Zapatero pide aplazar su declaración como imputado en la Audiencia Nacional, fijada el 2 de junio

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez José Luis Calama que investiga el caso Plus Ultra aplazar su declaración ante la Audiencia Nacional, prevista para el 2 de junio.

Zapatero fue citado para ese día imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el préstamo concedido a la compañía aérea Plus Ultra.

Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia. El juez Calama asumió el pasado 3 de marzo la competencia sobre esta causa, que investiga un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra y prorrogó hasta el 28 de mayo la instrucción del caso.

En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

En su día, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigó el préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

Reabierta la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza se inhibió posteriormente en favor de la Audiencia Nacional.

Cómo operaba el entramado

Según el juez, los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mediante «mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos».

Y es en este contexto en el que apunta, en su auto, al expresidente socialista Zapatero. El magistrado Calama señala que Zapatero y su entorno eran «los beneficiarios finales de la operativa», ya que se han detectado «transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, refirmando la utilización personal de los fondos obtenidos».

La presunta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos «para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado». Para ello, la red, indica el juez, «se apoya en diversas sociedades que cumplen funciones diferenciadas dentro del esquema delictivo».

Además, el expresidente del Ejecutivo habría impartido instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái con la participación de su secretaria y cuyo plan de negocio preveía ingresos de tres millones de dólares en cinco años y que estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez.