Sumario del caso Begoña  Las claves del informe de la UCO: contratos irregulares en la cátedra de Begoña Gómez y apariencia de legalidad

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido en un exhaustivo informe —fechado el 21 de mayo de 2026 e incorporado al sumario, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Debate—que existen indicios de que la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), dirigida por Begoña Gómez, fue instrumentalizada para un posible beneficio personal de su directora.

El documento, que forma parte del Tomo XXXI de las Diligencias Previas 1146/2024 instruidas en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, analiza la gestión económica de los fondos de la cátedra y el desarrollo de la plataforma digital Transforma TSC, un software de medición de impacto social y medioambiental desarrollado con dinero público y recursos universitarios que, según la Guardia Civil, habría sido objeto de un intento de aprovechamiento privado por parte de Gómez.

El informe, registrado como Atestado nº 86/2026 y elaborado por el Grupo de Delincuencia Económica 3 de la UCO, es el resultado de casi dos años de investigación encomendada a la unidad desde su designación como policía judicial en abril de 2024. Para su elaboración, los agentes analizaron documentación aportada por la propia UCM, correos electrónicos institucionales, datos bancarios obtenidos mediante mandamiento judicial, registros de llamadas telefónicas y declaraciones tomadas en sede judicial.

Fondos privados y gestión pública

La Cátedra fue creada el 30 de octubre de 2020 mediante un convenio firmado entre la UCM, Reale Seguros Generales y la Fundación Bancaria La Caixa. Begoña Gómez asumió su dirección desde el primer momento. La cátedra se nutría exclusivamente de aportaciones económicas de colaboradores privados y estuvo operativa hasta el 28 de octubre de 2024, fecha en que su Comisión Mixta de Seguimiento acordó su extinción y liquidación.

El proyecto estrella del programa fue el desarrollo de la plataforma Transforma TSC, una herramienta digital gratuita destinada a pymes para medir su impacto social y medioambiental. Su desarrollo supuso un coste directo para la UCM de 108.765,79 euros, procedentes mayoritariamente del fondo de la cátedra. Si se añade el valor del trabajo aportado en especie por los colaboradores —entre ellos Telefónica, Google, Minsait y Flat 101—, la UCO estima que el valor económico total del proyecto osciló entre 225.000 y 253.000 euros adicionales.

Uno de los capítulos más graves del informe se refiere a la contratación de los dos principales proveedores tecnológicos del proyecto. En el caso de Making Science Group SA, la UCO constata que la empresa fue contratada por 20.000 euros sin que se tramitara ningún expediente administrativo, pese a ser preceptivo por razón del importe. La disfunción fue detectada por la unidad interventora de la UCM, pero el pago fue finalmente liberado para evitar lo que el propio informe de autorización denominó un «enriquecimiento injusto» de la Universidad.

Más contundente es la conclusión de los investigadores respecto a Deloitte Consulting SLU, consultora a la que se adjudicaron dos contratos de asesoramiento vinculados al desarrollo de la herramienta. La UCO concluye que los expedientes de contratación habrían sido elaborados como «un mero marco administrativo» con el único fin de dar apariencia de legalidad a unos servicios que ya se estaban prestando al margen de cualquier procedimiento legal. Los investigadores detallan que Deloitte había iniciado sus funciones antes de la adjudicación formal del primer contrato, que la prestación real de servicios no guardó relación con los plazos establecidos contractualmente, que los pliegos de condiciones se amoldaron a las condiciones predefinidas por la propia consultora y la cátedra —incluido el precio— y que las ofertas habrían sido solicitadas de forma simulada, limitando la concurrencia de otros licitadores en beneficio exclusivo de Deloitte.

Una sociedad privada con el mismo nombre que la plataforma universitaria

El pasaje más revelador del informe es el que analiza la conducta de Begoña Gómez en torno a la plataforma una vez concluido su desarrollo. En noviembre de 2023, cuando el proyecto se encontraba en su fase final, Gómez constituyó una sociedad mercantil denominada Transforma TSC SL de la que ella misma era administradora. La denominación y el objeto de la empresa son, según la UCO, prácticamente idénticos a los de la plataforma desarrollada con fondos de la UCM, sin que se hayan identificado acuerdos formalizados con la Universidad que justificaran esa vinculación ni que autorizaran a Gómez a explotar comercialmente la herramienta de forma privada.

La sociedad llegó a generar ingresos reales: facturó a la empresa Innovación Hexagonal SL un total de 6.687,85 euros, siendo su administrador, Raúl Oliván Cortés, usuario identificado de la propia plataforma Transforma TSC. La actividad de la mercantil se extinguió en junio de 2024, cuando se inició el procedimiento judicial.

La UCO también detecta que los trámites de registro de la marca y del dominio web www.transformatsc.org —procedimientos sujetos a protocolos internos de la UCM que no habrían sido cumplidos— fueron sufragados con fondos personales de Begoña Gómez, lo que los investigadores interpretan como un indicio adicional del intento de apropiación privada de la herramienta.

El papel de Cristina Álvarez

El informe señala también el papel de María Cristina Álvarez Rodríguez, empleada pública adscrita al Gabinete de la Presidencia del Gobierno, como interlocutora habitual en las comunicaciones relativas al desarrollo de la plataforma, figurando como destinataria en decenas de correos intercambiados con Deloitte y otros colaboradores del proyecto. La UCO documenta asimismo pagos realizados por Begoña Gómez a Sandra Anfaiha Sánchez, vinculada al proyecto en su fase de pruebas y difusión: una transferencia desde su cuenta personal y otra por importe de 3.570 euros desde una cuenta vinculada a Transforma TSC SL, pagos cuya motivación los investigadores reconocen desconocer.

Indicios, no condena

El propio informe de la UCO advierte expresamente que todas sus conclusiones deben entenderse en términos de presunción y que las inferencias obtenidas quedan sometidas, en todo caso, a la valoración de la Autoridad Judicial. La investigación se enmarca en un procedimiento por presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación, intrusismo y apropiación indebida, incoado en octubre de 2025 ante el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid.