El narco del sur: cuestión de Estado

El problema del narcotráfico en el Sur de España está fuera de control. La ausencia de una verdadera voluntad política para abordarlo se ha traducido en una notoria incapacidad para responder al desafío que en estos momentos representan las mafias y organizaciones criminales de esa zona.

A diferencia de las redes y organizaciones que operaban en la Galicia de los años noventa, esta delincuencia tiene unas características que agravan enormemente la dimensión del problema y que obliga a tomar soluciones más enérgicas y contundentes.

No solo campan a sus anchas y se mueven con la más absoluta impunidad en muchas zonas y pueblos costeros, amparados por la pasividad cuando no la colaboración de muchos de sus habitantes que obtienen unas ganancias rápidas y cuantiosas por su participación en las descargas o en la ocultación de la droga.

Disponen de modernas embarcaciones, las llamadas narcolanchas, mucho más potentes y sofisticadas que las de sus perseguidores, los servicios marítimos de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera, hasta el punto de que la persecución y captura de aquellas no solo se convierte en una tarea inútil, sino que va acompañada de enormes riesgos para la vida y para la integridad física que no deben ser asumidos por las fuerzas policiales.

El uso de la violencia y la disposición de armas de guerra son el factor diferenciador que obliga a considerar a estas organizaciones criminales como un problema prioritario para la seguridad de nuestros ciudadanos. Los ataques a las lanchas de la Guardia Civil, con cuatro funcionarios ya asesinados, y del Servicio de Vigilancia Aduanera cuando estos cumplen su función asumiendo un elevadísimo riesgo para sus vidas demuestra una intolerable actitud de desafío al Estado.

Unan a todo ello la penetración de estas estructuras delictivas en el tejido social, económico e institucional de esas zonas, generando corrupción y contaminando el sistema financiero y empresarial, y comprobarán que el resultado de ese singular cóctel puede ser explosivo. En consecuencia, se trata de una cuestión de Estado que no puede quedar sin respuesta.

He conocido de primera mano la lucha contra el narcotráfico en otra época. No en vano fui Fiscal antidroga durante un buen número de años (1988-2005). En la década de los noventa bastó que la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga intensificaran la respuesta judicial contra los clanes gallegos de la droga para que el problema no se nos fuera de las manos.

Pero tengo la impresión de que en estos tiempos el narcotráfico organizado del sur ha cruzado algunas líneas rojas que obligan a tomar soluciones mucho más contundentes contra este fenómeno criminal.

La clave es siempre la especialización y la disposición de más y mejores medios para combatir estos peligrosos grupos mafiosos –pues como tales se comportan– y en esto el Estado tiene sin duda una importante tarea por delante.

Desde la perspectiva judicial resulta obvio que no es suficiente el intenso trabajo que vienen desarrollando la Fiscalía Especial Antidroga y la Audiencia Nacional, un órgano judicial este ciertamente colapsado por los múltiples casos de corrupción política que se están produciendo, que a mi juicio deben asumir aún más mayor protagonismo en la investigación de estas mafias ampliando si es necesario el número de Juzgados Centrales de Instrucción y la plantilla de la propia Fiscalía.

Por otra parte, los juzgados territoriales –que no tienen dedicación exclusiva a estas investigaciones– no pueden desarrollar un trabajo eficaz y riguroso en esta materia al tener que compatibilizar estos asuntos con el resto de competencias que tienen atribuidas.

La única solución posible pasa por la creación urgente de Juzgados de Instrucción especializados en las diferentes provincias o zonas afectadas (Cádiz, Málaga, Huelva, etc.), que exclusivamente se dediquen a la investigación de estas tramas mafiosas, y la ampliación de los tribunales mediante secciones de enjuiciamiento especializadas para la resolución de los casos. En similares términos habría que adaptar la actual estructura de Fiscales Delegados Antidroga, ampliando sus efectivos y potenciando su dedicación exclusiva.

Pero quizás la tarea más importante es la que concierne al fortalecimiento, a la modernización y a la especialización de los servicios policiales. Las Unidades especializadas de policía, guardia civil y aduanas han sido siempre garantía de éxito en el cumplimiento de estas funciones, y es absolutamente imprescindible disponer de unidades de esta naturaleza o reforzarlas en su caso reconociendo económica y profesionalmente la singularidad de su destino. Hasta ahora nadie ha dado una explicación razonable sobre la desaparición de la llamada OCON-Sur, una potente unidad especializada con notables éxitos en la lucha contra el narco.

Los medios técnicos y materiales de que disponen los servicios marítimos de Guardia Civil y Aduanas son manifiestamente insuficientes. No se consigue capturar a las narcolanchas porque las embarcaciones que emplean los servicios policiales son muy inferiores y los medios tecnológicos de las mismas son arcaicos.

Para cumplir con eficacia este cometido resulta necesario recuperar a la Armada para ejercer funciones auxiliares de Policía Judicial en lo que atañe específicamente a los operativos marítimos consistentes en la persecución y captura de las embarcaciones empleadas por los narcos. No es la primera vez que ha desempeñado esta función: en la operación Atalanta contra la piratería del Indico actuó como policía judicial de la Audiencia Nacional capturando, deteniendo y poniendo a nuestra disposición a barcos y piratas dedicados al secuestro de embarcaciones y personas.

Pero también es obligada la cooperación de aquellos Estados que fabrican estas sofisticadas embarcaciones y que sirven de refugio a las lanchas de los narcos. La cooperación con Portugal debe alcanzar también a la neutralización de la fabricación y adquisición de esas embarcaciones para estos ilícitos fines.

En definitiva, no existe una política criminal clara, decidida y eficiente contra el problema que supone el narcotráfico organizado en el Sur. Y esto no es responsabilidad de los policías, ni de los fiscales ni de los jueces que cumplen con dignidad y con enorme sacrificio su trabajo en este desigual combate que libran día a día.

Tampoco puede atribuirse la culpa de esta ineficacia a la benevolencia de las leyes penales actualmente vigentes. Es obvio que siempre hay que abordar reformas puntuales particularmente reforzando las posibilidades legales de decomisar los bienes, instrumentos y ganancias de los narcos, pero la realidad es que el problema no es normativo, sino la palmaria insuficiencia de medios, efectivos y recursos técnicos en todos los órdenes.

Lo que verdaderamente se echa en falta es voluntad política y conciencia de la gravedad del problema, sin las cuales es imposible el diseño de una política criminal adecuada y eficaz que imponga el cumplimiento de la ley. En esta tesitura, el Estado de derecho se resiente porque si las instituciones no funcionan no se puede asegurar la aplicación efectiva de la ley, que es la mayor garantía contra la impunidad.

La responsabilidad es imputable, por tanto, a quien tiene la obligación de definir la política criminal contra el narco.