó el contrato de asesoramiento legal a Deloitte Legal y Daiwa Corporate Advisory, en diciembre de 2020, se realizó por parte de la SEPI un requerimiento de información adicional y aclaraciones sobre el Plan de Viabilidad, la situación del ERTE, los estados financieros y el préstamo participativo de Panacorp Casa de Valores. Esta fórmula, además, facilitaría eludir responsabilidades tanto al holding público como a los consultores externos al tener una cláusula de exención.

El propio Partearroyo, enlace con la red de influencias tejida por Zapatero, reconoció en la Comisión de Investigación del Senado que no se hicieron informes internos y la documentación de la aerolínea se puso «a disposición del asesor jurídico y financiero, que estaban descritos en el informe de due diligence (similar al que se realiza en cualquier operación de compra de una sociedad), y no pusieron ninguna pega». Asimismo, afirmó que la SEPI «no analizaba la documentación» y no ponía «en tela de juicio» ni se comprobaba que «la información fuera veraz». De esta forma, a finales de febrero de 2021 se entregaron los informes por parte de Daiwa y Deloitte e inmediatamente «Julito», como es conocido el amigo de Zapatero, escribió a Camilo Ibrahim Issa, accionista de Plus Ultra, para contarle que habían obtenido el préstamo de la SEPI y que se aprobaría «muy previsiblemente en el Consejo de Ministros del día 9 de marzo», cuando todavía no se había celebrado la reunión del Consejo Gestor del FASEE en la SEPI.

Cuatro días más tarde, el martes 2 de marzo de 2021, se aprobó el expediente en la SEPI que puso de manifiesto, según la UDEF, «la capacidad de acceso a información privilegiada de la red de influencia, además de una injerencia en el normal desarrollo del proceso decisorio». Partearroyo se mostró precavido con Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, a quien recomendó, «por favor», que «nada de prensa» hasta que se aprobara finalmente en el Consejo de Ministros del 9 de marzo, cuando se sabía en la SEPI «internamente que la compañía arrastraba pérdidas y tenía un fondo de maniobra negativo», como reconoció en el Senado. De hecho, Belén Gualda delegó la firma de los expedientes en Bartolomé Lora, actual vicepresidente, y contrató un seguro de responsabilidad civil y contable con Starr Europe Insurance Limited para cubrir posibles costes de defensa.

Ese mismo día que el presidente de Participadas de la SEPI filtró la resolución del expediente antes de que se aprobase en el Consejo Gestor, Roberto Roselli, director ejecutivo de la aerolínea, le envió al intermediario de Zapatero, Julio Martínez Martínez, una fotografía en una terraza celebrando el rescate con una botella de champagne y una ración de ostras. Advirtiéndole «Julito» enseguida que «la SEPI no aprueba esos gastos». Finalmente, saldrían de la comisión del 1 %, que equivaldría a 530.000 euros, canalizada a través de otra sociedad controlada por el íntimo amigo del expresidente, Idella Consulenza Stratégica.

El rescate de Plus Ultra, con una situación económica tan crítica que hasta el ICO (Instituto de Crédito Oficial), que dependía entonces de la exvicepresidenta Nadia Calviño, no le quiso otorgar un crédito por el riesgo que suponía la operación al acumular pérdidas desde su creación, se puso en marcha cuando era el presidente en funciones de la sociedad estatal Bartolomé Lora. Por entonces, seguía ejerciendo en la sombra Vicente Fernández Guerrero, el hombre de Montero que también venía de la Junta de Andalucía y que dimitió de la presidencia de la SEPI por su imputación en el caso Aznalcóllar (del que salió absuelto), aunque de nuevo está siendo investigado en el caso de la fontanera del PSOE, Leire Díez, por el supuesto cobro de mordidas. Tras su dimisión, en octubre de 2019, continuó «tutelando los movimientos de la SEPI en los rescates más polémicos», como el de Air Europa y Plus Ultra, y al estilo Bárcenas, se le «mantuvo transporte, ordenador y móvil».

Carpetas vacías y archivos que no se abren

El informe de la UDEF explica a su vez la dificultad para acceder a los informes de la compañía aérea. Tras el análisis de la información aportada por la SEPI del rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros, se constató que estaba incompleta e incluía carpetas «vacías de contenido», sin documentación de las comisiones de seguimiento, con archivos que «no pueden ser abiertos» o correos electrónicos del año 2025, donde no se aprecia «información relevante en relación con la concesión de la ayuda pública». Ese fue uno de los problemas a los que se enfrentó la jueza Esperanza Collazos, instructora de la causa del rescate de la aerolínea con tres aviones y un 0,03 % de cuota de mercado, que tuvo que dictar desde el Juzgado de Instrucción N.º 15 un auto de sobreseimiento provisional y archivo, en enero de 2023, por falta de documentación, a pesar de enviar varios requerimientos judiciales a la SEPI para que aportasen «toda la información».

Y fue, a su vez, una de las medidas que puso en práctica la presidenta del holding público, Belén Gualda, persona de confianza de la exvicepresidenta María Jesús Montero cuando estaba en la Junta de Andalucía, para mantener la opacidad de la SEPI al justificar que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) tenía un «régimen específico de acceso» para preservar la confidencialidad de los expedientes. De esta forma, la compañía venezolana sorteó en un primer momento la investigación sobre la concesión del rescate.

La deuda con la seguridad social de Plus Ultra

Otra de las cuestiones que trata el informe de la UDEF es cómo se suscribió el primer contrato de asesoramiento de Plus Ultra y Análisis Relevante, otra de las sociedades controladas por el «lacayo» de Zapatero, Julio Martínez Martínez, una semana después de aprobarse el FASEE, gestionado por la SEPI, adscrita al Ministerio de Hacienda, por el Consejo de Ministros del 23 de julio de 2020. Y, curiosamente, un mes y medio más tarde, Zapatero se reunía con José Luis Escrivá en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y la aerolínea venezolana pudo sortear uno de los requisitos para obtener la ayuda pública con dos certificados que indicaban que se encontraba al corriente de pago con la Seguridad Social, si bien «en el marco de las presentes diligencias», la Tesorería General de la Seguridad Social informa que «mantenía una deuda vigente».

Con el demoledor auto del juez Calama y el informe de la UDEF, se descubre que los vértices de la red corrupta, que actuaba tanto en España como en el extranjero (Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países), estarían formados, por un lado, por Zapatero desde su oficina de Ferraz, como el líder de la trama de tráfico de influencias; en otro, por las sociedades instrumentales controladas por Julio Martínez Martínez; y, por último, se encontraría la vía de la SEPI intervenida desde Moncloa, donde se infiltró el expresidente del Gobierno con la connivencia del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez.